Puig dialoga con Soler y Marzà. KIKE TABERNERVALENCIA. El Consell presentó este domingo tras concluir el III Seminari de Govern celebrado en Sagunt las 50 medidas que se adoptarán de cara al próximo semestre. Un momento en el que también se aprovechó para dar cuenta del balance de cumplimientos de las anteriores convivencias del Ejecutivo valenciano que tuvieron lugar en Morella y Torrevieja anteriormente.
Así, en el cuadro aportado desde la Generalitat se aprecia que prácticamente el 100% de proyectos que se han puesto sobre la mesa en este año fruto de este tipo de reuniones se encuentran finalizados o en proceso de ejecución. Un dato algo maquillado si se baja al detalle de cada una de las consellerias: es cierto que el Gobierno valenciano ha avanzado en casi todas las materias previstas, pero también lo es que se advierten contradicciones en algunos casos, falta de fechas fijadas para los cumplimientos, retrasos evidentes y, a menudo, proyectos que se dan por concluidos sin que estén todavía en vigor ni hayan llegado a los ciudadanos.
Para los amantes de los números, en Torrevieja estaban pendientes de ejecución arrastrados desde Morella un total de 45 procesos de los cuales ahora se dan por finalizados 19. En cambio, de los comprometidos en Torrevieja, un total de 49, se consideran alcanzados una treintena, lo que indica que la ambición del Gobierno valenciano fue muy alta en el primer seminario del Ejecutivo, donde posiblemente se fijaron los proyectos y retos más complejos de la legislatura.
Por departamentos, posiblemente es en Presidencia, liderada por Ximo Puig, donde mayor celo aplican en ajustarse a la realidad en el balance. También en el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, aunque aquí sí se aprecian algunos pequeños 'debes' en el informe: por ejemplo, se da por concluido el proceso de la Ley de Juventud, Adolescencia e Infancia cuando se ha presentado el anteproyecto del primer punto y los otros dos se han segregado y pospuesto. Tampoco se aportan datos nuevos sobre el retorno en los centros de las personas que no pudieron hacer frente al copago confiscatorio o sigue en ejecución la revisión de las bajadas de grado realizadas por el anterior Consell sin que ofrezca una actualización de las cifras que sí se señalaron en Torrevieja.
En Hacienda, al margen de no concretarse un plazo para que el Banco Público se separe del IVF -en Torrevieja se apuntaba a finales de 2017- y algún retraso como el de la normativa reguladora de la caja fija, se dan como finalizados algunos compromisos como la reestructuración del IVF o el diseño del nuevo modelo instrumental del sector público que todavía se encuentran en proceso. Además, de lo acordado en Torrevieja, no figura en el balance información sobre el programa "Ni un municipio valenciano sin servicios financieros" acordado con la Diputación de Valencia.
En general, al elaborar el balance, desde el Consell se interpreta a menudo que aunque las leyes no se encuentren en vigor, su trabajo ha concluido. En el caso de Justicia, uno de los compromisos finalizados es la nueva Ley Electoral Valenciana, que se derivó a Les Corts y cuyo debate se encuentra todavía en comisión dentro de la reforma estatutaria. Por lo demás, al margen de algún concepto singular como Alcanzado-En ejecución que se utiliza para explicar la reforma del modelo valenciano de justicia gratuita, se mantiene -correctamente- todavía pendiente el anteproyecto de la nueva ley de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, en la que existe una fuerte disputa entre PSPV y Compromís.
En cuanto a Sanidad y Educación también ocurren algunos casos similares. La Ley de Muerte Digna se da por alcanzada aunque todavía está en fase de tramitación en el proyecto y se augura el cumplimiento del objetivo a lo largo de este año sin mayor concreción, mientras en Educación se aprecia un seguimiento bastante realista de su gestión aunque con varios cumplimientos sobre la bocina -el mismo mes de enero- y retrasos como el de la Ley de Mecenazgo.
En la cartera de Economía que dirige Rafa Climent se producen algunas situaciones llamativas. En concreto, dos compromisos (Ley de Comercio Sostenible y Decreto de Áreas Industriales) que aparecían como finalizados, ahora se consideran en ejecución y fase final de ejecución respectivamente, un ejemplo de cuán flexibles y subjetivos pueden resultar estos términos. En cualquier caso, este departamento sigue arrastrando los dos mismos proyectos que le quedaban pendientes de Morella sin avance reseñado.
En cuanto a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente se percibe un volumen legislativo complicado de abarcar. De hecho, esta cartera arrastraba diez procesos de Morella de los cuales seis aún siguen pendientes. Si bien el balance se intuye ajustado a la realidad, algunas de las iniciativas "en ejecución" como la Ley de Espacios Naturales Protegidos, la Ley de Agentes Medioambientales, la Ley de Pesca Continental o la Ley de Evaluación Ambiental parecen encontrarse en una fase "muy verde" todavía según se refleja en las observaciones. Otras, como la Ley de Caza Sostenible, ni siquiera se ha arrancado. A todo ello, hay que recordar todavía pendiente el anteproyecto de ley sobre envases que tanta tensión está generando en el Consell.
En cuanto a Vivienda, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, mantiene un buen ritmo de cumplimiento verídico aunque también da por finiquitados algunos procesos que están avanzados pero no en vigor o, por ejemplo, se calificada de alcanzado el pago de ayudas pendientes aunque, como el propio balance puntualiza, todavía no se ha concluido y se prolongará durante 2017.
Respecto al departamento de Transparencia, son fieles a la realidad en que buena parte de sus proyectos están en ejecución, lo que no indica que exista un problema de retrasos en varios compromisos que vienen de Morella, cuyas previsiones estaban con fecha de cumplimiento de varios meses atrás. De hecho, en el último semestre, de los cinco proyectos en marcha solo se da por concluido uno de ellos.
