VALENCIA. El Consell, a propuesta del conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, aprobó en su reunión plenaria de este viernes solicitar formalmente al Gobierno en funciones una solución que evite que la Comunitat deje de ingresar cerca de 138 millones de euros al año por el Impuesto de Patrimonio como consecuencia de la decisión de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado.
Este acuerdo concreta la estrategia a seguir por el Consell en este asunto que de no resolverse puede suponer una importante merma de ingresos en las arcas autonómicas justo cuando la Hacienda valenciana está más necesitada de recursos. El Consell reclama al Gobierno la “inmediata modificación” del real decreto ley 13/2011, de 16 de septiembre, con la finalidad de prorrogar desde el 1 de enero de 2017 la exigencia del gravamen de este impuesto.
Según recordó la Conselleria que dirige Vicent Soler en un comunicado, la prórroga de los PGE comportará que el Impuesto de Patromonio pase automáticamente a estar bonificado al 100% a partir del 1 de enero próximo. “Es necesario utilizar la política fiscal para redistribuir la renta, porque con la crisis económica las desigualdades han crecido de forma alarmante. El Gobierno central tiene ahora que demostrar en qué lado se sitúa”, manifestó Soler.
El Gobierno central recuperó el Impuesto de Patrimonio en 2011 para aliviar el desplome de ingresos tributarios de las comunidades autónomas por la crisis. Se hizo de forma temporal y con la idea de retirarlo en pocos años, pero la desaparición de este impuesto se ha ido posponiendo año tras año en los diferentes Presupuestos Generales.
La última prórroga al Impuesto de Patrimonio se introdujo en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, pero en los mismos se incluyó, como cada año, también la modificación del artículo 33 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio para aplicar sobre la cuota íntegra del impuesto "una bonificación del 100%" con efectos desde el 1 de enero de 2017.
La disposición que modifica el citado artículo 33 se ha venido cambiando cada año para aplazar otro ejercicio más la bonificación total del impuesto, pero el Gobierno en funciones no va a elaborar un nuevo presupuesto la la bonificación del 100% sobre el impuesto entraría en vigor el 1 de enero de 2017 con efectos desde el 1 de enero de 2018.
Según Soler, la "inacción estatal" en este asunto privará a la administración tributaria de la Generalitat desde el 1 de enero de 2017 de los ingresos derivados de Patrimonio, cuyas competencias de gestión, recaudación e inspección tiene cedidas.
En la Comunitat, según recuerda Soler, se ha rebajado la cuantía mínima exenta del Impuesto de Patrimonio de 700.000 a 600.000 euros, lo que amplió el número de contribuyentes obligados a declarar en 1.832. El nuevo Consell también creó una tarifa propia autonómica que incrementaba el tipo de gravamen en un porcentaje próximo al 25%.
Según la Conselleria de Hacienda, además de la Comunitat, varias autonomías han mostrado su malestar en las últimas semanas por la actitud del Gobierno central "temas clave" como la fijación del techo de gasto, el Impuesto de Patrimonio o la no convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) durante su periodo en funciones.
Para Vicent Soler, “según de qué tema se trate, el Gobierno central esgrime que está en funciones y evita actuar, o bien toma cartas en el asunto si considera que le interesa. Siempre, en todo caso, en función de sus intereses partidistas, sin que la prioridad sea el bienestar general de los valencianos”.
El conseller de Hacienda ha recodado que son los gobiernos autonómicos los que gestionan el estado del bienestar en sus territorios, y los que atienden la sanidad, la educación y el bienestar social de sus ciudadanos. “Por eso no entendemos que en temas cruciales para la financiación de estos servicios, no se cuente con nuestra opinión”, ha lamentado Vicent Soler.
