Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Diego Marín es el director general de prevención de incendios de la Generalitat Valenciana, un área que se encuentra dentro de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Accedió por primera vez al puesto en el año 2019, tras la toma de posesión del segundo gobierno del Botànic. Es ingeniero de montes e ingeniero técnico forestal.
Anteriormente, su carrera profesional se había desarrollado como funcionario dentro de los órganos de la Generalitat Valenciana, como Técnico Superior de Inspección y Gestión Forestal Sostenible de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental. Durante el año 2020, un ejercicio marcado por la covid-19, se muestra especialmente satisfecho de haber sido capaz de amortizar la mayor parte del presupuesto en materia de prevención de incendios forestales, a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia.
Para este 2021, su dirección general ha presentado la Estrategia Mosaico, un plan por el que se regirán todas las inversiones y que tiene como objetivo afianzar la lucha contra las llamas desde una perspectiva transversal: planificación, prevención, innovación y gestión. Cuatro palabras con las que se afrontarán materias tradicionales como los observatorios o las brigadas, pero que también abren la puerta a nuevos proyectos de renovación e I+D.
- En 2020, la Dirección General de Prevención de Incendios tuvo un presupuesto de 25,6 millones de euros. Una cifra que para el 2021 ha aumentado hasta los 27,1. ¿Dónde se va a notar este incremento?
La dirección general recibió 23 millones de euros para ejecutar entre 2014 y 2020 de los Planes de Desarrollo Rural de los Fondos Feder. El año pasado se quedó cerca de un millón de euros por ejecutar, de modo que se ha incorporado al presupuesto de 2021. Este dinero va principalmente destinado a las infraestructuras para la prevención de incendios. Es decir, mejora de pistas, depósitos forestales, áreas de cortafuegos, observatorios...
Luego, otra partida muy importante es la de 600.000 euros para ayudas y subvenciones. Estas se dividen en dos partes: por un lado, hemos habilitado 500.000 euros para apoyar los planes locales de prevención de incendios. Estas ayudas van destinadas a todos los ayuntamientos que ya han elaborado y ejecutado su plan, para que puedan a empezar a implementarlo. La aplicación de estas normas es responsabilidad del consistorio, que es el que también tiene que dotarlo de presupuesto, pero desde la dirección general hemos querido sacar estas subvenciones para complementarlo.
Y luego, también hemos puesto en marcha 100.000 euros de ayudas para buscar alternativas al uso del fuego en las quemas agrícolas. Por ejemplo, estos fondos podrán utilizarse para comprar maquinaria de trituración para los restos. Estos servicios suelen ofrecerlos los ayuntamientos o las mancomunidades, que son quienes hacen el esfuerzo económico.
- Por sí solo, el capítulo de inversión en obras también ha experimentado un aumento importante en cuanto a presupuesto, de 7 millones en 2020 a 8,5 en 2021. ¿Cuáles son las principales actuaciones?
Tenemos 4,6 millones de inversión de fondos propios, y luego 3,8 millones de Fondos Feder. Esto hace los 8,5 millones. Además, también estamos esperando que nos llegue la ayuda del Ministerio de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, de donde nos corresponden más de tres millones y medio a ejecutar entre 2021 y 2023. Así, para 2021 esperamos tener al menos 1,2 o 1,3 millones. Esto elevaría la cifra en inversiones hasta los 9,8 millones más o menos.
Con estos fondos, vamos a acometer diferentes obras. Algunas ya están en ejecución y otras todavía se encuentran dentro del proceso de adjudicación. De las que ya están en ejecución, por ejemplo, tenemos la construcción de nuevos depósitos de agua para la prevención y la extinción de incendios. Serán 6 en Valencia, 5 en Castellón y uno en Alicante. En total, suponen una inversión de 2,3 millones de euros.
Luego también tenemos el mantenimiento de depósitos por 800.000 euros o la adecuación y mejora de pistas forestales en Chelva y Muela de Cortes, por 995.000 y 498.000 euros cada una. Finalmente, en adjudicación está la apertura de nuevos cortafuegos en la demarcación de Xàtiva, por medio millón, la mejora de acceso a observatorios por 600.000 euros, o la gestión de infraestructuras a través del tratamiento de la vegetación en Muela de Cortes por 1,5 millones.
Por último, los fondos que nos llegarán del gobierno de España estarán destinados a proyectos de investigación como, por ejemplo, la puesta en marcha de un servicio de estaciones meteorológicas para la detección de rayos, puesto que un cuarto de los incendios en la Comunitat Valenciana se inician con este fenómeno. También se contempla dentro de este montante la teledetección de incendios a través de cámaras infrarrojas, un proyecto que aún está en estudio y que se empezará a aplicar como prueba piloto en algunos observatorios.
- ¿Cómo se ha calculado la cantidad que llegará a la Comunitat Valenciana para prevenir incendios, como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia? ¿Es suficiente?
A LA COMUNITAT LE HAN TOCADO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN 3,8 MILLONES A EJECUTAR entre 2021 y 2023, QUE ES POCO
El gobierno dispone de 1.260 millones de euros dentro del apartado para generar ecosistemas e infraestructuras resilientes. De esta cantidad, 300 millones son para prevención y extinción de incendios: 230 los ejecutará directamente el ministerio en asuntos como las brigadas de prevención, y los otros 70 es lo que queda para las comunidades autónomas.
A la Comunitat Valenciana le ha tocado el 5,52%, o lo que es lo mismo, 3,8 millones de euros a ejecutar en tres años, que es poco. Se supone que la cantidad se ha calculado en función de nuestra superficie forestal, pero es cierto que se queda muy corta. De hecho, 70 millones para las comunidades autónomas es una cantidad demasiado baja. Quiero pensar que esto se ha repartido así porque las cosas se han tenido que hacer rápido, pero espero que en los próximos años la partida para prevención de incendios aumente.
- ¿Con qué medios humanos contará la dirección general en este año 2021?
Este año vamos a incorporar a una persona más en cada territorial (Castellón, Valencia y Alicante), y también un técnico a la dirección general. Actualmente, en cada territorial hay una o dos personas, y luego somos 15 en la gestión diaria de obras y servicios. El resto de las prestaciones se realizan a través de la encomienda a VAERSA, que es nuestro servicio más potente con el 60% del presupuesto. Ellos trabajan todo el año en las brigadas de vigilancia preventiva, pero en épocas críticas como verano pueden aumentar la plantilla hasta los 500. Entre sus tareas no solo se encuentra patrullar el entorno forestal en busca de incendios, sino que también formar e informar a la ciudadanía.
- ¿Cuál es el futuro de la prevención de los incendios, en qué herramientas de innovación se está trabajando ahora mismo?
Dentro de la Estrategia Mosaico, estamos trabajando en diversas acciones. Una de las más importantes es el análisis de la humedad del combustible vivo, porque la meteorología y el estado de la vegetación son dos condiciones que tienen mucha influencia sobre los incendios. Desde 2014 llevamos recopilando muestras de siete especies diferentes, para analizarlas una vez al mes e ir recogiendo datos sobre el nivel de humedad que tienen. Así, podemos saber sus tendencias y evolución dependiendo de la estación del año o de las precipitaciones.
El objetivo final es poder dar con un modelo matemático suficientemente fiable que nos permita conocer la humedad sin tener que ir a recoger muestras directamente, porque tener eso nos permitiría hacer un mapa de riesgo de incendios, que no es lo mismo que un mapa de peligrosidad de incendios. El de la peligrosidad es una foto fija, que nos explica cuál es en general la orografía del terreno y en base a eso nos podemos hacer una idea de cómo serán los incendios. Pero el mapa de riesgo nos dirá exactamente cuándo hay más probabilidades de que se produzca un fuego en una determinada zona, atendiendo al estado de la vegetación y su humedad propia de cada momento o estación.
Tener ese dato es de extrema relevancia, porque así sabremos qué comarcas corren más riesgo de incendios dependiendo del mes, y podremos distribuir la vigilancia y los esfuerzos donde verdaderamente hace falta.
- Este año ha sido el año con menos incendios forestales desde que se tienen registros. ¿Ha tenido algo que ver el confinamiento?
En 2020 registramos 252 incendios forestales, la cifra más baja desde que llevamos la cuenta. Además, también fue el año en el que menos hectáreas se quemaron, 697. Es muy complicado atribuir eso a un único motivo, pero lo que sí que está claro es que la lluvia tuvo mucho que ver. El 2020 fue un año pluviométricamente muy por encima de la media. Por ejemplo, en marzo y abril se acumularon lluvias cuatro veces por encima de lo habitual, y en enero tuvimos la borrasca Gloria.
Por poner un ejemplo, en abril hubo solo 3 incendios cuando la media de ese mes son 30. ¿Tuvo algo que ver el confinamiento? Puede ser, porque posibilitó que hubiera menos gente transitando por el campo. Ahora bien, en enero tan solo hubo 4 incendios, lo que supone una rebaja del 86% con la media, y ahí no había estado de alarma. Por lo tanto, se puede decir que el confinamiento a lo mejor tuvo algo que ver, pero la causa principal fue la lluvia. Eso, y los esfuerzos de las brigadas y vigilantes, claro está.
- Precisamente hablando de imprudencias, ha sido muy polémico últimamente el asunto de las quemas agrícolas y los peligros que conllevan...
En 2020, hubo 20 incendios provocados por quemas agrícolas. 20 de 152. Eso quiere decir que el número no llega a representar ni el 8% del total de los incendios que se registraron. Pero es que además en materia de hectáreas tampoco han sido los más virulentos, porque quemaron 14 de 697. Está claro que lo más sencillo sería prohibirlas del todo y eliminar el riesgo, pero es que de momento todavía no hemos llegado a ese punto. Para prohibir las quemas agrícolas primero necesitamos dotar de alternativas a los agricultores para que puedan deshacerse de los restos de sus campos, como la trituración o la reutilización en depósitos de biomasa.
Estamos trabajando en ello y esperamos que en el futuro podamos conseguirlo. Pero, de momento, prohibir sería un error porque además la inmensa mayoría de los agricultores en zonas forestales son personas mayores a las que si les ponemos demasiadas trabas acabarán abandonando los campos. Y estos campos funcionan como cortafuegos y sistemas de protección. Lo último que necesitamos ahora mismo es seguir aumentando nuestras hectáreas de suelo forestal sin mecanismos de control como cultivos o ganadería sostenible.
