VALÈNCIA (EFE). Las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno, como el ajuste de termostatos y la iluminación de edificios públicos, han generado dudas en los ayuntamientos, que siguen estudiando el decreto que entra en vigor el próximo martes.
Aunque la aplicación de estas medidas es competencia de las comunidades autónomas, los municipios ya estudian cómo les va a afectar y, aunque algunos de ellos han criticado la falta de diálogo con el Gobierno, analizan la forma de aplicarlo.
La ciudad de València ya aplicó las medidas de ahorro en iluminación de monumentos desde las 22:00 horas del pasado martes, un día después de que fueran aprobadas por el Gobierno y sin esperar a su publicación en el BOE.
Así lo anunció horas antes la concejala de Gestión de Recursos del Ayuntamiento valenciano, Lluïsa Notario, que recordó que València se sitúa como referente en eficiencia energética, con una reducción en seis años de casi la mitad de la factura eléctrica y casi un tercio del consumo energético.
Madrid es uno de ellos. La delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo (PP), ya ha anunciado que se va a estudiar "cuál es la implicación que el decreto tiene para el ayuntamiento", si bien ha recordado que las leyes "son de aplicación", desvinculándose así del Gobierno regional, que se ha rebelado contra la norma.
No obstante, Hidalgo ha reprochado la falta de diálogo del Gobierno con las comunidades por el real decreto, que, "'a priori'", ve "frívolo" e "insuficiente".
También Barcelona está estudiando la repercusión que tendrá el decreto, pero según el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento, Eloi Badia, el plan "apunta en la buena dirección".
Para el concejal del gobierno municipal, las medidas van dirigidas a "cambiar las temperaturas de confort", lo que supone una reforma importante que permitirá hacer un uso más inteligente de la energía.
El Ayuntamiento de Santander trabaja para ver cómo aplica "técnicamente" el decreto, aunque la alcaldesa, Gema Igual, lamenta la afección que supone al comercio y se pregunta si los ciudadanos se van a sentir seguros si se apaga la iluminación.
"Sí creo que cuando se hace una norma, la responsabilidad es cumplirla, pero también creo que si se certifica y se ve que esa norma puede tener alguna consecuencia, siempre se podrá hablar y ver y explicar", ha respondido a las preguntas sobre las críticas de algunos dirigentes al decreto.
La medida que "causa más preocupación" en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela es la iluminación de su catedral y otros edificios de la zona histórica, según manifestó el alcalde, el socialista Xosé Sánchez Bugallo.
A pesar de que el Gobierno ya ha dejado claro que ninguno de los monumentos repartidos por toda España quedarán a oscuras, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, del que forma parte Santiago de Compostela, ha anunciado que realizará una "consulta" al Ejecutivo.
Así, los alcaldes de Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda, además del de Santiago, han acordado trasladar la consulta de manera conjunta.
Las luces de los monumentos de Toledo seguirán encendidas en horario habitual, ha asegurado el viceportavoz del Ayuntamiento, Pablo García, ya que el real decreto "no pone en ningún caso que los monumentos tengan que ser apagados".
"Toledo es ciudad patrimonio de la humanidad y lógicamente tiene una distinción con el resto de ciudades", por lo que se tiene que seguir trabajando para que siga siendo así, ha señalado.
Un día después de la aprobación del plan, el Ayuntamiento de Vigo comenzó la instalación del alumbrado navideño, que como el año anterior estará conformado por once millones de luces led, las cuales permanecerán encendidas una hora menos cada día para cumplir con las medidas de ahorro energético del Gobierno.
"Vamos a petar la ciudad de millones de visitantes y ahorrando el doble de lo que piden Europa y España", dijo el pasado martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que ha habido "diálogo previo" con las comunidades autónomas antes de la aprobación de las medidas de ahorro energético.
En una entrevista en Catalunya Ràdio este viernes recogida por Europa Press, ha recordado que el jueves anterior a su aprobación en el Consejo de Ministros se celebraron las conferencias sectoriales de energía y medioambiente, en la que dice haber trasladado el impulso de este paquete de "medidas inmediatas" y la construcción de un plan de contingencia previsto para septiembre, y en el que se ha pedido a las comunidades que presenten propuestas.
"Tuvimos una conversación enormemente constructiva, positiva, había un consenso muy alto sobre la necesidad de adoptar medidas que tuvieran el menor impacto posible en el tejido productivo", ha subrayado, si bien se ha mostrado predispuesta a activar todas las vías de diálogo ante la petición de algunas administraciones autonómicas. Así, ha lamentado que estos últimos días se haya "cambiado el foco deliberadamente", subrayando cómo incumplir la normativa y evitar una sanción y no canalizar el objetivo de ahorro.