VALÈNCIA. El Consell ya se prepara para asentar las bases del próximo ejercicio y lo hace sacando a información pública todas las modificaciones que acabarán formando parte de la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat que acompañarán a los presupuestos de 2020.
Se trata de la famosa Ley de Acompañamiento, donde suelen abordarse pequeños cambios que se quieren realizar en las diferentes normativas con el fin de no tener que tramitar la modificación de una ley al completo. Desde finales del pasado julio han ido sucediéndose las publicaciones de estas modificaciones que van desde Transparencia a Vivienda y que están en fase de alegaciones.
Unas modificaciones que han salido a información pública en plena canícula, cuando la mayoría de ciudadanos y organizaciones están en plena salida vacacional o reducidas al mínimo personal y cuyo plazo finalizará en pleno agosto, ya que son 15 días los hábiles para formular estas alegaciones.
Una de las primeras en publicarse fue la de Conselleria de Transparencia sobre la ley de Incompatibilidades. En este se propone la modificación de una artículo que califica de infracción grave "la presentación de declaraciones de datos o documentos falsos o que deliberadamente no se ajusten a la realidad", mientras que la nueva reza: "El suministro de datos o documentos que, deliberadamente, sean falsos, no se ajusten a la realidad, o estén destinados a propiciar una falsa apariencia de legalidad".
Otra de las modificaciones deja fuera del ámbito de la ley a aquellos altos cargos que o cargos honoríficos que no perciban retribución ni tengan atribuidas funciones ejecutivas o directivas. Mientras que la última se refiere a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, que aparentemente quedará reforzada al clarificarse sus funciones con una redacción más completa y menos ambigua, en la que se aclara que "dispone de capacidad inspectora ante posibles irregularidades o incumplimientos" de la ley.
En la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática también se han anticipicado al inicio de las negociaciones de los próximos presupuestos. Así, han propuesto la modificación Ley de la Función Social de la Vivienda para ampliar el plazo de duración de la iniciativa de cesión de viviendas de particulares a la administración valenciana para ponerlas en alquiler social a cambio de que el Consell se haga cargo de la rehabilitación del inmueble.
La vigente normativa, proyecto estrella de este departamento en la pasada legislatura, fija en un periodo máximo de seis años la cesión de los inmuebles a la Generalitat para que, a través de la red de intermediación, se disponga para su arrendamiento. Ahora, lo que se pretende es que el plazo sea mínimo de ocho años, debido a la nueva norma del Estado que amplía la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de 3 a 5 años o a 7 años si el arrendador es persona jurídica.
Desde la cartera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, también se han publicado en los últimos días varias propuestas de modificaciones de las normativas del Botànic aprobadas en Les Corts como la Ley del Taxi, la Lotup y la Ley de la Huerta.
En el primer caso, la reforma pretende incluir la posibilidad de la prestación de un servicio de taxi mediante un precio pactado previamente entre los usuarios y la persona que conduce el taxi que, en ningún caso, podrá superar el precio que habría resultado de la aplicación de la tarifa vigente”. Los taxistas ya han presentado sus alegaciones y proponen una ‘app’ al estilo Cabify para cerrar los precios de los viajes.
En la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) la propuesta de modificación obedece a una clarificación y simplificación de determinados trámites para reducir los procedimientos burocráticos y agilizar la implantación de actividades económicas bajo los criterios de sostenibilidad en el mundo rural. También, introduce una serie de correcciones técnicas para que tanto el personal técnico de la administración como la ciudadanía en general puedan efectuar una mejor interpretación de la norma.
En el caso de la Ley de la Huerta Valenciana, el departamento que dirige Arcadi España busca agilizar la recuperación de terrenos y edificaciones degradadas con la finalidad de impulsar la declaración de los Enclaves de recuperación de la Huerta. Para ello, plantea limitar cinco años la posibilidad de instar a su declaración por parte de la Conselleria tanto los que ya están identificados como las nuevas propuestas que los ayuntamientos realicen.
También se han planteado modificaciones desde la Conselleria de Igualdad sobre la Ley de la Infancia y la Ley de Familias de Acogida de la Comunitat Valenciana, donde se proponen cambios de las formulaciones de algunos artículos además de plazos como que la declaración de idoneidad para la adopción tendrá una vigencia de tres años revisable anualmente y no un plazo de un año revisable hasta tres, por ejemplo. Otras de las modificaciones propuestas son respecto a la Ley de Turismo, concretamente relacionadas con la clasificación de las infracciones realizadas en el ámbito turístico por los actores del sector.