Concentración de este domingo en Madrid contra los indultos. Foto: ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ/EPVALÈNCIA (EP). Los grupos del Congreso deberán retratarse este miércoles sobre la eventual decisión del Gobierno de indultar a los condenados por el proceso independentista catalán, y lo harán después de que el PP y Vox pidan cuentas al presidente, Pedro Sánchez, por esta medida que llevó a ambos partidos a protestar este domingo en la manifestación convocada en la madrileña Plaza de Colón por la plataforma cívica Unión 78.
El PP lleva al Pleno de esta semana una moción, resultado de la interpelación que dirigió la semana pasada al ministro Juan Carlos Campo, reclamando al Gobierno que deniegue los indultos a los presos del procés y desista de su pretensión de derogar o modificar el delito de sedición. Aunque el debate pueda celebrarse a última hora de este martes, la votación ya está fijada para el miércoles.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, los 'populares' destacan que ni el tribunal sentenciador -en este caso el Supremo- ni la Fiscalía consideran que se dan circunstancias de justicia y equidad para esa medida de gracia, y que por tanto concederla sólo sería de "utilidad" para el Gobierno, en tanto que los penados pertenecen a partidos que habitualmente le apoyan en el Congreso.
Por ello, instan al Gobierno a cejar en su empeño de 'perdonar' a los presos del 1-O, así como a desistir en su pretensión de modificar a la baja los delitos de rebelión y de sedición que, a su juicio, sólo persiguen "beneficiar" a los condenados en la causa del procés y a los que se encuentran "en rebeldía" sólo para "dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el presidente Pedro Sánchez con sus socios independentistas".
Y, frente al objetivo del independentismo de "internalizar el conflicto" y de "denigrar" la imagen de España en el exterior, el PP también plantea que el Ministerio de Asuntos Exteriores promueva las acciones oportunas para que los países miembros el Consejo de Europa cuenten con información "veraz" sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2018 en Cataluña y la respuesta al mismo por parte del Estado de Derecho.
Pero, además, el PP, Vox y Ciudadanos, que se manifestaron por separado contra los indultos en Madrid -evitando así repetir la famosa 'foto de Colón'-, han decidido centrar en esta medida de gracia y el problema catalán sus preguntas al Ejecutivo en la sesión de control de este miércoles en el Congreso.
En concreto, el líder del PP, Pablo Casado, interrogará al jefe del Ejecutivo si "va a defender la Constitución, la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles", mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, le exigirá que desvele "hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerse en el poder".
"¿Considera que la actuación del Gobierno bajo su coordinación responde al interés general de los españoles?", reza la pregunta que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, formulará a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
También sacarán Cataluña en los duelos con la 'número dos' del Gobierno la portavoz 'popular', Cuca Gamarra, quien le echará en cara que el Gobierno se "someta al independentismo", y su homólogo de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien pondrá en duda que el Ejecutivo cuente con "el respaldo mayoritario de los españoles fuera de la Cámara".
El PP también dirigirá sendas preguntas al ministro Juan Carlos Campo para que explique si "los indultos van a facilitar la cooperación judicial europea y, en particular, la aplicación de la euroorden", así como a su colega de Interior, Fernando Grande Marlaska, para que diga si el "trato privilegiado recibido por los condenados por sedición tanto por Instituciones Penitencias como por el Departamento de Justicia del Gobierno catalán anticipaba la voluntad política de conceder los indultos".
Los 'populares' también pretendían que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hablara de los indultos y, en concreto, querían que se pronunciara sobre si propondría al Consejo de Ministros la concesión de un indulto, en el ámbito de su competencia, "sin que concurrieran razones de justicia, equidad y utilidad pública". Sin embargo, el Gobierno ha decidido exonerarla y dejar que Campo atienda ese interrogante.
