La portavoz de Economía de Cs en el Congreso, María Muñoz. Foto: JESÚS HELLÍN/EPVALÈNCIA. La demora en la entrega del 'Estudio Informativo de la prolongación sur del Túnel de Serrería en la ciudad de València' que el Ministerio de Transportes encargó a la empresa Geocontrol en 2020 y que debía haberse registrado hace un año escama en Ciudadanos.
El grupo parlamentario naranja en el Congreso de los Diputados, a instancias del portavoz en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha registrado una pregunta escrita dirigida al Gobierno central en la que le piden explicaciones por el retraso en la entrega de este trabajo que costó 252.630 euros -IVA incluido- a las arcas públicas. La mercantil disponía de un plazo de dos años para elaborar el análisis, pero tres años después no hay noticias al respecto.
El Estudio Informativo debía examinar las distintas opciones de prolongación del túnel actual por su extremo sur teniendo en cuenta diversos aspectos: el impacto medioambiental, su coste, dificultad constructiva, funcionalidad, o afección a la explotación ferroviaria, entre otras cuestiones.
Pero no es la única cuestión planteada por el grupo. Más allá de conocer los motivos del retraso, los naranjas también piden las conclusiones del estudio y, especialmente, conocer el compromiso presupuestario que tiene el Gobierno central con la ejecución de semejante infraestructura. Así, cuestionan si "mantiene el Gobierno la voluntad de proceder al soterramiento de la línea ferroviaria Tarragona-Valencia en el casco urbano de la ciudad, prolongando hacia el sur el túnel actualmente existente a partir de la Calle Ibiza".
También preguntan qué previsión "de extensión de la eventual prolongación del actual túnel tiene el Gobierno, en su caso, al sur de la ciudad de Valencia" y si existe una previsión de plazos y presupuesto "para la ejecución del referido proyecto de prolongación sur del túnel de Serrería en la ciudad de Valencia".
Las preguntas, de hecho, no son aleatorias, ya que en el pliego de prescripciones técnicas del citado estudio informativo elaborado por el propio Ministerio contempla que esta debía ser una obra que financiara la administración local y la autonómica al tratarse, en realidad, de una mejora urbanística y no de funcionamiento de las vías. Es decir, que debían costearla el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, pero la responsabilidad no recaía así en la Administración central.
En concreto, el documento advierte que la prolongación sur del Túnel de Serrería "no aportaría ventajas al funcionamiento del ferrocarril con respecto de la situación actual", sino que esta se trataba "de una operación de integración urbana" por lo que se debía aplicar lo que establecía el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) "en relación a mejoras de integración urbana (soterramientos, cubrimientos, viaductos...), donde se establece que al ser obras de carácter urbanístico deberán ser asumidas directamente por las Administraciones Locales y Autonómicas competentes en materia de urbanístico".
Conviene especifica que el PITVI, elaborado en su día por el gobierno central de Mariano Rajoy, tiene una vigencia de 2012 a 2024. Y con su caducidad a la vuelta de la esquina, el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez comenzó a elaborar una nueva estrategia que actualizara el vigente plan. Sin embargo, en la versión inicial, se siguen recogiendo los mismos criterios que ya introdujeron los populares.
"Como criterio general, las actuaciones de integración urbana son actuaciones de carácter esencialmente urbanístico, que deberán ser asumidas directamente por las Administraciones Locales o Autonómicas competentes en materia de urbanismo, limitándose la Administración del Estado a realizar la mejora funcional de la red ferroviaria que sea precisa", recoge el documento en fase de elaboración.
Un planteamiento que ha hecho que se enciendan las alarmas en los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, y de Ciudadanos en particular. También la asociación de vecinos de Penyaroja criticó este fin de semana tras conocer la noticia que el documento incluyera esta cláusula cuando no se tuvo en cuenta para otro tipo de actuaciones similares en otros puntos del país.
"El pliego supone una discriminación a los vecinos de Penyaroja, Nazaret y el Grao en particular, y para los vecinos de València en general, por parte del PSOE que no podemos tolerar", criticaron en sus redes sociales. "¿Por qué el soterramiento de Serrería NO merece financiación del Estado y el soterramiento de Sant Feliu de Llobregat, Montcada, Torrelavega, Dos Hermanas, L'Hospitalet SI? ¿Pagamos menos impuestos que los demás? Exigimos un pronunciamiento claro del PSOE", añadían.
