Marcos Benavent tiene algo que declarar... también en el 'caso de la F1'

VALÈNCIA. El exgerente de Imelsa Marcos Benavent, será el nuevo testigo estrella en una de las causas más mediáticas que hay en los juzgados valencianos, el de la Fórmula 1. Un sumario en el que, entre los investigados, están el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, o el expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Valencia mantiene bajo secreto de sumario la nueva línea de investigación del caso. Según ha podido saber Valencia Plaza, el autodenominado yonki del dinero ya se ha reunido con los investigadores del caso que van tras la pista del dinero público presuntamente desaparecido.

Benavent ha explicado cómo la empresa de la que era uno de los accionistas en la sombra Thematica Events, y de la que era administrador oficial Rafael García Barat, actualmente investigado en el caso Taula, fue contratada por Valmor Sports para llevar todo el tema de cartas y catering de la Fórmula 1. El precio, medio millón de euros al año.

Sin embargo, y según Benavent, García Barat no sabía de catering, por lo que subcontrató el servicio a un conocido empresario de la hostelería de Xàtiva por un precio muy inferior al que le cobraba a Valmor. Los investigadores están tratando de averiguar si, de ese montante de dinero sobrante, hubo algún tipo de mordida y quiénes pudieron llevarse el dinero.

La otra vertiente que se está investigando es la de la venta de entradas. El dinero que presuntamente pagó, a cargo del erario público, el expresidente de la Diputación de Valencia, y principal investigado en el caso Imelsa, Alfonso Rus. Creen los investigadores que, posiblemente, el expiloto y empresario Jorge Martínez Aspar utilizó su amistad con Rus para solicitarle que comprara un número de entradas muy superior al que se deberían haber comprado. De ser así, Rus podría terminar imputado en el caso de la Fórmula 1 por un presunto delito de malversación de caudales públicos y, Aspar, por uno de tráfico de influencias.

La fecha de la declaración de Benavent en sede judicial todavía no está decidida, ya que la magistrada y el fiscal Anticorrupción están esperando los nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF).

El dinero

La parte declarada secreta se centra en el dinero y no en la compra de Valmor por parte de la Generalitat, todo ello se produjo tras recibirse un informe de la UDEF. Según ha podido saber Valencia Plaza, el contenido del informe hace sospechar a los investigadores que alguien se lucró con dinero público proveniente de un crédito de ocho millones de euros que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) concedió a Valmor en 2009.

Uno de los motivos es que cuando se concedió ese crédito millonario, el canon por el gran premio lo pagaba íntegramente la Generalitat y, por tanto, para los policías no cuadran los números ya que, suponen, que con los ocho millones debía haber dinero suficiente. Sin embargo, al poco tiempo de recibir ese suculento crédito fue cuando se vendió la empresa por insolvencia al Gobierno valenciano por un euro.

El caso de la F1

La investigación de la F1 se inició por una denuncia de Fiscalía Anticorrupción y está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, aunque con el registro de este miércoles el número de delitos y de investigados podría verse incrementado.

Se investigan las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson, y Aspar en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".