Hoy es 14 de agosto
Si no fuera por lo dramático del momento actual, en plena sexta ola de la pandemia, podría decirse que el último “Informe Especial de Supervisión de los Contratos Tramitados por Vía de Emergencia”, publicado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), contiene uno de los ejercicios de ironía más sutiles (¿involuntario?) que han podido leerse en el 2021 recién concluido.
El documento, de obligada lectura, es un relato demoledor sobre la gestión que, dolosa, culposa o precipitadamente, han realizado las distintas administraciones para proveerse del equipamiento y de las infraestructuras necesarios en la lucha contra el coronavirus. Y de entre el rosario de lamentos de Oirescon destaca uno: el listado de contratos ordenados según su objeto.
En primer lugar, aparece un epígrafe lógico (“Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal”, con el 40,46%), pero resulta difícil conciliar muchos de los conceptos que se citan a continuación con un tipo de compras orientadas a responder a una situación excepcional y a desarrollar en un marco temporal obligadamente corto.
Es entonces cuando los autores del Oirescon se desquitan con ingenio versallesco: “Todo lo anterior pudiera servir como herramienta en la planificación y programación de cara al futuro, y prever, por tanto, posibles desabastecimientos y falta de cobertura asistencial que situaciones pandémicas como a la que aún hoy nos enfrentamos han provocado. De este modo, se evitaría en cierta medida y reduciría el posible abuso de la figura del contrato de emergencia con los riesgos que conlleva”.
Aquí nos encontramos, en fin, concluido 2021, con la necesidad de hacer balance acerca de si hemos logrado aprovechar la ola de energía innovadora que se suscitó en los primeros meses de esta terrible pandemia. Cuando muchos talentos unieron fuerzas para generar respuestas ante la asfixia que atravesaban los sistemas de salud por la escasez de mascarillas, EPI o respiradores.
La secretaria general de Innovación del Ministerio, Teresa Riesgo, se mostró visiblemente emocionada cuando le pedí, en un evento organizado por Fedit en Madrid, que explicara cómo fue la tarea de coordinar a universidades, centros tecnológicos, empresas y startup en esa ilusionante tarea colectiva. Se improvisaron fab-labs, con Arduino e impresoras 3D, y muchas empresas del textil, el plástico o de componentes del automóvil se reconvirtieron para proveer de elementos de protección sanitaria. ¿Cuál iba a ser el destino aquella innovación a medio plazo?, nos preguntábamos. No era el momento de pensar en eso.
En la Comunitat Valenciana hubo muchas iniciativas de este tipo, difíciles de prever antes del estresante impacto del coronavirus. Unieron fuerzas Ford, Celestica, la Universidad Politécnica de València y los centros tecnológicos de Biomecánica (IBV) y del metal y el mueble (Aidimme), por ejemplo, para diseñar respiradores que probaron durante tres meses en una explotación porcina, antes de recibir el certificado de la Agencia Española del Medicamento.
Tanto esta alianza como otras, como la que protagonizaron Power Electronics y Temel, han dejado de estar operativas, aunque estos últimos llegaron a fabricar medio millar de respiradores, aproximadamente la mitad de los cuales recabaron en el sistema sanitario valenciano. En realidad, la reconversión industrial que más poso ha dejado ha sido la del sector textil.
La Generalitat correspondió a este ejercicio de responsabilidad presentando un Acuerdo Marco autonómico de compra de suministro para la lucha contra el Covid-19, por valor de 240 millones de euros, con el que se descolgaba del estatal, y anunciando, hace justo un año, que un 30% de los contratistas serían empresas de la Comunitat Valenciana.
Estos son los datos. De las 21 empresas con sede en la Comunitat Valenciana incluidas en el Acuerdo Marco autonómico, según la información disponible en la Generalitat, 13 fabrican en España: Aljajara, Belpla, Prosan-Mila-Rosa, Cañete, Marie Claire, Diseños Medi, Calvo Izquierdo, Euromascarillas, Especialidades Médico Ortopédicas, Orliman, JPoveda by Essax, Dextro Médica y Francisco Orero, aunque estas dos últimas distribuyen producto hecho en Sevilla y Almansa, respectivamente. Es indudable que existe un esfuerzo de reconversión que hay que aplaudir.
El material que proveen el resto de empresas de la Comunitat Valenciana presentes en el Acuerdo Marco autonómico se fabrica en China (Comedic, Aljajara, El Corte Inglés, Euromascarillas, Luxury Goods Delivery, Hilaturas Temprado e Ibersurgical), Marruecos (Dismeval y Entidad Maya) y Turquía (Distribuciones Levantinas Sanitarias).
Entre el pragmatismo y la acción estratégica es donde hay que moverse. La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación y Comisionada para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección de Covid-19, María José Mira, me dice que “la covid-19 ha acelerado el proceso de reestructuración de la capacidad productiva, y para nosotros como Administración ha sido una gran oportunidad poder contar con un tejido productivo dedicado a la confección capaz de transformarse”. Otros territorios no han tenido esa suerte.
El caso es que resulta difícil encontrar un fenómeno con la energía disruptiva de una pandemia para movilizar tanto esfuerzo innovador en tan poco tiempo. No sólo había que dar servicio al ámbito de la salud, sino innovar en un nuevo modelo de socialización distanciada y privacidad monitorizada en campos como el educativo o el laboral.
La clave es si hemos conseguido consolidar ese trabajo de investigación y desarrollo, si hemos sido capaces de reconvertirnos como territorio. ¿Están nuestras organizaciones empresariales, lobbies varios de grandes y medianas compañías y startup, y dirigentes de la Administración alineados en esa dirección?
Martin Stewart-Weeks, fundador de Public Purpose, tras su paso por consultoras como PwC o Deloitte y compañías tecnológicas como Cisco, habla de un “dividendo Covid” y lo define como “el valor que obtendremos de las reformas, cambios en el comportamiento y otras innovaciones que fueron causadas, impulsadas o aceleradas dramáticamente por la pandemia de covid-19, pero brindan mejoras sostenidas en los ámbitos social, económico, ambiental, institucional, personal y comunitario”. Cuál es el valor de ese dividendo en la Comunitat Valenciana.
Europa sí está por la labor, como ponen de manifiesto foros como el EIT Health, Interreg Europe o Smart Specialisation Platform. Ha lanzado el ERAvsCorona Action Plan que incluye diez medidas a corto plazo para promover la innovación y la investigación contra el coronavirus, entre ellas distintos fondos orientados a apoyar a centros de investigación y compañías innovadoras. Y seguirá apostando por esta línea de trabajo en el programa Horizon Europe.
La respuesta a la tragedia de hoy, si está basada en el conocimiento, servirá para reforzar la competitividad de nuestro tejido productivo a largo plazo. La urgencia que sentimos en su momento por la falta de acceso a determinados productos de salud responde en realidad a una cuestión de soberanía tecnológica, de dependencia del exterior. Por eso, la gran cuestión que debemos formularnos tras esta crisis es si el ‘dividendo Covid-19’, en materia de innovación, que se ha generado en la Comunitat Valenciana lo vamos a cobrar nosotros o los ecosistemas innovadores de otros territorios.