Archivada una causa contra la exedil María Oliver por un contrato del Plan Joven

VALENCIA. La exconcejala de Educación del Ayuntamiento de València María Oliver, actual asesora en materia de Vivienda del vicepresidente de la Generalitat Rubén Martínez Dalmau, ha recibido una de cal y otra de arena en materia judicial en un solo mes.

Mientras hace unos días veía como el Ministerio Fiscal pedía su procesamiento en el Juzgado de Instrucción número 19 de València por un convenio en materia de Educación, casi al mismo tiempo otro juzgado de la capital, esta vez el de Instrucción número 5, ha archivado la denuncia por prevaricación presentada contra ella por la concesión de un contrato del Plan Joven a un conocido.

En un auto emitido al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la magistrada de Instrucción 5 María del Carmen Cifuentes expone que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito -prevaricación- que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal "procede a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".

Ambas denuncias fueron interpuestas por el asesor del grupo municipal del Partido Popular en València Luis Salom, imputado desde 2016 por blanqueo de capitales en la denominada pieza del 'pitufeo' dentro del caso Taula. 

En el caso de la denuncia archivada, el asesor acusaba a Oliver de haber otorgado un contrato del Plan Joven a un concejal de la localidad de Canals de la formación morada. Lo llamativo de esta situación es que aquel concejal terminó siendo asesor de Oliver en el Ayuntamiento de València.Sin embargo, la magistrada, explica que archiva la causa después de haber analizado toda la documentación necesaria, haber practicado "las diligencias esenciales" y haber recibido un informe del fiscal pidiendo el archivo del asunto.

El estudio del mapa escolar

Pero no todo han sido buenas noticias para Oliver. El fiscal que investiga la otra denuncia solicitó a principios de julio, según publicó Las Provincias, que se procesara a la exconcejala por un convenio valorado en 100.000 euros para la realización de un mapa escolar.

La denuncia fue interpuesta en febrero del año pasado contra Oliver por un posible delito de prevaricación, supuestamente cometido por encargar "a dedo", según la denuncia, un estudio a José Manuel Rodríguez, "un compañero de partido", miembro del máximo órgano de Podemos en la Comunitat y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València. Según exponía Salom en su denuncia, era "cuanto menos sospechoso" que la adjudicación de este estudio se hiciese "mediante un convenio de forma directa, al margen de cualquier convocatoria pública y sin justificación alguna, tal y como hace constar la intervención municipal en dos informes".

Ante los indicios de delito, el magistrado instructor citó a la exedil y a una trabajadora del ayuntamiento a declarar. La trabajadora sí que prestó declaración. Sin embargo, Oliver se acogió a su derecho a no declarar alegando, entre otros motivos, que estaban en plena campaña electoral como candidata de Podemos a la Alcaldía de València.

El fiscal tomó la decisión de pedir el procesamiento no solo en base a las declaraciones, sino por el hecho de que dentro de la lista de gastos de Rodríguez aportada por la Universitat aparecían un Ipad; dos cámaras de fotos, una de ellas de más de 1.000 euros; una mesa de cristal de 200 euros y las dietas de un viaje a París para unas jornadas. Es decir, unos gastos que, aparentemente, nada tenían que ver con lo estipulado en el convenio.