La cloración por la que se cerraron las playas en 2019 acaba en denuncia de la Fiscalía contra Agricultura

VALÈNCIA. El cierre de las playas que asoló toda la comarca de L'Horta Nord durante el verano de 2019 ha acabado con una denuncia de la Fiscalía contra la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR), dependiente de la Conselleria de Agricultura. El área de Medio Ambiente del Ministerio Público ha resuelto que la cloración que se hizo de las aguas residuales procedentes de las acequias no fue acertada desde el punto de vista ecológico, ya que provocó la muerte de varios bancos de peces. En ese sentido, alega que se debería de haber buscado una solución mucho menos nociva para desinfectar las aguas y poder abrir nuevamente las playas. 

La denuncia también se extiende a la empresa adjudicataria que realizó los trabajos de desinfección y cloración: S.A. Agricultores de La Vega (SAV), y se ha presentado ante el juzgado decano de Massamagrell para estudiar las diligencias penales y que se abran todas las investigaciones que se consideren oportunas. En el documento, la Fiscalía exige a la Conselleria de Agricultura que identifique al equipo técnico que estudió la contaminación de las aguas, y que aporte la resolución del día 25 de julio por la que se adoptó la decisión de proceder a la cloración de las acequias. 

De la misma manera, la Fiscalía ha requerido a la Conselleria de Agricultura que aporte toda la documentación, informes o elementos que llevaron a la decisión de clorar las acequias en cuestión, o bien facilite la identidad del organismo que esté en disposición de hacerlo. Y, por último, pide tanto a EPSAR como a la SAV que aporten las analíticas y comprobaciones que se llevaron a cabo para controlar la cloración, o en su caso, indiquen el organismo encargado de las mismas. 

La Fiscalía se apoya en un informe ecotoxicólogo forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, Sección de Biología, del que se desprende que la cloración de las aguas no fue técnica ni ecológicamente acertada para resolver el problema que existía. Y es que, el cloro solo es efectivo en aguas limpias o previamente depuradas. Por el contrario, los organismos presentes en las aguas fecales hacen que este mismo producto desaparezca rápido o se evapore, reduciendo su efectividad y obligando a implementar dosis continuas para que tenga impacto. 

Además, también añade que el programa de cloración que se implementó "constituye una medida errónea y mal implementada que no sólo no garantiza la salubridad de las aguas, sino que además añade nuevos riesgos de perjuicio para la salud de las personas y el medio marino expuesto". Así, alega que la cloración "es un método que no debe aplicarse en aguas con abundante contaminación fecal puesto que enmascara la presencia de patógenos al actuar sobre las especies indicadoras, es ineficaz debido a la presencia de materia orgánica en suspensión  y favorece la formación de compuestos tóxicos para la salud de las personas y organismos acuáticos".

Del mismo modo, "la cloración, debido a sus riesgos, requiere de un control exhaustivo, tanto mediante una dosificación correcta como mediante la medición directa de su concentración en el medio, y si se aprecian fuertes fluctuaciones en su concentración, debería suspenderse el tratamiento debido a su carácter tóxico por contacto e inhalación". Además, "el cloro es un potente biocida que afecta tanto a microorganismos como a otros grupos de seres vivos beneficiosos desde el punto de vista ambiental, por lo que no debe ser empleado en medios naturales". 

Por todo ello, el informe sugiere otros métodos menos invasivos como desviar el vertido de las aguas fecales para que no fuera a parar a la playa o una fuerte disolución.