Foto: GVAVALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, considera que es "un paso importante" que la Ley contra la Trata de Seres Humanos en que trabaja el Ministerio de Pilar Llop sancione a los consumidores de sexo pagado, pero cuestiona que se exija que el putero tenga conocimiento de que la mujer es una víctima porque "debilita el tipo penal" ya que es un marco "muy complejo, muy difícil". Bravo insiste en que una Ley abolicionista es un "un instrumento mucho más eficaz para erradicar la prostitución en una sociedad democrática".
Bravo ha realizado estas declaraciones con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de seres humanos antes de intervenir en un diálogo con la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, dentro de la sexta edición del Feminario València: 'Mujer, Feminismo y Democracia', organizado por el área de Igualdad de la Diputación de Valencia
Así, ha recalcado que "todos" demandan desde hace tiempo una Ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual porque se trata de "un fenómeno que atenta contra los derechos humanos" y ha recordado que "el 80% de las personas con las que se trafica son mujeres y niñas.
Bravo destaca que es "un paso adelante", pero señala que hay que esperar a ver como se desarrolla porque evidentemente las leyes "tienen que servir como instrumento para detectar con prontitud estas situaciones de violencia contra las mujeres y favorecer también una rápida investigación y condena de los preocupantes".
En ese sentido, recalca que estas mujeres tienen "tanto miedo que no se atreven a denunciar" y por ello advierte de que esta exigencia de conocimiento por parte de los puteros de que la mujer estña obligada a prostituirse "debilite el tipo penal".
Por ello, se ha mostrado partidaria de una Ley abolicionista para "acabar de una vez por todas la indecencia de tener que tolerar que el cuerpo de las mujeres sea objeto de mercancía" y para lograrlo insiste en que "no se puede pedir condicionantes" porque "desde el momento en que se exigen condicionantes debilitamos la lucha".
Asimismo, ha vuelto a reivindicar la necesidad de modificar la Ley de extranjería y de abrir un itinerario específico para las mujeres prostituidas y de no condicionar la protección y, sobre todo, el permiso de residencia y trabajo a que tengan que denunciar de forma obligada porque eso supone "privarles de un marco de protección importante". Al respecto, ha señalado que la exigencia de una denuncia es "desconocer la situación de intimidación, de miedo y de vulnerabilidad en que estas mujeres se encuentran".
Bravo, ante el poco tiempo que falta de legislatura, señala que la aprobación de esta Ley contra la trata "depende de la voluntad política". "Si hay voluntad política, habrá tiempo".
Por su parte, Calvo ha considerado "normal" las encuestas todavía legitimen la prostitución al ser todavía "una sociedad patriarcal", pero ha recalcado que la política está para hacer "proposiciones necesarias, justas y éticas". "Si haces una encuesta los niños no querían ir al cole, pero no se les pregunta porque tiene que ir", ha comparado.
Asimismo, a los partidarios de regularizar la prostitución les ha lanzado un par datos: "la prostitución no viene de un mundo libre no, cerca del 90% de las mujeres prostituidas vienen de la marginación y de la pobreza absoluta". "Es la esclavitud más grande", ha constatado.
Por ello, ha recalcado la necesidad de hacer "mucha pedagogía social" porque la prostitución no "es un problema de edad ni de generación, sino de derechos", ha apostillado.
