El Consejo de Transparencia acusa al Consell de "mirar hacia otro lado" ante sus peticiones

VALÈNCIA. Su situación no ha cambiado casi dos años después de llegar al órgano. Este martes, el presidente del Consejo de Transparencia, Ricardo García Macho, acudía a Les Corts para entregarle al president de la Cámara, Enric Morera, la memoria de 2016 de la comisión ejecutiva del organismo que preside. 

Un informe de 15 páginas que recoge, no solo los niveles de transparencia en los portales municipales de las tres capitales de provincia de la Comunitat o la cantidad de resoluciones y expedientes que han resuelto, sino también las exigencias que llevan demandando desde hace tiempo y que, de momento, nadie ha hecho por resolver.

Sus demandas son claras: una reforma "en profundidad" de la ley autonómica de Transparencia y Buen Gobierno para que dejar de depender de la conselleria que dirige Manuel Alcaraz y convertirse en un órgano estatutario, o, en su defecto, en una administración independiente. Pero no sólo eso, a pesar de que la Generalitat ha dotado al Consejo de 90.000 euros en los presupuestos de este año, García Macho resalta la situación "precaria" que tienen.

Así, en el informe recogen que la partida prevista para 2017 es "muy exigua", o que los miembros del Consejo no recibieron en todo el año anterior "ninguna cuantía como indemnización por asistencia a las reuniones" pese a que en el proyecto de Decreto del Consell que desarrolla la ley de Transparencia –todavía por aprobar- prevé unas cuantías de "300 euros para los vocales y 400 para el presidente".

Una situación y peticiones que el propio Consejo ha trasladado en numerosas ocasiones a "la clase política" y cuya respuesta es "mirar hacia otro lado". Así, también defendía la necesidad de que los componentes del Consejo, de acuerdo a como sucede ya en otros órganos de transparencia de otras comunidades autónomas, se dediquen en exclusiva a esta función. Pues de momento, los cinco compaginan el trabajo en el Consejo de Transparencia con la docencia universitaria.

García Macho admitía que "las cosas han mejorado" respecto a los inicios de la legislatura del Consell del Botànic, cuando tuvieron que hacer el trabajo "muy en solitario". No obstante, estimó que la precipitación con la que se aprobó la ley de Transparencia a finales de la anterior legislatura es lo que ha derivado en que actualmente se den problemas estructurales que no se han resuelto, mientras que las reformas de la norma no han sido "las adecuadas".

Aún así, el presidente del Consejo de Transparencia destacó que en lo que va de año ya han tratado 54 asuntos, mientras que el año anterior llegaron a 118 -de los cuales, según el informe, quedan por resolver 91-, entre ellos la petición de un investigador de Navarra de poder acceder a la tesis doctoral elaborada por Francisco Camps en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde dieron la razón al investigador.