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La Comunitat Valenciana, entre las regiones que más gasto social necesitará hasta 2030

Foto: CARLOS CASTRO/EP
14/06/2021 - 

VALÈNCIA (EFE). Las comunidades autónomas necesitarán más de 35.000 millones hasta 2030 para gasto social, ya que la pandemia y el envejecimiento obligarán a elevar la calidad y la dimensión de algunos servicios públicos básicos como la sanidad y la protección social.

Las que mayor presión soportarán son aquellas donde más crecerá en términos absolutos la población mayor de 65 años, Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Según un estudio de FUNCAS, la pandemia ha añadido presión sobre el gasto de las comunidades, que representa un tercio del gasto público del conjunto de administraciones.

En torno al 68 % de ese gasto se destina a los servicios sociales básicos: sanidad (37 %), educación (24,5 %) y protección social (6,5 %), afectados por la crisis sanitaria actual y el impacto a largo plazo del envejecimiento progresivo de la población y la baja tasa de natalidad.

El estudio esboza un posible escenario del gasto social autonómico e identifica los epígrafes que van a soportar mayor presión al alza en los próximos años.

En el escenario prepandemia, las necesidades que se infieren exclusivamente de la evolución demográfica alcanzarían los 14.371 millones de euros hasta 2030, con un incremento medio anual del 0,8 %.

La mayor parte de ese aumento (94 %) se explica por el componente sanitario y se concentra en aquellas comunidades donde los tramos de edad superior a 65 años crecerán más en términos absolutos. El incremento restante corresponde a la evolución de los gastos en dependencia.

En contraste y por razones demográficas, el gasto en educación podría generar incluso un ahorro de no mediar otros factores que lo impulsen al alza.

Para Funcas, la presión demográfica por sí sola no pondría en riesgo la sostenibilidad del gasto social autonómico atendiendo a la regla fiscal vigente, excepto en los primeros años del periodo analizado, hasta 2022. Son las comunidades mencionadas las que tendrían mayor dificultad para el cumplimiento de esa regla fiscal.

Escenario complementario

En un escenario complementario, con otros factores de crecimiento del gasto adicional al demográfico como la tecnología sanitaria o la adecuación del nivel de gasto per cápita educativo al referente europeo, las necesidades de gasto se duplican hasta los 35.837 millones, casi dos veces y media el previsto si se considera solo el factor demográfico.

En este caso, el 62 % del incremento de gasto se explica por sanidad, el 15 % por "otros servicios sociales", seguido de educación (12 %) y dependencia (10 %).

El incremento medio anual previsto del gasto es del 2,1 % para el conjunto autonómico que se agudiza en las comunidades con más crecimiento del número de mayores, como Baleares, Madrid, y Canarias.

En este escenario, más realista, según el estudio, las previsiones de evolución del gasto social podrían quebrar con mayor claridad la regla de gasto en términos agregados.

El estudio incorpora un escenario postpandemia, que recoge el aumento previsible de la presión política y social para elevar la calidad y la dimensión de los servicios públicos fundamentales.

En el caso del gasto sanitario autonómico, el refuerzo estimado supone un 7,4 % de mayor gasto real que en el escenario prepandemia, unos 5.125 millones en términos reales.

El gasto sobre el PIB real aumenta de manera muy significativa y se mantendría cerca del 7,1 % hasta 2030, lo que supone 1,2 puntos más respecto al nivel que hubiera alcanzado en el escenario prepandemia.

En cuanto al gasto educativo, el aumento de 2.000 millones de euros derivado del fondo covid supone un salto de nivel que cubre la mitad del asumido en un entorno previo a la pandemia.

En dependencia y otros servicios sociales, no hay datos ni avances firmes hasta ahora para suponer incrementos adicionales de gasto.

La diferencia entre los escenarios pre y post pandemia en dependencia es un incremento extra de unos 1.800 millones en 2020, hasta los 2.638 millones diez años después.

Desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, es previsible que la suspensión temporal de las reglas fiscales europeas se prorrogue más tiempo del esperado y, cuando se reactiven, habrá que establecer una hoja de ruta.

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