Rita Barberá, ex alcaldesa de Valencia. El actual gobierno municipal alerta de que con el PP al mando no existía "control" para las empresas de más de un millón de euros de facturación mientras que con los impuestos generales para toda la ciudadanía había "un control a rajatabla"
VALENCIA. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el Partido Popular desde 1991 y con Rita Barberá al frente, no realizó inspecciones en los últimos diez años para analizar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que afecta a las grandes empresas. En concreto, a las que facturan más de un millón de euros.
Así lo aseguran fuentes del actual gobierno municipal, que subrayan no haber hallado ningún mecanismo de "control" de estas características desde el año 2005 hasta el pasado ejercicio. Es decir, tal y como explicaban desde el entorno de la Alcaldía que lidera Joan Ribó, "quizá unas empresas pagaban, otras posiblemente no lo estaban haciendo o tal vez no estaban pagando lo que realmente les correspondía".
Cabe recordar que el IAE es un tributo fundamental para las arcas del consistorio, concretamente, el cuarto más importante en recaudación por detrás del IBI, el impuesto de circulación y el de plusvalía. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia ingresó 19 millones de euros en 2015 por este gravamen, una cifra similar a la que se produjo en años anteriores. Según los datos de las cuentas anuales, en 2012 se recaudaron 19,6 millones de euros, en 2013 18,7 millones y en 2014, 19,3 millones de euros.
Estas cifras, que podrían parecer considerables a primera vista, generan no pocas dudas en el actual gobierno municipal liderado por Compromís en pacto con el PSPV y València en Comú. "Es imposible saber si puede haber existido una bolsa de fraude y a cuanto ascendería dado que no se han producido las inspecciones", explican las citadas fuentes, si bien señalan que en 2007 se produjo una actuación puntual.
Joan Ribó, alcalde de ValenciaEn este sentido, cabe recordar que la ausencia de inspecciones (2005) coincide con la entrada en vigor (2004) del decreto que establecía el citado impuesto que se le cobraría a las empresas de más de un millón de facturación. "Al parecer, se decidió que no era necesario vigilar o supervisar a estas sociedades. En cambio, con los impuestos generales que afectan a toda la ciudadanía sí que se aplicaba un control a rajatabla", subrayaron fuentes del actual gobierno local.
No es la única situación relacionada con la gestión tributaria que ha sorprendido al actual gobierno municipal. Las citadas fuentes señalaron a este diario que el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) "nunca" se ha inspeccionado por parte del Ayuntamiento.
En este sentido, desde el consistorio apuntaron que la intención es adoptar medidas en breve -ya se están estudiando- para dar un impulso a los mecanismos de control sobre el IAE y sobre el Icio. Una iniciativa que, lógicamente, incluirá reactivar con intensidad las inspecciones y que permitirá, a juicio de las citadas fuentes, "actualizar el rendimiento de estos tributos y, posiblemente, incrementarlo".
