VALÈNCIA. Las modificaciones legales que los partidos del Botànic realizaron a lo largo de la legislatura pasada a través de la Ley de Acompañamiento y las que pactaron que acometerían en este mandato son tantas, que no es extraño que a veces, incluso, miembros del tripartito olviden algunas de ellas. Una circunstancia que lleva a que incumplan algún que otro compromiso adquirido sin caer en la cuenta o, en su defecto, venzan los plazos que ellos mismos se impusieron sin que al final el Consell haya hecho los deberes.
Algo así ha ocurrido con un decreto que debía elaborar el Gobierno valenciano después de que se incluyera en la ley de Medidas Fiscales de 2019 una enmienda a la ley de Participación Institucional, la norma que regula la asignación de ayudas directas a la patronal y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) para contribuir a su sostenimiento. Una suerte de compensación económica por los gastos que les supone participar en tareas como la negociación colectiva, entre otras, y que provocó que los sindicatos que se quedaron fuera del reparto acudieran a la justicia.
La modificación legal propuesta por Podem fue pactada finalmente por PSPV, Compromís y los morados. Con ella, el Ejecutivo de Ximo Puig recibió el encargo de realizar en el plazo de un año, pero ni siquiera se ha iniciado. La encomienda se hizo en 2018 para que se ejecutara a lo largo de 2019. Ese año no vio la luz, y en 2020 tampoco. Dos años sin cumplir los deberes que ellos mismos se marcaron.
En este punto, conviene recordar los antecedentes, el contenido y la discordia que sembró entre PSPV, Compromís y Podem la citada enmienda hace más de dos años en la negociación de las cuentas de la Generalitat. El partido morado dirigido entonces por Antonio Estañ quería cambiar el sistema de distribución de ayudas a los sindicatos. El diputado Antonio Montiel convirtió en su principal campo de batalla la enmienda que pedía que las subvenciones directas que reparte el Gobierno valenciano entre las organizaciones sindicales más representativas fueran accesibles también para las minoritarias.
La enmienda presentada a la Ley de Participación Institucional determinaba que esta distribución se hiciera teniendo en cuenta el número de delegados que tiene cada sindicato, y no atendiendo únicamente al criterio de "más representativo" que fija actualmente la norma de 1985 -reformada más tarde por el Partido Popular en 2015-. Eso sí, siempre y cuando las organizaciones sindicales que optaran a recibir estas subvenciones reunieran "una cifra mínima de 500 representantes elegidos en centros de trabajo de las tres provincias -Castellón, Valencia y Alicante-, siempre que ello suponga al menos el 1,5% del total de los representantes electos".
Un criterio que abría la puerta a sindicatos como USO, CSIF, Intersindical, Sindicato Independiente o CGT. En Podem justificaban su iniciativa apelando a que aunque los sindicatos mayoritarios fuesen UGT-PV y CCOO-PV, en determinados ámbitos como por ejemplo el educativo o el sanitario, otras organizaciones sindicales tienen una representación superior.
A pesar de que tenían los números para sacarla adelante -PP y Ciudadanos pretendían apoyarla-, prefirieron finalmente pactar un texto intermedio con PSPV y Compromís, aunque ello conllevara rebajar sus pretensiones. En la nueva propuesta se mantenía el requisito de que los sindicatos que optaran a recibir ayudas deberían tener representación en las tres provincias de la Comunidad Valenciana y ser de carácter intersectorial. Es decir, con presencia en varios sectores, como el educativo o el sanitario, para evitar que sindicatos empresariales pudieran 'entrar' en este reparto.
El escrito incluía un compromiso a un año vista. "En el plazo máximo de un año, el Consell de la Generalitat deberá establecer mediante la norma que corresponda, la concreción de esa cifra mínima, el porcentaje sobre el total de representantes electos en la Comunitat Valenciana, así como la designación y cese de las personas representantes de las organizaciones sindicales que se realizará en conformidad con las propuestas formuladas por estas organizaciones a través de sus órganos de dirección competentes", rezaba la enmienda aprobada.
En definitiva, el Ejecutivo debía elaborar una nueva ley -desde los grupos parlamentarios del Botànic explicaban que debería tener formato de decreto- en la que quedara determinada la "representatividad" de cada organización sindical. Por lo que, todo aquel que quisiera aspirar a estas ayudas debía reunir las dos condiciones anteriores -representación en las tres provincias y carácter intersectorial-, además de cumplir con la cifra mínima de representantes que fijara el Consell en la nueva normativa.
La enmienda fue firmada el 21 de noviembre de 2018, si bien al tratarse de la Ley de Acompañamiento no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2019. Con esto, el plazo para realizar este decreto terminaría el 31 de diciembre de ese ejercicio. La norma tampoco estaba lista -ni se había empezado a redactar- a final de 2020.
