Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) El Congreso ha aprobado definitivamente este jueves el proyecto de ley de consumidores vulnerables al ratificar las enmiendas introducidas a su paso por el Senado, entre las que se incluye la protección a las personas mayores frente a la exclusión financiera y se mejora la accesibilidad a través de la obligatoriedad del etiquetado en alfabeto braille.
En concreto, la enmienda transaccional introducida en el Senado que da un plazo de tres meses al Gobierno, desde la entrada en vigor de la norma, para que legisle contra la exclusión financiera a las personas mayores, ha sido aprobada con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto Ciudadanos que se ha abstenido.
El texto de la enmienda, que fue transaccionado en la Cámara Alta por todos los grupos sin Ciudadanos ni Vox, establece que "el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por 'brecha digital'".
Adicionalmente, y en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, el Ejecutivo adoptará medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las de edad avanzada.
Con ello, se busca que el cierre de oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales.
Otra de las novedades es que se garantizará la accesibilidad en los etiquetados de los productos para personas con discapacidad visual y
y desarrollará reglamentariamente etiquetados que garanticen la inclusividad de las personas consumidoras vulnerables.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha valorado como un "éxito para toda la sociedad" esta ley que ha vuelto este jueves al Congreso de los Diputados tras su paso por la Cámara Alta.
"Amplía los derechos de la sociedad, y esto también ha sido gracias a parte de la sociedad civil que ha empujado para luchar contra la exlusión financiera, y contra la discrimanción de las personas con discapacidad, especialmente al CERMI cuyas demandas desde hace décadas van iluminando espacios oscuros en nuestra legislación. Es un éxito para toda la sociedad", ha subrayado Garzón este jueves durante el debate de las enmiendas en la Cámara Baja.
Durante el debate de las enmiendas, todos los grupos han mostrado su apoyo al proyecto, excepto VOX, Ciudadanos y PP que han puesto pegas porque consideran que se aprovecha el texto para "legalizar la okupación de viviendas".
La diputada del PSOE Marisol Sánchez Jódar ha celebrado que esta es una ley "bonica" porque protege a los consumidores en situación vulnerable.
"Se amplía el tamaño de la letra en los contratos, se aprueba el etiquetado en alfabeto braille, se incluye la obligación de las empresas de prestar los apoyos necesarios, y respondemos a una cuestión de justicia generacional, respondemos a esa iniciativa de Carlos San Juan que a todos nos ha conmovido, garantizar la presencialidad de los servicios de la banca", ha resumido.
En todo caso, ha lamentado que "las bancadas de la derecha" hayan caído en la "demagogia" pues ha asegurado que "no es cierto que dé barra libre a los okupas", tal y como han criticado en el debate.
Así, la diputada del PP Carmen Riolobos ha anunciado su apoyo a las enmiendas transaccionales que luchan contra la exclusión financiera de los mayores que denunció el jubilado Carlos San Juan, aunque ha lamentado que, desde el punto de vista formal, esta ley es "una aberración" porque "blinda y legaliza la okupación de viviendas" y ha propuesto, en su lugar "una ley antiokupación" que obligue al desalojo de los okupas "en 12 días".
La diputada de VOX, Cristina Alicia Esteban Calonje ha dicho "no" a esta ley que califica de "atraco a mano armada a los españoles", de "salvajada que da amparo a la delincuencia", al incluir la suspensión de los desahucios. "Los okupas no son consumidores vulnerables", ha criticado.
En la misma línea se ha manifestado el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, quien considera que la ley supone avances para los consumidores vulnerables pero a la vez la ha calificado de "despropósito" pues la norma promueve, a su juicio, un mensaje de "okupa pero de buen rollo".
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Laura López Domínguez ha celebrado que las enmiendas introducidas al texto, incorporan la perspectiva de género, algo que ve necesario en "una sociedad con sesgos machistas"; garantizan la "accesibilidad", por ejemplo, a través del "etiquetado en braille", y la reversión de la "exclusión financiera" que afecta, sobre todo, a los mayores.
Mientras, el diputado de BNG Rego Candamil ha dicho que este proyecto de ley es "una declaración de intenciones que aunque necesarias son insuficientes" y ha pedido una "nueva regulación del sector bancario".
La diputada del PDeCAT Concep Cañadell ha celebrado que se incluya el concepto de consumidor vulnerable pero la lamentado que no se ofrece suficiente protección a la "vulnerabilidad lingüística" para que los ciudadanos puedan leer o firmar contratos en su lengua. También ha destacado que ven con buenos ojos que se proteja a los mayores de la exclusión financiera.
Finalmente, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria José María Mazón Ramos ha mostrado su apoyo a la ley y ha dicho que volverán a presentar las enmiendas de su partido que no han sido aceptadas, a otra ley en trámite. A su juicio, la ley establece "con acierto" que los consumidores vulnerables no son solo los "económicamente débiles" y "ensancha" el colectivo incluyendo a jóvenes, mayores o con discapacidad.
Según ha indicado el Ministerio de Consumo en un comunicado, con este nuevo texto, se consolida la figura de la persona consumidora vulnerable, un marco legal que permite corregir situaciones de indefensión, protegiendo a colectivos vulnerables (menores, personas con distintos tipos de discapacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización, entre otros) que pueden verse expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización.
