Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. El grupo parlamentario Ciudadanos registró este lunes una pregunta escrita a la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez para saber cuánto tiene previsto este departamento remitir la reforma de la Ley de la Sindicatura de Greuges a un pleno del Consell para que esta pueda ser remitida a Les Corts para ser aprobada.
Una norma que quedó completamente redactada en la legislatura pasada y el proyecto de ley se aprobó en agosto de 2018. Es decir, lista para volver a pasar por un pleno del Consell para ser remitida al Parlamento porque no es necesario que vuelva a pasar por el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Pero que tras el primer año de gestión del Gobierno del Botánico II sigue guardada en un cajón.
La Conselleria de Transparencia, que es la encargada de llevar esta norma a un pleno del Ejecutivo valenciano, no la ha llevado a un pleno del Consell y tampoco la incluyó en el Plan Normativo Anual de 2020, donde el Botànic II se fijó el objetivo de sacar adelante un total de 29 proyectos legislativos y 189 decretos.
La importancia de esta ley es especialmente significativa porque pretende acabar con la discrecionalidad del órgano para fichar personal. La Sindicatura de Greuges, o el Defensor del Pueblo valenciano, es una institución que trata de garantizar la mayor transparencia en la administración autonómica valenciana. Sin embargo, a la hora de elegir el personal, la institución no se aplica su propia medicina.
Las contrataciones de personal que realiza la entidad se hacen todas por libre designación. O lo que es lo mismo, a dedo. De hecho, de los 35 puestos de trabajo que especifica la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada en 2014, todos son elegidos a dedo por el Síndic, ya sea para cubrir plazas de asesores o traslados de funcionarios desde otras administraciones que buscan mejorar sus pluses. Para evitar coincidir con las legislaturas, el Síndic -que históricamente han pactado PP y PSPV- se renueva cada cinco años. La última, tuvo lugar en noviembre, cuando Les Corts Valencianes eligieron a Ángel Luna para que estuviera al frente de la institución y éste tomó posesión en diciembre.
Con este escenario, la reforma de la ley para intentar acabar con estos enchufes era una de las prioridades legislativas del Botànic I en la primera legislatura y del exconseller de Transparencia Manuel Alcaraz.
La portavoz del área de Transparencia de Ciudadanos en Les Corts valencianas, María Quiles, criticó este lunes que el Ejecutivo valenciano "haya guardado en un cajón la ley para evitar los enchufes en la Sindicatura de Greuges" e instó al Gobierno autonómico a "retomar este proyecto tan importante".
En este sentido, la parlamentaria tildó de "vergonzoso" que el tripartito haya intentado "achacar su inoperancia a la oposición". "Nadie de esa Conselleria se ha puesto en contacto con Cs en Les Corts", censuró Quiles. La crítica se debe a que Transparencia excusó el pasado viernes que no había retomado la tramitación de la ley porque previamente quería analizar el apoyo que obtendría en la cámara, ya que la reforma de esta normativa, requiere una mayoría reforzada de dos tercios en el Parlamento. Es decir, un apoyo de 66 diputados, que obligan a PSPV, Compromís y Unides Podem a buscar el respaldo de PP o Ciudadanos para sacarla adelante (con Vox no sería suficiente), ya que el tripartito apenas suma 52 escaños. "No queríamos llevar la ley al Parlamento y luego encontrarnos con que no tenemos los apoyos para sacarla adelante y que una ley que proviene del Gobierno fuera rechazada", explicaron desde Transparencia el viernes.
No obstante, la diputada de Ciudadanos niega que nadie de la Conselleria ni del Botànic se haya puesto en contacto con su partido para tantear un posible apoyo. De hecho, los naranjas a priori estarían a favor de realizar este tipo de cambios en la institución en aras de mejorar la transparencia en los métodos de selección de personal.