Varios extrabajadores de RTVV a las puertas de Canal 9. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. (EFE). El sindicato CGT, que actúa como acusación popular en la causa abierta en los juzgados de Paterna por supuestas irregularidades cometidas en la antigua Radiotelevisión Valenciana, ha pedido que se investigue también un supuesto fraude en el establecimiento de los criterios que regularon las indemnizaciones tras el cierre de la empresa.
El sindicato cita parte del contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declaró la nulidad del ERE de extinción de empleos, concretamente el fundamento noveno que expone que "se produjeron alteraciones en los criterios" o se aplicaron otros distintos a los aprobados.
Esta supuesta aplicación arbitraria de los criterios del ERE a un colectivo de trabajadores representa, a juicio de este sindicato, "un posible trato de favor" y una "penalización" a quienes accedieron a los entes públicos a través de pruebas selectivas.
"Así, quienes accedieron a un contrato de trabajo que se convirtió en indefinido de forma buscada, han estado al mismo nivel de derechos que el resto de trabajadores", según CGT, que cita concretamente un listado de 16 asesores técnicos contratados bajo la dirección de José López Jaraba y que, según advirtió la Sindicatura de Comptes en su informe correspondiente a la cuenta general de 2012, debieron abandonar el cargo en el momento del cese de Jaraba, en diciembre de 2012.
CGT entiende que, a pesar de que la Sindicatura advirtió de esta irregularidad, nadie corrigió esta situación y provocó la conversión "buscada" de estos contratos en indefinidos para, con posterioridad, "lavar esa irregularidad manifiesta y advertida, generando unas indemnizaciones fraudulentas en el ERE".
Por todo ello, el sindicato reclama que se investigue sobre quién tomó esas decisiones o dejó de tomar la decisión de rescindir los contratos de estos 16 asesores.
"Entendemos que el daño a la hacienda pública de la Generalitat es evidente y debe ser reparado a través de la exigencia de responsabilidad civil derivada del delito cometido, puesto que se han pagado indemnizaciones con dinero público que no correspondían".
Asimismo, este sindicato expone que "algunos de los contratos de personal afectado por el ERE fueron elaborados en evidente fraude, y la dirección de RTVV forzó su inclusión en dicho proceso de extinción sin antes analizar y depurar la situación jurídica de sus contratos".
Por otra parte, este sindicato ha presentado recursos en los que insiste sobre la necesidad de investigar las facturas de los gastos de representación de López Jaraba y los contratos con una productora vinculada a José Luis Moreno.
Actualmente, el juzgado de Instrucción número 6 de Paterna investiga diversas actuaciones de la extinta RTVV, como los contratos de cesión de derechos deportivos y colaboración comercial con el Villarreal CF, o la compra a la productora Triskel de tres documentales en julio de 2011 por cerca de 650.000 euros.
En relación a este último contrato, la Audiencia Provincial de Valencia dio el visto bueno en noviembre de 2015 al precio de dichos documentales y condenó al ente público a abonar 325.680 euros (precio reducido que fue pactado en diciembre de 2011), más 96.000 euros en intereses.
La Audiencia confirmaba así una sentencia anterior del juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, que tuvo su origen en una demanda de la productora Triskel ante el impago de dicha cantidad.
