El Ayuntamiento de Valencia recurre para evitar hasta 1,2 millones de multa por la encuesta fallera

VALÈNCIA. (EFE). El equipo jurídico del Ayuntamiento presentará alegaciones al requerimiento que la Agencia de Protección de Datos ha hecho a raíz de la conocida como "encuesta fallera" por la supuesta utilización fraudulenta de su contenido.

Recientemente, el presidente de la gestora del PP municipal, Luis Santamaría, informó de que la Agencia de Protección de Datos había abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento por dicha encuesta, en al que "se preguntaba por cuestiones como las afinidades políticas o la religión de los participantes".

Santamaría preguntó quién se haría cargo del pago de la multa, en caso de que la sanción prosperase, que supondría un mínimo de 300.000 euros y un máximo de 1,2 millones.

Por el contrario, desde el Consistorio se ha informado este lunes de que solicitará al mencionado órgano el archivo completo del procedimiento que ha abierto, "ya que la sanción se basa en la tenencia y utilización de datos de carácter personal de las personas encuestadas, hecho que nunca se ha producido".

Además, los técnicos del Ayuntamiento señalan "que hay una serie de incoherencias muy importantes que a efectos prácticos deje sin motivación el expediente".

De hecho, desde el Ayuntamiento se ha insistido "en el hecho de que nunca se han tenidos datos de carácter personal de las personas encuestadas, hecho que inhabilita el procedimiento de la Agencia de Protección de Datos, ya que basa toda su motivación de las supuestas infracciones en ese punto".

"Motivación estrictamente política"

Por su parte, los responsables de la Concejalía de Cultura Festiva aseguran "que esta actuación solo se entiende por una motivación estrictamente política y no desde un punto de vista jurídico".

Además, en la Concejalía han incidido en el hecho "qué la empresa -de una reconocida solvencia y experiencia en el ámbito de la demoscopia- destruyó esos datos -de validación, normales y habituales en todas las encuestas- el día 1 de julio, tal y como comprobaron dos técnicos de la Agencia de Protección de Datos. Y en el informe elaborado por la Agencia así se reconoce. Por lo tanto, cuando dan un plazo para destruirlas se está cayendo en una incomprensible contradicción".

"En todo caso, este es un punto secundario, porque la Agencia de Protección de Datos no ha hecho de momento ningún requerimiento a la empresa encuestadora, sino al Ayuntamiento, quien nunca ha tenido en su posesión ningún tipo de datos personales, tal y como comprobaron los inspectores de la Agencia", han agregado las mismas fuentes.

Por otra parte, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha cuestionado este lunes "si el PP municipal tiene información privilegiada cuando han asegurado públicamente de que el Ayuntamiento será multado -ya que el procedimiento está abierto y el consistorio debe presentar aún las alegaciones-".