Bravo insiste en un pacto de estado por la justicia: "Las CCAA pagamos pero no estamos en el puesto de mando"

VALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha insistido este lunes en la necesidad de un pacto de estado para que las comunidades autónomas tengan más importancia en la justicia en lugar del modelo actual "obsoleto e ineficaz". "Tenemos un papel residual; pagamos pero no estamos en el puesto de mando para la toma de decisiones importantes (...). En vez de invertir, la sensación que tengo es de desinvertir".

Así lo ha expuesto en una comparecencia en la comisión de Justicia de Les Corts, a petición de Cs, sobre el Pla Reactiva desplegado por la Generalitat para compensar los efectos de la pandemia. "Mientras no haya una reforma de la justicia, seguiremos teniendo el mismo problema", ha advertido sobre el atasco judicial, aunque ha resaltado que en el primer trimestre de 2022 se resolvieron un 7% más de asuntos que el año anterior.

Bravo ha puesto este plan como ejemplo de su reivindicación de un "gran pacto de estado" por la justicia. Ha lamentado así que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) optó por un programa "menos ambicioso" que el propuesto por el Consell para resolver el atasco judicial provocado por la covid-19, además de "no aprobarlo hasta bien entrado enero de 2021".

En concreto, el órgano de gobierno de los jueces estableció el nombramiento de 12 jueces y seis letrados, "cuatro menos que la propuesta de la Conselleria de Justicia", asistidos por 29 funcionarios, "diez menos". "Era evidente que los objetivos eran menores que los de la Conselleria", ha criticado, para remarcar que a pesar de ello se trataron de satisfacer estas demandas.

Además, la propuesta de la Generalitat aspiraba a que los jueces de refuerzo se encargasen de los asuntos aplazados por la interrupción procesal, mientras el CGPJ dispuso que asumieran los nuevos casos que iban entrando a partir de febrero de 2021 y esto supuso que "no ser reagendaron los juicios pendientes".

La consellera ha defendido así que el Pla Reactiva, con una inversión de 2,3 millones, era "realista y viable" y preveía celebrar alrededor de 10.000 juicios cada semestre, con el objetivo de resolver en un año los 20.000 juicios pendientes en la Comunitat en los tres meses de suspensión de plazos procesales entre marzo y junio de 2020.

Respecto al inicio de la pandemia ha reiterado que se tomaron medidas de protección y de fomento del teletrabajo y que la Comunitat fue de las primeras autonomías en celebrar juicios telemáticos. "Nuestros juzgados estaban preparados para asumir la actividad con seguridad", ha recalcado sobre la reactivación de los plazos procesales el 4 de junio de 2020.

También ha resaltado que una de las primeras decisiones tras la pandemia fue crear tres unidades judiciales de Social y Civil y que se aumentó un 25% el presupuesto para la plantilla de refuerzos, junto a un "crecimiento constante" de la planta judicial en las tres provincias.

Niega colapso en los juzgados

Por otro lado, Bravo ha negado que juzgados de Castellón como el de Nules estén en una situación de "colapso" y ha hecho hincapié en que todos los de la Comunitat están mejor que hace siete años, por lo que ha afeado a la diputada del PP Verónica Marcos su "cara dura" al afirmar lo contrario y ha recordado que se vieron sobrepasados por la entrada de asuntos relacionados con la "corrupción política" de cargos 'populares'.

Ha destacado que la Comunitat resuelve más casos que el conjunto de España y que la tasa de litigiosidad ronda la media, además de garantizar que siguen trabajando para reforzar las áreas con necesidades. "Nuestra justicia se encontraba en la UCI cuando llegamos al gobierno, ahora al menos hemos conseguido salvar al enfermo y estar en la media de las comunidades autónomas", ha aseverado.

De cara al futuro ha asegurado que en noviembre se iniciará la implantación del expediente electrónico en la provincia de Castellón y que en los dos próximos trimestres se iniciarán las obras previstas en el plan de infraestructuras judiciales. Su previsión es que a finales de año entren en funcionamiento diez juzgados sumados a los 31 creados desde el cambio de gobierno en 2015.