Foto: ROBER SOLSONA/EPLas defensas de los acusados, pese a los acuerdos con el fiscal, piden la absolución y hablan de conformidades de "conveniencia"
VALÈNCIA (EP). El exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en Les Corts Rafael Blasco ha tenido la oportunidad de utilizar la última palabra en el último juicio por el conocido caso Cooperación que se ha celebrado en la Audiencia de Valencia y ha insistido en su inocencia. También ha dicho: "Nadie es capaz de entender el sufrimiento cuando se llevan 11 años con estas cosas y las secuelas que esto deja".
Blasco está acusado junto a tres personas más de un presunto amaño en contratos de informática, la quinta pieza del conocido como caso Cooperación. Junto al exconseller, que se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración --tal y como le reclama Fiscalía--, también se han sentado en el banquillo de los acusados la exsecretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuán; el exjefe del servicio de Informática de Solidaridad Javier Murcia; y el empresario Augusto César Tauroni.
Se da la circunstancia de que estos últimos tres acusados han reconocido los hechos que se les atribuyen y han llegado a un acuerdo con el ministerio fiscal, mientras que el exconseller insiste en negar los hechos.
De esta forma, Javier Murcia ha aceptado cumplir una pena de un año de prisión --Fiscalía le pedía año y medio--; Tina Sanjuán ha aceptado otro año de cárcel y, por último, Tauroni, un año y tres meses más por el fraude.
Los hechos se remontan a los años 2008 a 2011 y se ha investigado un presunto amaño de contratos informáticos adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni. Las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato.
Blasco, condenado por las piezas 1, 2 y 3 del conocido caso Cooperación, relativas al desvío de ayudas a ONGs y al proyecto fallido para la construcción de Haití, ha asegurado que en esta última causa judicial que hay contra él por Cooperación no hay ningún indicio que le incrimine en nada.
Ha reiterado que en su etapa en la conselleria no se encargaba de las contrataciones, puesto que eso lo hacían los técnicos, y ha subrayado que no ha habido ningún testigo ni ningún testimonio que le haya señalado. "Nunca sugerí ni manifesté nada contrario a la ley", ha indicado.
También se ha referido al resto de acusados en la causa y ha asegurado que han mentido. Cuando se ha referido a Murcia ha sentenciado: "Nadie es capaz de entender el sufrimiento que se tiene cuando se llevan 11 años con estas cosas y las secuelas que esto deja". Así mismo, ha lamentado que en 2018, cuando alcanzó un acuerdo con el fiscal para el juicio de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, luego éste no lo cumpliera.
Tauroni, por su parte, también ha hecho uso del derecho a la última palabra y ha leído un texto que traía escrito. Ha pedido disculpas a sus padres por el sufrimiento causado, así como a la sociedad por la confianza dañada y a las instituciones públicas.
Además, ha hecho un repaso de su etapa en la cárcel, cuando fue condenado por la pieza 1 del procedimiento, y ha reproducido una frase que alguien le dijo entre rejas: "Coge un pacto, sea lo que sea". Ha concluido afirmando: "Este es el último proceso de un larguísimo calvario que he pagado con creces. Los años en prisión te hacen comprender las cosas que son importantes en la vida: la familia y la libertad. Confío en seguir adelante. Cometí un error, lo siento",
Por su parte, Sanjuán ha lamentado que ha sido un proceso "agotador" desde que se inició la causa hace 11 años y ha recordado los cuatro años que estuvo en prisión: "Ha sido tremendo desde el punto de vista familiar, personal, emocional y económico. Lo único que quiero a partir de hoy es descansar, olvidarme de todo lo que ha pasado y estar en paz conmigo misma y con la sociedad".
Antes de la última palabra, las defensas de los acusados han expuesto durante esta jornada sus informes y conclusiones. El letrado de Blasco, Javier Boix, en un tono molesto con el ministerio fiscal, ha insistido: "Nadie cita a Blasco --de quien ha alegado que es el fetiche procesal del ministerio fiscal--. Nadie dice que tiene instrucciones de Blasco para nada. No hay ninguna intervención telefónica que acredite nada. No intervino en nada. Se trataba de una conselleria de reciente creación y él se ocupaba de la parte política. De los pormernores de informática se ocupaban otros cargos", ha expuesto.
Sobre las conformidades alcanzadas por el resto de acusados en el procedimiento, ha asegurado que son de "conveniencia". En este punto, el abogado se ha remitido a las palabras que dijo Tauroni en el juicio anterior del caso Cooperación --piezas 2 y 3--, cuando aseguró: "No todo vale. Hay gente que actúa en defensa de su pellejo y si le dicen que tiene que entrar en la cárcel, dice todo menos la verdad". Y Boix ha asegurado que "esto es lo que ha pasado aquí. Digan lo que digan en la última palabra".
El letrado ha concluido su intervención criticando que existe una "persecución prospectiva" contra Blasco por parte del fiscal "siempre bajo el mismo mantra". "No sé si con este procedimiento acabará ya la Fiscalía o no".
Por su parte, la defensa de Tauroni ha comenzado su turno de palabra criticando al fiscal. Ha lamentado una de las afirmaciones que el ministerio público hizo en la lectura de su informe de conclusiones cuando alegó que en este procedimiento se habían cometido errores e irregularidades pero que no iba a advertir cuáles eran.
"Esta afirmación --ha afirmado-- nos dejó un mal gusto de boca porque el fiscal es el primer y máximo garante del principio de legalidad y no se puede supeditar este principio al interés que pueda tener en condenar a toda costa y a cualquier precio".
En relación con el acuerdo alcanzado por su representado con el fiscal, ha indicado que no iba a incumplir ninguna palabra porque Tauroni "asume con resignación el sacrificio que supone el acuerdo alcanzado", pero ha pedido al tribunal que "con libertad" dicte una sentencia menos gravosa o absolutoria: "La Sala tiene soberana libertad para entender que el resultado de la prueba es distinto al que mantienen las partes y puede actuar de filtro frente al acuerdo alcanzado".
El letrado, por último, ha advertido al techo de los ocho años de cárcel fijados por el Tribunal Supremo para los acusados en este procedimiento. Tauroni, ha recordado, "arrastra una mochila de seis años de condenada por la pieza 1 y otros dos por las piezas 2 y 3. Hemos llegado al umbral".
Por su parte, la defensa de Tina Sanjuán ha manifestado que mantiene el acuerdo con el fiscal, asumiendo las consecuencias jurídicas, pero, al igual que su compañero, se ha encomendado al principio de legalidad por si el tribunal entiende que los hechos no hubieran quedado reconocidos y no fueran constitutivos de delito.
El letrado de Murcia, por otro lado, tampoco ha negado "ni una coma" del acuerdo alcanzado con el ministerio público pero se ha sumado a sumar una sentencia absolutoria: "El acuerdo es válido pero en base a la prueba practicada y a los principios, la balanza debería caer del lado de una sentencia absolutoria".
Así mismo, ha lamentado: "Cuando te piden tres años de cárcel y 10 de inhabilitación, la cosa cambia. Esta petición supone una ruina de por vida y tras dos infartos y tres operaciones directas, si a Murcia le ponen un papel delante con un año de cárcel que probablemente no cumplirá, firma hasta que mató a Manolete", ha dicho.
