Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA (EP). La Diputación Permanente de Les Corts ha convalidado este martes la normativa de la Generalitat que amplió las sanciones para incluir el requisito de presentar el pasaporte covid para acceder a determinados sectores, entre críticas de la oposición por "criminalizar" a la hostelería y el ocio nocturno y por obligar a tener el certificado para entrar a una residencia de mayores.
En la sesión extraordinaria se han validado tres decretos: la ampliación del régimen sancionador covid en la hostelería y el ocio nocturno, la misma ampliación en los servicios sociales valencianos y el aumento de las ayudas destinadas a autónomos en casi 11,6 millones de euros.
Concretamente, el del pasaporte covid en la hostelería ha salido adelante con el apoyo de los grupos del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) y el PP, el de los servicios sociales solo con el 'sí' del Botànic y el de las ayudas a autónomos con la unanimidad de la cámara.
En su intervención, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha justificado la inclusión del certificado covid en los servicios sociales ante la situación sanitaria. También la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha defendido la obligación del pasaporte en la hostelería y el ocio porque "la emergencia obliga a recurrir a la legislación urgente".
Bravo ha trasladado el apoyo del Consell a la hostelería, la restauración y el ocio nocturno por su "responsabilidad y civismo", mientras ha vuelto a condenar a los grupos de 'antivacunas' que protagonizaron "amenazas, insultos y coacciones" a los responsables de algunos establecimientos que "cumplen con su obligación" al pedir el certificado. Es más, ha recordado que solicitó la colaboración de la Fiscalía para investigar estos casos.
Entre la oposición, el portavoz adjunto del PP José Antonio Rovira ha reconocido que los hosteleros prefieren el pasaporte antes que la reducción de aforos, pero ha dudado que sea obligatorio en un bar y no en un hospital o en el parlamento. Su compañera Elena Bastidas ha criticado después el "afán recaudatorio" del Consell, gobernando "a golpe de decreto", y ha pedido a Oltra más test y contratación de trabajadores en residencias.
Por parte de Cs, su portavoz adjunta Merche Ventura ha acusado a la Generalitat de "criminalizar" a los sectores donde es obligado el pasaporte, "convirtiendo a los hosteleros en policías". Ha reconocido que "puede convencer a algún despistado que no se ha vacunado", pero ha descartado que realmente sirva como sensibilización y ha rechazado que no se obligue a presentarlo a los trabajadores de residencias.
Y de Vox, su síndica, Ana Vega, ha cargado contra la obligatoriedad del pasaporte covid afirmando que es "una medida discriminatoria e inconstitucional para señalar al disidente e imponer la vacunación por la puerta de atrás", además de defender que en su partido no quieran decir si se han vacunado porque es algo que pertenece a la "intimidad".
Vega ha añadido que el certificado covid "desde el punto de vista jurídico es algo salvaje", que supone "pisotear a la hostelería como cabeza de turco" y que "no ha funcionado" ante la elevada incidencia acumulada. También ha señalado que Vox lo recurrió en los tribunales de justicia autonómicos como "paso previo para llegar al Tribunal Constitucional".
La socialista Rosa Peris le ha replicado acusando a este partido de alentar a los grupos 'antivacunas' y recordando que el 80% de ingresos en UCI por covid son de personas que no se han vacunado. "Afortunadamente, vivimos en un país democrático", ha recalcado, porque son medidas avaladas por los tribunales de justicia y "basadas en el sentido común".
También del Botànic, la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas ha recordado que el pasaporte covid es obligatorio para estos espacios en la mayoría de Europa y "no una medida del gobierno 'rojo' de Ximo Puig y Mónica Oltra", ha ironizado.
Y la diputada de Unides Podem Irene Gómez ha sostenido que cabe "reflexionar" sobre la finalidad de las sanciones y que deberían tener "cierta proporcionalidad" respecto a la capacidad económica de las personas que deben pagarlas.
Por otro lado, el socialista José Muñoz ha criticado que el líder del PP, Pablo Casado, prometiera este domingo en la clausura del XIV Congreso del PP de Castilla y León que si llega a la presidencia del Gobierno elaborará un sistema de financiación autonómica que cubra las necesidades de las autonomías en las que los servicios públicos cuestan más por la despoblación y la dispersión.
"Una vez más, el Partido Popular se posiciona en contra de los intereses valencianos", ha reprochado el portavoz de Hacienda del PSPV en relación al nuevo modelo de financiación autonómica por el que aboga la Generalitat, basado en el criterio de población ajustada.
