VALÈNCIA. El candidato del PSPV-PSOE a la Generalitat, Ximo Puig (Morella, Castellón, 1959), acudió días atrás a los desayunos electorales organizados por Valencia Plaza con el objetivo de presentar sus principales propuestas de gobierno si consigue ser reelegido como presidente del Gobierno valenciano el próximo 28M.
El formato de la cita fue, como viene siendo habitual, un desayuno en el céntrico restaurante Al Pomodoro, sito en la calle del Mar, en el que participaron redactores del periódico y colaboradores que plantearon diferentes cuestiones de la agenda política autonómica.
El encuentro se inicia con un breve balance de Puig sobre una legislatura "muy compleja" marcada por la pandemia y por la crisis generada por la guerra de Ucrania. "Hemos demostrado que hay formas de salir de una crisis que no generen más desigualdad y paro. Ese es el aval más importante con el que nos presentamos a las elecciones", reflexiona el presidente de la Generalitat, quien también pone el acento en "el cambio de paradigma" en la Comunitat Valenciana. "Nos vinculaban a la corrupción, al paro, al recorte masivo de servicios públicos... y esto ahora ha cambiado: generamos empleo, tenemos alianzas con los sectores productivos a través del diálogo social, atraemos inversiones, recuperamos servicios públicos... ", sentencia.
Preguntado por si teme que la próxima legislatura sea un mandato de recortes dados los mensajes que llegan desde Bruselas, el candidato socialista admite que hay que ser "más eficientes". "Pero si el gasto es inversión para mejorar el funcionamiento de la economía y que haya más igualdad, es imprescindible", comenta, para asegurar que no habrá "recortes en servicios públicos".
"Hemos logrado converger en la media nacional, así que no ha habido un gasto desorbitado. No podemos dar un paso atrás en las políticas sociales y en las de promoción e innovación hemos conseguido un avance espectacular, como así lo indica el índice de competitividad. Además, hemos accedido a fondos europeos que nos van a ayudar a acelerar la modernización de la Comunitat Valenciana", argumenta.
Uno de los objetivos no conseguidos durante el mandato de Puig ha sido la reforma de la financiación autonómica. El presidente de la Generalitat considera que hay "una responsabilidad del Gobierno" pero también "una responsabilidad de la oposición". "Esto sólo se puede conseguir a través de un gran acuerdo y en España en estos momentos es imposible llegar a un acuerdo hasta con una cuestión que debería ser casi automática, como es la renovación del Consejo del Poder Judicial", expone, para puntualizar que en este tiempo en el que la Comunitat Valenciana sigue infrafinanciada, el Consell "sí ha conseguido que se garantice la equidad". "Hemos puesto la partida reivindicativa en los presupuestos que se nos está financiando y en los últimos años, con Pedro Sánchez como presidente, ha aumentado la financiación real del Gobierno de España un 40%", subraya, si bien admite que esta "no es la solución".
El candidato socialista se extiende en este apartado para recordar la posición del Gobierno valenciano en la reforma. "Hay que tener en cuenta la población, las personas, como hecho fundamental del gasto, y a partir de ahí pueden haber miradas que entendemos que se deben complementar, como el envejecimiento, la situación de dispersión... pero estos no son los elementos que pueden fundamentar el sistema", recalca, para añadir que si la reforma va basarse en el modelo que quiere el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, posiblemente "no le interese a los valencianos". "Se trata de que sea un cambio de modelo justo para la Comunitat Valenciana y para el resto de España. Lo que hemos logrado con rigor es la constatación de que nuestra autonomía es la peor financiada y ahora debe haber la cohesión necesaria para que esto se resuelva", recalca.
Respecto a por qué no se activa un fondo de nivelación desde el Ministerio de Hacienda dado que el FLA habilitado por el Gobierno es, al final, un mero préstamo, Puig se muestra tajante: "Sí, es un préstamo que, en cualquier caso, no va a pagar la Comunitat Valenciana. La deuda producida por la infrafinanciación no la debe pagar la Comunitat Valenciana y en eso vamos a tener una posición de intransigencia absoluta, porque no tiene ninguna lógica que los valencianos paguen la deuda que proviene de la infrafinanciación", sentencia.
Respecto a los planes fiscales de Puig si vuelve a gobernar tras el 28M, el candidato socialista reivindica la "coherencia" aplicada en sus mandatos. Así, subraya que en el 2015, las rentas bajas en la Comunitat "eran las que más pagaban en España", mientras que las rentas altas "eran las que menos pagaban de España". "Cambiamos esa situación y ahora esto se ha visto reforzado por el acuerdo fiscal alcanzado por unanimidad en Les Corts Valencianas", explica Puig, quien se muestra favorable a estar "atento" a la evolución de la situación económica para tomar decisiones.
En cuanto a gravámenes concretos, apuesta por mantener el impuesto de patrimonio, si bien recuerda su propuesta de bonificar a las familias numerosas (que ahora pasarán a ser las que tengan dos hijos). Además, Puig pone sobre la mesa una actualización fiscal en el conjunto del país que de lugar a "nuevas fórmulas impositivas". "Lo que no puede ser es que la estructura fiscal de España sea la misma prácticamente la de principios del siglo pasado", comenta, para defender lo que califica como una "composición fiscal razonable" después de la reforma fiscal adoptada por el Botànic en la recta final de la legislatura.
"Sabéis que se produjo cierta contestación y abrimos algunos telediarios cuando anuncié la reforma fiscal valenciana, pero finalmente hubo acuerdo y creo que se puede ir modulando desde ese prisma general", concluye.
Una de las medidas estrella de Puig durante esta campaña ha sido el compromiso de que las familias con dos hijos pasen a ser numerosas con vistas a las ayudas establecidas. "Se trata de actualizar la realidad de nuestra comunidad: en este momento, las familias numerosas con el concepto actual son 66.000 familias; con nuestra medida se ampliará a 266.000 familias", comenta el candidato socialista, quien pone el acento en "garantizar que las parejas que quieran tener hijos no tengan una limitación de carácter económico".
En esta línea, Puig subraya el problema de la "falta de natalidad" y la "necesidad" de "abordar esa situación". "Sin paternalismo y sin hacer campañas propagandistas a los viejos términos. Aquí cada uno que haga lo que quiera, pero en una situación compleja por la inflación, queremos que una decisión tan importante no se tome en función de limitaciones económicas", comenta, para recordar que la actualmente sólo hay 1,2 hijos por familia de media.
Otro de los asuntos en el alero a lo largo de la legislatura es la recuperación del derecho civil valenciano, una cuestión apoyada por PSPV y PPCV pero que no termina de obtener luz verde por parte de sus direcciones nacionales. De hecho, se ha tratado de introducir la iniciativa en la reforma del artículo 49 de la Constitución que se encuentra en el Congreso, pero los dos grandes partidos no parecen dispuestos a aprobarla.
En este punto, Puig abre el debate para abogar por una reforma constitucional que resulta "imprescindible". "Hay que conseguir una Constitución del siglo XXI. Esto no quiere decir cambiar nada fundamental, pero por ejemplo hay que incluir el nombre de las comunidades autónomas, es importante garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y otras muchas cuestiones", enumera, para lamentar la "dinámica de confrontación negativa" que hay en la actualidad. "Tenemos que avanzar todos juntos. Espero que podamos hacerlo cuando acabe este ciclo electoral, porque en los parámetros en los que nos movemos hoy, nunca habríamos conseguido la Constitución", reflexiona.
En cuanto al derecho civil valenciano, el candidato socialista considera "absurdo" que la Comunitat no disponga de la legitimidad histórica que tienen otros territorios.
La vivienda ha tomado un protagonismo notable a lo largo de la campaña. El actual responsable del área en el Consell del Botànic, Héctor Illueca (Podem-EU), se muestra favorable a la intervención del mercado inmobiliario. Puig se inclina por un "gran acuerdo" en este ámbito con "todas las miradas". "Tenemos que aumentar, por supuesto, el parque de vivienda pública, en estos años se ha incrementado alrededor de 3.500, muy insuficiente, tenemos un parque de vivienda pública muy bajo, y esto no lo va a poder hacer solo la administración", explica Puig, quien apuesta por la cooperación público-privada para este objetivo.
Una de las críticas constantes de la oposición en esta legislatura ha sido el tamaño del sector público del Botànic. Sobre si debería adelgazarse, Puig aboga por ser "más eficientes". "Nosotros estamos trabajando con la Airef con la gestión de sanidad y vamos a continuar trabajando con el Ivie y con todos los instrumentos que tengamos para evaluar las políticas y ver cómo somos más eficientes. Así de lo que se trata es de gastar bien", argumenta.
Sin duda, uno de los arietes empleados por el PP en la campaña está siendo la situación de la sanidad valenciana, en especial, la atención primaria. El candidato del PSPV defiende los "avances" en este ámbito, con 16.000 personas más en el sistema sanitario desde 2015, pero admite la necesidad de ir "más allá", y pone el foco además en la "atención a la salud mental", donde "estamos ya desarrollando un plan con hospitales de día en todas las provincias". "Lo pusimos en agenda en una conferencia de presidentes durante la pandemia, porque es una cuestión fundamental que además tiene mucho que ver con jóvenes y adolescentes", especifica.
El presidente de la Generalitat defiende además la gestión de su gobierno en materia de infraestructuras sanitarias. "Hay 428 millones que están en marcha ejecutándose con grandes hospitales como el Hospital Clínico de València, o el de la Vega Baja, o el de la Marina Baixa... y hay 500 millones para la próxima legislatura en inversiones fundamentales, como el nuevo hospital Arnau de Vilanova en Paterna o el Espai Sanitari de Castelló", enumera.
No obstante, Puig hace una reflexión general sobre la situación general de la sanidad. "Estamos ya por debajo de la media de listas de espera de España, pero es cierto que tenemos que abordar además en todo el ámbito nacional una previsión de futuro para mantener un sistema que en sí mismo es un gran sistema de salud en relación a otros países. Por ejemplo, tenemos que aumentar la cartera de servicios por el envejecimiento de la población debido a la mejor calidad de vida", comenta.
Sobre esto, el candidato socialista expone su proyecto para un nuevo sistema sanitario valenciano de cara a la próxima legislatura: "Debemos tener unas dinámicas de gestión diferentes en algunos ámbitos, hay que ser capaces además de sumar recursos, sumar sinergias... Por ejemplo, tenemos un problema con los hospitales comarcales puesto que muchas veces los profesionales no quieren ir porque prefieren las grandes ciudades y tenemos que ver cómo se generan unas dinámicas para que esa proximidad no se pierda y para eso habrá que incentivar a los profesionales y buscar fórmulas de mayor cohesión en los propios departamentos, cambiar incluso los departamentos como tal, todo esto es lo que hay que abordar en esta gran reforma que yo propongo para los próximos años", analiza.
Uno de los asuntos estrella en este ámbito desde la llegada del Botànic a la Generalitat en 2015 ha sido el de las reversiones sanitarias. Puig admite que cuando se producen cambios de esta envergadura "siempre hay resistencias y problemas" y reconoce que es necesario "aprender de los errores que se hayan podido cometer en cada situación". El candidato socialista puntualiza que no se ha intervenido "rompiendo el contrato" en ninguno de estos casos, sino que se ha decidido "poner en marcha otro modelo cuando ha finalizado" para que haya "un modelo único en toda la comunidad y mejorar así la eficiencia".
Puig, en este punto, echa la vista atrás para recordar la ley de Ernest Lluch de 1986 mediante la que se produjo "la universalización de la sanidad pública gratuita" y fija como objetivo "buscar fórmulas de gestión que nos permitan hacer más con los recursos que tengamos", para recordar que desde el año 2015 hasta ahora el Govern del Botànic ha aumentado el presupuesto anual en Sanidad de 5.000 millones a 8.000.
"Ahora todo el sistema se va a desprivatizar dado que acaban los contratos en esta legislatura y debemos gestionar mejor, sobre todo garantizando los derechos del paciente", comenta Puig, para admitir que ha habido "puntos de fricción" con las concesionarias. "Es cierto que la empresa lógicamente quería mantener la gestión, pero creíamos que esto no era lo correcto. Ahora estos hospitales forman parte de la red pública y tienen más personal, más capacidad de respuesta y creo que se está produciendo un avance", argumenta.
Esta reflexión de Puig invita al debate, dado que hay más inversión y hay más personal, pero la sanidad no parece que funcione mejor. El presidente no coincide con esta visión y pone el acento en los "cambios de hábitos" tras la pandemia que a su juicio deben analizarse, abogando por un "reset" de la situación. "Al mismo tiempo diría que la cooperación público-privada está funcionando. Hace meses que implantamos que cuando una persona tiene una intervención que no se le puede sustanciar en 60 días por la lista de espera, se le facilita que se haga con el concurso concertado. También hemos aumentado el autoconcierto para los médicos que quieran hagan trabajos fuera de su horario laboral", explica, para insistir en ver "cómo se estabiliza la situación" tras la pandemia.
Con el envejecimiento de la población sobre la mesa, otro de los asuntos que surge es la gestión sobre la tercera edad y la dependencia. El candidato socialista recalca la necesidad de "situar a la gente mayor en el espacio de protagonismo que le corresponde". "Hubo un tiempo que las personas mayores eran casi como un tapón para las nuevas generaciones y ahora se ha pasado a despreciar la experiencia, cuando tenemos a las personas mayores también más preparadas de la historia y de alguna manera parece como si se les pretende almacenar", reflexiona, para mencionar como "buen paradigma" a Carlos San Juan, el jubilado que impulsó la campaña: "Soy mayor, no idiota".
En este apartado, el candidato del PSPV dibuja un escenario en el que resulta "fundamental" la "alianza generacional". "Los jóvenes son el motor de los cambios pero necesitamos una sociedad mucho más cohesionada y abordar una actualización del modelo desde el punto de vista del envejecimiento activo", comenta Puig, quien apuesta por un modelo en el que las personas "puedan estar en su domicilio a través de la asistencia domiciliaria y a través del fomento prioritario de centros de día". "Las residencias tienen que ser un espacio o bien de personas que ya no tienen capacidad de tener autonomía o también puede haber otros modelos de pequeñas residencias de personas que viven solas pero prefieren vivir de forma compartida. Pero un modelo diferente, un modelo mucho más humano, mucho más cercano que ese de las macroresidencias de 300, 400 personas que al final, a mi modo de ver, y aunque se trate bien a las personas, deshumanizan mucho", explica, para apostar por un "sistema de cooperación con los ayuntamientos y con el sector privado también para intentar dar respuesta a esa nueva manera de envejecer".
El candidato socialista también es inquirido respecto a la relación del Ejecutivo autonómico estos años con la enseñanza concertada. Puig admite que se empezó con "tensiones" pero que con el paso del tiempo, se ha comprobado que "ya no es un problema" gracias al "diálogo permanente".
En cuanto a la ratio de alumnos por clase, Puig incide en el aumento de "15.000 profesionales" en la enseñanza pública mejorará los números, aunque advierte que existen "grandes retos". "Por ejemplo, el otro día estuve visitando un colegio en Guardamar donde hay casi 30 nacionalidades, lo cual implica que debe haber un sobresfuerzo por parte de los profesionales. Por eso hay que tener más profesores porque si no, no se puede dar la enseñanza de calidad que queremos. Por tanto, en el ámbito de la educación, a pesar de que aún tenemos un gap importante, uno de los indicadores más positivos que hemos tenido en este tiempo es que ha disminuido prácticamente a la mitad el fracaso escolar".
Por otro lado, el candidato socialista pone el acento en "acabar de garantizar la escuela gratuita y universal de cero a dos años". "Después, en secundaria, vamos a ampliar también la gratuidad de los libros de texto a bachillerato y vamos a redoblar nuestra apuesta por la formación profesional con 150.000 plazas porque es, sin duda, la garantía de la mejor empleabilidad y también de dar respuesta a los sectores productivos", comenta Puig, para detenerse en las sinergias que se están explorando con las empresas para el aterrizaje del empleo juvenil. "Estamos negociando con empresas para que se instalen en la Comunitat Valenciana y muchas de las preguntas están relacionadas con la Formación Profesional, que tiene que ser dual, aunque es verdad que nuestra atomización empresarial nos lo hace difícil, pero estamos buscando fórmulas con las asociaciones empresariales para ello y así singularizar mucho más el proceso educativo. Hemos iniciado ahora por ejemplo en el caso de Volkswagen el Campus Battery, que no va a servir solo para esa multinacional, sino también para empresas relacionadas con las baterías o similares", relata.
Uno de los puntos de fricción especialmente en la recta final de la legislatura entre PSPV y Compromís se ha producido en la gestión de las plantas fotovoltaicas, que han sufrido un atasco relevante en la implantación. El candidato socialista defiende la "importante aceleración" en los últimos meses. "El objetivo de los 10.000 megavatios lo vamos a cumplir antes del 2030", sentencia, para recalcar que no existe "un planeta B" y la situación exige "adoptar soluciones". "A más renovables, menos combustibles fósiles. Nuestra gran oportunidad es que tenemos el petróleo del siglo XXI, que es el sol y el viento y lo tenemos que aprovechar. Primero, por razones de compromiso contra el cambio climático, por la descarbonización. Después, lo tenemos que aprovechar por razones de soberanía energética, para ser capaces de generar la energía que consumimos y poder exportarla. Y en tercer lugar, lo debemos hacer porque va a garantizar el estado del bienestar y porque va a signifcar recursos para la economía", expone el también presidente de la Generalitat.
Respecto a la tensión dentro del Ejecutivo sobre la instalación de las plantas, Puig reflexiona sobre el escenario general del debate. "Es obvio que tenemos que buscar la instalación de las renovables en aquellos espacios que causen menos impacto. Pero un impacto siempre causa, porque hacer un polígono industrial también causa impacto. Cualquier cosa que se haga en el territorio causa impacto. Lo que hay que hacer es minimizar el impacto y, sobre todo, no poner fotovoltaicas o cualquier tipo de actividad en espacios que estén protegidos. Pero más allá de esto, lo que se tiene que tener es determinación. Por eso, he propuesto que los municipios, las localidades que produzcan más energía verde de la que consumen, no solo se beneficien los ayuntamientos, que en definitiva se beneficie toda la sociedad, sino que se beneficien individualmente las familias que viven en esos municipios y que, por tanto, paguen menos factura de la luz", subraya.
Preguntado por los problemas relacionadas con el agua, Puig aboga por "dejar de hacerse trampas al solitario y buscar la confrontación permanente". "Creo que la vieja agenda del PP, que de vez en cuando resucita, ya no tiene ninguna lógica. La solución no es la confrontación estéril, no es hacer identitarismo con el agua, ni aquí ni en Castilla-La Mancha, ni en ningún sitio", sentencia, para proponer "un mix de recursos que mantenga a la huerta de Europa en las mejores condiciones y que sea competitiva, mejorando la inversión en depuración y reutilización".
Respecto al trasvase Tajo-Segura, Puig lo considera "irrenunciable". "No estamos en contra de los caudales ecológicos, estamos en contra de que se hagan caudales ecológicos que no respondan a la realidad ecológica. Queremos que el Tajo esté vivo absolutamente, tan interesados como está Castilla-La Mancha estamos nosotros", comenta, para añadir que el problema del Tajo "no está aguas abajo, sino aguas arriba, porque Madrid no depura".
Sobre si se ha sentido traicionado por la actuación del Gobierno por motivo del trasvase, Puig insiste en que en este asunto siempre han empleado la "reivindicación" y el "diálogo" para solucionar los problemas. "Vamos a defender siempre nuestros intereses en el agua, desde luego intentando orillar la demagogia, porque la demagogia es mala compañera y da mucha resaca", concluye.
Preguntado por los últimos incendios, Puig recalca que el mejor cortafuegos es "la urbanización del campo" y pone en valor los "abancalamientos productivos" para estos efectos. "Cuando se abandonan esas zonas, son tierras que están acostumbradas a producir por lo que suelen crecer enormes arbustos que generan un gran peligro porque son un combustible terrible", comenta.
"Lo que proponemos ahí es una alianza con los ganaderos y con los agricultores de secano para que sean capaces de continuar trabajando esas tierras, darles una ayuda de 2.000 euros por hectárea para que puedan ir trabajando y acordar, en definitiva, una especie de complementos al área de los campos. Y, en general, para hacer viable todo lo que es esa función que tiene que ver con la producción y tiene que ver también con el mantenimiento del sistema ecológico", explica.
Dos de los hitos más importantes para el Gobierno valenciano en esta legislatura han sido el mantenimiento de la planta de Ford en Almussafes y la llegada de la gigafactoría de baterías de Volkswagen. En este punto, Puig saca pecho especialmente sobre esta última cuestión: "Simboliza lo que es un plan de gobierno. Nosotros en el programa electoral de hace cuatro años hablábamos de intentar captar una gigafactoría cuando no estaba en el debate, lo que demuestra capacidad de anticipación y que tenemos un plan a corto, medio y largo plazo para la Comunitat Valenciana", relata, para poner el acento en que este logro se consigue "gracias al autogobierno". "Es importante recalcar esta cuestión cuando escuchamos ahora en las derechas que quieren recentralizar o que desaparezcan las autonomías", puntualiza.
El candidato socialista subraya que la gigafactoría "no es la solución definitiva para nada" pero lo califica como un "hito impresionante", especialmente por "el poder tractor" en la atracción de empresas vinculadas a la planta de Volkswagen.
En cuanto a la continuidad de Ford, Puig recuerda que la multinacional tenía dos opciones: Saarlouis o Almussafes. "Sólo hay que mirar lo que pasa allí ahora y la situación de desmantelación que se está produciendo, con el gobierno alemán tratando de inyectar fondos para reindustrializar de alguna manera esa zona", expone, para admitir, respecto a los ERE en la fábrica, que no se trata de pensar que Ford "va a tener la misma capacidad de producción o los mismos trabajadores que tiempo atrás". "Es evidente que el marco de la industria en el automóvil ha cambiado y eso va a generar dificultades y oportunidades, pero nosotros estamos en una buena situación", concluye.
Preguntado por la propuesta del candidato de Compromís, Joan Baldoví, de participar en las grandes empresas que recibieran ayudas de la Generalitat, Puig se desmarca con claridad. "No la veo una medida realista. Estamos viendo que Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, están ofreciendo unas ayudas enormes a las empresas. El problema es que nosotros competimos con el mundo en general. Por ejemplo, la gigafactoría que se va a instalar a Canadá va a tener más ayudas que la nuestra. Lo que pasa es que no solo vienen aquí por las ayudas. Si fuera por las ayudas, no vendrían. Igual que Ford no se queda por las ayudas, aunque se valora muy positivamente la actitud que ha tenido la Generalitat durante todos estos años".
El candidato socialista también es inquirido por el enquistado problema del nuevo Mestalla, un problema que también ha estado en primer plano a lo largo de este mandato. Puig recuerda que la cuestión reside en el Ayuntamiento de València pero lanza una reflexión a los propietarios del club: "Si la empresa no consigue reconectar con la afición, con la sociedad valenciana, debería pensar alguna solución. Porque ciertamente el Valencia CF es más que un club para la Comunitat Valenciana y representa una parte sustancial también de nuestra imagen, por lo que estamos preocupados dado que no puede ser un campo de conflicto".
En este punto, el presidente de la Generalitat recuerda que el papel del Ejecutivo autonómico viene "condicionado" porque en su momento "Camps (PP) se metió en camisa de once varas. Los gobiernos no estamos para jugar a ser empresarios futbolísticos", remacha.
Sobre la situación de la ampliación del Puerto, que sigue sin terminarse y ha generado también fuertes discrepancias entre PSPV y Compromís, Puig aboga por "el cumplimiento de la legalidad". "Si es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), es necesaria. Si no es necesaria, no es necesaria. Aparte de esto, a mí lo que me preocupa es que el puerto sea un buen instrumento para la economía valenciana", comenta, para puntualizar que el impacto que pudiera tener la ampliación "ya está hecho en lo fundamental".
"Creo que debemos aprovechar toda esa inversión que se hizo para generar más oportunidades para la economía valenciana, o si no, no sé cuál es la alternativa. ¿No hacer nada? ¿Destruir lo que se ha hecho?. No creo que sean alternativas viables. Por tanto, hay que buscar un equilibrio en el que se garantice al máximo la minimización del impacto medioambiental y descarbonizar definitivamente el puerto. Pero para mí, el puerto, tiene que ser una plataforma para la exportación y para la dinamización de la economía valenciana", argumenta.
Preguntado por la salida de la vicepresidenta del Consell y referente de Compromís hace casi un año, Puig opina que Mónica Oltra tomó "la decisión correcta". "No tengo mucho más que decir. Es una persona que fue un activo en un momento de cambio y en el gobierno de la Generalitat de esos años y le deseo lo mejor", comenta el candidato del PSPV.
Respecto a la relación con la coalición valencianista especialmente tras la marcha de Oltra, Puig recalca que existe "respeto" y "una relación leal". "Obviamente tenemos visiones diferentes en algunas cuestiones pero es que es lo que han decidido los ciudadanos: que lleguemos a acuerdos".
Respecto a la posibilidad de gobernar en minoría sin socios, algo que ya han rechazado Compromís y Podem-EU en público, Puig bromea: "De momento, tampoco les he pedido nada". "Como a cada candidato le pasa, yo aspiro a que en mi caso el Partido Socialista tenga la mayor representación posible porque así podríamos desarrollar el programa que, a mi juicio, necesita la Comunitat Valenciana. Pero al final serán los ciudadanos los que decidan y, en este tiempo, lo que hemos demostrado ha sido la capacidad de entendimiento por encima de las dificultades, con ocho presupuestos seguidos aprobados, cosa que no ha hecho ninguna de las cuatro autonomías más grandes de España. Hemos conseguido generar una estabilidad política que, junto con la estabilidad social, ha permitido situar a la Comunitat Valenciana como un foco de la inversión".
Sobre posibles líneas rojas en los pactos, Puig se muestra tajante: "Mis líneas rojas son que no voy a aceptar ninguna medida que afecte al crecimiento, al desarrollo económico y al desarrollo social de la Comunitat Valenciana".
El candidato socialista se muestra reacio a entrar en detalles sobre un futuro reparto de competencias en un hipotético Botànic III. "Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente", comenta, aunque ve positivo el mestizaje en las consellerias en los últimos ocho años. "Soy partidario porque eso ha generado una política de gobierno, que al final genera más dificultad probablemente en la gestión, pero al final es más productivo", opina.
También responde el presidente de la Generalitat preguntado por la investigación sobre presunto fraude de subvenciones por las ayudas públicas recibidas por las empresas vinculadas a su hermano Francis Puig. "Para empezar, es una empresa en la que trabaja mi hermano pero que tiene 100 accionistas, entre los cuales hay dirigentes del Partido Popular, algunos de los cuales se presentan ahora en las elecciones. Es una cuestión que si yo dejara de ser presidente se acabaría", asegura.
Además, también responde sobre las informaciones relacionadas con las facturas a la citada empresa en su época como alcalde: "Es de una indecencia manifiesta, porque se está intentando generar dudas sobre unas facturas de cuando yo era alcalde que pasaron por todos los controles y que no tienen ningún tipo de problema. De hecho, ya al anterior dirigente del Partido Popular se le pasó el informe y no hizo uso porque evidentemente sabía que no iba a pasar nada, porque esas facturas se le dieron hace años a la oposición cuando las pidió. La oposición siempre ha estado en el ayuntamiento y cuando yo estaba en ningún momento reparó en esta situación, ni tampoco el interventor. No hay problema, no hay caso", argumenta.
En este sentido, Puig considera que esta situación se debe a que el PPCV carece de "proyecto político". "Lo que intentan es manchar y decir que esto de la corrupción está muy democratizado. Y no, en la Comunidad Valenciana sabemos exactamente lo que hicieron durante toda la vida. Lo que hicieron es que aquí hay unos 140 condenados por corrupción vinculados al Partido Popular. En ocho años hemos levantado la hipoteca reputacional con cero condenados por corrupción. Ese es el gran cambio. Por lo demás, los juzgados han certificado que la Generalitat en ningún momento ha tenido ninguna actuación ilícita. Otra cosa es si la empresa en la que trabaja mi hermano en un momento determinado ha hecho alguna cuestión o no haya certificado bien unas facturas, yo no lo sé, eso es su problema. Y si esta empresa, como cualquier otra empresa, en un momento determinado hace alguna cuestión que no corresponde, pues evidentemente tendrá que aceptar sus responsabilidades", concluye.
El jefe del Consell también responde sobre el caso Azud, que indaga en una supuesta operativa de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Unas prácticas que se habrían desarrollado al menos entre los años 1999 y 2013 y cuyo principal ámbito de actuación fue el Ayuntamiento de València durante la etapa en el que el PP (Rita Barberá) se encontraba al frente. La causa tiene, sin embargo, a excargos del PSPV –o cercanos al partido– investigados y cuenta con una línea centrada en la presunta financiación en B de gastos electorales durante 2007 y 2008.
Puig subraya que los responsables políticos de aquel tiempo aseguran que no hubo "ninguna situación irregular". "Esperaremos a ver lo que dice la justicia. Lo que sí digo es que ninguna persona que tuviera una acción directa en ese ámbito está en estos momentos con ninguna capacidad de decisión y con ninguna responsabilidad del partido. Nosotros lo primero que hicimos siempre que hay alguna persona que está imputada es apartarla, cosa que no hace el PP, que mantiene a cargos imputados y reivindica permanentemente a la exalcaldesa (Rita Barberá), cuando todo nació precisamente en ese ámbito".