el ayuntamiento ejerce la acusación y fiscalía no ve imputables a los acusados la existencia de irregularidades
Arranca el juicio al exalcalde de Vila-real, Juan José Rubert (PP), por prevaricación en el 'caso Piaf'
Fotos: Carlos Pascual
7/01/2021 -
CASTELLÓ (EFE). La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castelló ha iniciado este jueves la primera sesión del juicio del caso Piaf de Vila-real, que involucra al que fue alcalde de la localidad, Juan José Rubert (PP), entre los años 2007 y 2011, y a la mercantil Piaf por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, por irregularidades en facturas por valor de 600.000 euros.
Junto con el exalcalde del municipio, también se han sentado en el banquillo el exconcejal de Obras Públicas del mismo consistorio, Ramón Tomás, un técnico municipal y cuatro miembros de la empresa dedicada a la construcción.
La primera sesión ha comenzado a las 10.17 horas, en el Salón de Actos de Juzgados de Castelló, y continuará los días 11, 12, 14, 15, 21, 22 y 28 de enero. Durante la jornada de este jueves han declarado los cuatro miembros de la empresa dedicada a la construcción e investigada en el caso.
La Fiscalía, que solicita la libre absolución de los procesados, ha reconocido en su escrito que "entre los años 2006 y 2012 se detectaron irregularidades en la contabilidad municipal del Ayuntamiento", pero no las considera imputables a los procesados ni cree acreditado que las arcas municipales sufrieran perjuicio alguno.
La causa, conocida como caso Piaf, parte de una querella presentada por el actual equipo de Gobierno en Vila-real y en ella se investiga la comisión de los presuntos delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.
El caso de las facturas de Piaf se inició con una investigación administrativa poco después de la toma de posición del alcalde actual socialista José Benlloch en 2011, una vez que llegó al cargo y comprobó cómo su antecesor había firmado unos endosos por valor de casi 600.000 euros por unas obras que, según estima la acusación, no se llevaron a efecto.
El alcalde decidió finalmente anular el pago de los 600.000 euros en facturas emitidas por esta empresa, investigada en la trama valenciana del caso Gürtel, acreditadas como falsas por los técnicos y endosadas por el exalcalde, del Partido Popular en funciones "e incluso habiendo renunciado ya a su acta de concejal electo", según indica el consistorio.
