Antifraude remite a la Fiscalía los expedientes sobre la contratación de la jefa de RRHH de Divalterra

VALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha interrumpido su investigación abierta el pasado febrero sobre el intento de varios cargos del PSPV de la Diputación de Valencia de revocar el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos de Divalterra tras la presentación de un recurso por el aspirante que quedó en segundo lugar. El motivo es que, como indica su propia ley, ha de suspender las indagaciones desde el momento en el que consta que el asunto se ha judicializado o que se encuentra en manos de la Fiscalía. 

En este caso, se trata de lo último, pues Anticorrupción incoó diligencias hace escasas semanas tras admitir a trámite una denuncia interpuesta por el PP. Ahora, la entidad ha remitido sus expedientes, que incluyen toda la documentación y diversos testimonios, por si le resultan de utilidad a la Fiscalía. 

Antifraude elaboró un informe en el que concluía que el proceso de selección de la jefa de RRHH estuvo presidido por el principio de transparencia y que se valoraron correctamente los méritos de la persona contratada conforme a las bases de la convocatoria. También que "no cabía recurso alguno" contra el resultado, que en todo caso se rige por derecho laboral y sólo podría ser impugnado en la jurisdicción social de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo. "No puede ni tan siquiera ser aceptado porque no nos encontramos en el seno de un procedimiento administrativo, sino laboral", sostenía. 

Algo que se une a las sospechas verbalizadas por el propio director de la agencia, Joan Llinares, sobre que el motivo real de estas maniobras podía ser que no ganó el candidato que esperaban. 

Contra las tesis de Vera y Rivera

Con ello contradecía las tesis del director jurídico y de riesgos penales de la empresa, José Luis Vera–recientemente implicado en el caso Azud–, que abogó en otros informes por la suspensión del proceso al inicio y, finalmente, por su anulación al completo junto a la contratación de la elegida (en su puesto de trabajo desde mediados de enero). Documentos en los que se basó el presidente de Divalterra, el diputado socialista Ramiro Rivera, para defender igualmente la revocación. 

El PP llevó lo sucedido a la Fiscalía al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de tráfico de influencias –por la influencia ejercida por la autoridad sobre otro funcionario para beneficiar a terceros– y de prevaricación –por una resolución administrativa cuyo contenido es arbitrario a sabiendas de su injusticia–. 

En la denuncia aportaban lo ocurrido cronológicamente junto a diversa documentación. Por ejemplo, las declaraciones de algunos cargos de Divalterra sobre presiones por parte de algunos responsables como Rivera.