VALÈNCIA. Nuevo capítulo en el conflicto derivado de la ampliación del Colegio Alemán. Tras la investigación efectuada por la Agencia Valenciana Antifraude, el organismo que dirige Joan Llinares ha concluido las actuaciones instando al Ayuntamiento de València a que abra expediente sancionador al colegio por haber llevado a cabo obras que no estaban recogidas en los permisos concedidos para realizar la ampliación de las instalaciones.
Así consta en el informe de investigación definitivo en el que la Agencia, tras escuchar las alegaciones del Colegio Alemán y del Ayuntamiento de València, insta al consistorio a "incoar, en su caso, expediente sancionador" a la entidad educativa "en su condición de promotor" de las obras de ampliación por haber "ejecutado obras no amparadas por la licencia urbanística inicialmente concedida".
Para la ampliación del centro, el Colegio Alemán celebró un concurso arquitectónico en 2015, resultando ganador el despacho Orts-Trullenque. Fue al llevar a cabo las obras cuando dos comunidades de vecinos próximas al colegio empezaron su batalla administrativa contra el cambio de planeamiento, contra el permiso para las actuaciones y contra lo que consideraron irregularidades en las obras.
Ciertamente, el Ayuntamiento detectó que las obras ejecutadas por el colegio no se correspondían con la licencia que se había otorgado al centro. Los técnicos municipales detectaron deficiencias en las actuaciones llevadas a cabo, especialmente con la colocación de instalaciones que no estaban contemplados en el permiso. Motivo por el cual acabó ordenando el cese de la actividad a mediados de 2020, como publicó este diario. Más tarde, las actuaciones fueron legalizadas por el Colegio.
Con todo, tras analizar los expedientes y las alegaciones de las partes, Antifraude insta a expedientar "en su caso" al promotor de las obras, el Colegio Alemán. También ordena a los servicios técnicos municipales a que lleven a cabo una inspección para "comprobar que las obras/instalaciones de ampliación del centro educativo" se ajustan a "las condiciones exigidas en la normativa ambiental" y se adecúan al planeamiento municipal y el resto de la normativa urbanística.
Por otro lado, también hay un expediente abierto por posible contaminación acústica de algunas instalaciones habilitadas por el colegio, referentes a una cocina industrial y otro tipo de infraestructuras. Pese a ello, insiste Antifraude, el consistorio "no ha efectuado ninguna actuación tendente a verificar la existencia de ruidos y el exceso de los límites tolerables" que supondrían, si se confirmasen, un incumplimiento de las condiciones de la licencia ambiental.
Sobre ello, la Agencia asegura que la "inacción del Ayuntamiento no está permitiendo la adopción de las medidas, que en su caso procedan, para paliar los efectos nocivos de la contaminación acústica". Algo que admite en cierto modo el consistorio, quien asegura a Antifraude que las inspecciones están pendientes de realizarse. Por lo que el organismo de control insiste en que el Ayuntamiento ha de proseguir "a la mayor brevedad" con la instrucción del expediente para verificar posibles incumplimientos en cuanto a contaminación acústica.
