La Audiencia Nacional, a la caza de nuevos espacios para dar cabida a los macrojuicios

VALÈNCIA (EP). La Audiencia Nacional anda corta de espacio. Cada vez son más las macrocausas que desembocan en juicios multitudinarios donde se juntan decenas de personas que ahora además deben guardar la distancia de seguridad por el coronavirus, lo que ha desbordado las habituales sedes para causas penales de la madrileña calle de García Gutiérrez y San Fernando de Henares. Como remedio, la AN explora la posibilidad de expandirse.

El tribunal, encargado de los delitos de mayor gravedad y relevancia social, como los de terrorismo, crimen organizado o grandes fraudes y estafas, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Así, en 2009 inauguraba su sede en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados pensadas expresamente para albergar macrojuicios. Y, ya en 2015, el edificio de García Gutiérrez se modernizaba por completo ampliando además su superficie desde los 9.600 a los 11.500 metros cuadrados.

Sin embargo, ambos espacios empiezan a quedarse pequeños ante las crecientes necesidades de la AN. Así, fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que está previsto que en 2022 se celebre un juicio que juntará a más de 130 personas sin que todavía se sepa cómo podrá llevarse a cabo para garantizar que todas estén presentes respetando las medidas anticovid.

El primer juicio por 'Tándem', que ha comenzado esta semana en San Fernando de Henares, es buena medida de las dimensiones de los procesos asumidos por la Audiencia Nacional. Únicamente en este juicio, donde solo se ventilan tres de la treintena de piezas que conforman esta macrocausa, se han juntado más de 30 acusados, incluido el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a las que se añaden cerca de una decena de acusaciones, todos con sus respectivos letrados, más los fiscales y el propio tribunal.

Las fuentes jurídicas explican que, a corto plazo, ya se están estudiando distintas opciones para hacer posible ese macrojuicio señalado para 2022, si bien han apuntado que la Audiencia Nacional se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para trasladar al departamento de Pilar Llop la necesidad de encontrar nuevos lugares que resuelvan de una vez por todas el problema.

Una sección quinta

Aunque no es el único. A las limitaciones físicas se suman las de personal, recalcan las mismas fuentes, expresando su malestar por el volumen de trabajo al que se enfrentan las cuatro secciones de la Sala de lo Penal, hasta el punto de llegar a plantear que, más allá de los refuerzos puntuales, se necesitaría una sección quinta.

La Sala de Gobierno de la AN reflejó esta situación en su acuerdo del pasado 20 de septiembre. Según el mismo, las secciones segunda y tercera habían solicitado que la juez de apoyo María Teresa García Quesada, que entró para sustituir a Juan Carlos Campo mientras era ministro de Justicia, se quedara como refuerzo. Finalmente, el pulso se decantó a favor de la 2ª porque allí las bajas médicas dejaron solo dos magistrados en activo, lo que hace "imposible" que el trabajo salga adelante.

La carga de trabajo se ha acrecentado con la acumulación de asuntos tras el parón obligado por la pandemia. Las fuentes exponen que, a los juicios ya señalados para 2021, se han sumado los aplazados en 2020, con lo que las últimas vistas están fijadas para finales de 2022. La mayor dificultad la entrañan, precisamente, los macrojuicios, que se desarrollan en numerosas sesiones complicando su encaje en un calendario copado.