Ximo Puig, reunido el pasado 19 de agosto con la patronal CEV y los sindicatos. Foto: GVAVALÈNCIA. Un plan de choque para aprovechar excedentes fotovoltaicos, un recorte del 20% en el consumo de las luces de Navidad y obligar a los supermercados y tiendas de alimentación a instalar vitrinas cerradas para los alimentos refrigerados. Estas son algunas de las propuestas que el Consell ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica para que sean tenidas en cuenta en el Plan de Contingencia que España debe remitir a la Comisión Europea a finales de septiembre para reducir la dependencia del gas natural ruso.
Las contribución de la Comunitat Valenciana a ese plan se concreta en ocho medidas elaboradas entre la Conselleria de Agricultura, Emergencia Climática y Transición Ecológica y la Conselleria de Economía Sostenible que ya han sido remitidas al Ministerio que dirige Teresa Ribera, quien había dado de plazo hasta el 31 de agosto las CCAA le enviaran sus propuestas.
Los ocho puntos cuentan con el visto bueno del Palau de la Generalitat, pero no han sido debatidos ni acordados con los agentes sociales. De hecho, han tenido conocimiento de las mismas una vez terminadas y enviadas al Gobierno, algo que ha generado sorpresa y malestar en la patronal porque algunas de las medidas les afectan directamente.
El plan para cerrar las zonas de alimentación refrigerada en establecimientos de alimentación, que implica la obligación para los supermercados de realizar inversiones para adaptar sus tiendas, no ha sido debatido ni acordado con el sector para estudiar su aplicabilidad.
El presidente de la patronal del sector, Pedro Reig, lamenta que el Consell ni siquiera les haya preguntado antes de elaborar sus propuestas para el Plan de Contingencia. A su juicio, imponer el cierre de las zonas refrigeradas a corto plazo en todos los establecimientos es "inviable técnicamente". El presidente de Asucova destaca que los supermercados ya están aplicando esa y "muchas otras medidas" progresivamente, lo que les ha permitido reducir entre un 30 y un 40% el consumo energético en supermercados nuevos o reformados.
"No sabemos de dónde sale la propuesta. Pero imponerlo aisladamente y a corto plazo, es inviable técnicamente aplicado a todo el sector de la alimentación", destaca el presidente de Asucova, quien considera que la prioridad, antes que las ayudas públicas, es que las medidas sean acordadas con el sector y viables.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, convocó hace apenas dos semanas al presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, y los sindicatos mayoritarios con motivo de la aplicación del decreto aprobado por el Gobierno, en vigor desde el pasado 1 de agosto y convalidado la semana pasada en el Congreso.
Tras esa reunión, Puig anunció ayudas financieras del IVF y la SGR para comercios y locales de restauración que deban realizar mejoras en sus instalaciones a raíz del decreto, que entre otras cuestiones limita la temperatura en esos establecimientos y les obliga a instalar puertas automáticas antes del 30 de septiembre.
Además, el jefe del Consell afirmó que esa reunión con patronal y sindicatos –a la que asistió el conseller de Economía, Rafael Climent, pero no la de Emergencia Climática, Mireia Mollà– era un "punto de inicio" porque el Gobierno aún tiene que presentar en septiembre un plan de contingencia "más detallado" en el que la Comunitat Valenciana quiere participar. Desde entonces no ha habido más reuniones previas al envío de las aportaciones valencianas al plan de contingencia que España presentará en Bruselas.
Preguntado al respecto, un portavoz de la Generalitat señaló este miércoles a Valencia Plaza que las propuestas que se les pidieron a la patronal y a los sindicatos para el ahorro energético serán debatidas en la Mesa de Diálogo Social que se celebrará este mes de septiembre con vistas a elaborar un plan de ahorro autonómico.
"Salimos con el compromiso de que las medidas se iban a consensuar con los sectores", señala Salvador Navarro, presidente de la CEV, en relación al encuentro con Puig del pasado 19 de agosto. Según el líder de la patronal autonómica, el Consell les requirió aportaciones para la aplicabilidad del decreto de ahorro aprobado a principios de agosto, pero no se abordó el futuro plan de contingencia del Gobierno.
Además de reducir un 20% el consumo en luces navideñas o el cerramiento de las vitrinas refrigeradas en los supermercados, el Consell aboga por dar más facilidades para el autoconsumo y las comunidades energéticas, así como campañas de concienciación social para el ahorro energético a través de mecanismos de difusión masivos. De hecho, un equipo de formadores itinerante recorrerá la Comunitat Valenciana para explicar las medidas de ahorro energético.
Según la secretaria autonómica de Transición Ecológica, Paula Tuzón, la reducción del 20% en el consumo de luces de Navidad, que deberá ser cumplido por los ayuntamientos "bajo su mejor criterio o estrategia", se ampliaría a cualquier tipo de iluminación pública.
Respecto al cierre de vitrinas, el departamento que dirige Mireia Mollà considera que se trata de una medida coherente con la obligación de cierre de puertas de los locales climatizados. "Debería establecerse un plan similar para proceder a esta transformación lo más rápido que sea posible", refleja el documento del Consell, que insta a establecer una línea de ayuda de carácter urgente para esta medida que tenga en cuenta para la concesión una acción "igualmente rápida" del beneficiario.
Tres de las ocho propuestas valencianas se centran en hacer que el autoconsumo individual y colectivo sea "más fácil, con menos limitaciones burocráticas, regulatorias y físicas", y favorecer la compensación de los excedentes, según Paula Tuzón.
Se propone un plan de choque que permita la compensación de excedentes generados por el autoconsumo para potencias hasta 1 MW, y eliminar los permisos de acceso y conexión para potencias de autoconsumo iguales o menores a la potencia contratada, al menos para instalaciones de potencia menor a 500 kW.
Este plan "debería completarse con un procedimiento ágil y rápido para la liberación masiva de excedentes hoy desaprovechados, con la posibilidad de transformación de los autoconsumos sin excedentes, en autoconsumos con excedentes acogidos a compensación en breve plazo de tiempo, para aquellos casos de potencias inferiores a 1 MW", incide el documento.
También se plantea regular la compensación de excedentes entre viviendas de un mismo propietario, dentro de la misma comercializadora; permitir el autoconsumo colectivo en 2 kilómetros de forma general y en 5 kilómetros para las comunidades energéticas, y una regulación especifica para estas comunidades.
Uno de los aspectos más acuciantes para la Generalitat es "solucionar urgentemente el problema de la remuneración de las cogeneraciones" derivado de la activación de la excepción ibérica el pasado 15 de junio. Esta excepción provoca que las cogeneraciones industriales no reciban el ingreso por el mecanismo de compensación, lo que ha provocado la paralización de muchas de ellas, y por tanto, la entrada de ciclos combinados de gas para sustituirlas, lo que supone un mayor consumo de gas.
Al respecto, Ximo Puig remitió la pasada semana una carta a la ministra Teresa Ribera para solicitarle que promueva o apruebe "cuanto antes" medidas de apoyo a la cogeneración de alta eficiencia energética con excedentes de producción de electricidad vertidos al Sistema Eléctrico.
En la misiva se indica que, incluso antes de que se iniciara la "actual e indiscutible" crisis energética hace más de un año, el sector cerámico viene soportando un régimen retributivo específico "insuficiente" por su "falta de actualización trienal de los parámetros retributivos" y que se ha agravado con la volatilidad de los precios de la electricidad en el mercado mayorista y el ascenso del precio de la energía primaria -el gas natural-.
Puig recuerda en la carta que todo ello aboca al cierre temporal de las centrales de cogeneración radicadas en la Comunitat Valenciana, lo que "supondrá un impacto directo sobre el proceso principal industrial que utiliza el calor residual del ciclo térmico empleado para generar electricidad, ya que al dejar de producir esta, no es sostenible económicamente producir el calor únicamente para dicho proceso, y de hacerse se perderían los clarísimos beneficios energéticos que hay detrás de esta tecnología".
Presidencia de la Generalitat dio a conocer el envío de esa carta a la ministra Ribera este miércoles, horas después de que Pamesa anunciase el cese total de la actividad de su filial Azuliber, dedicada a la producción de arcilla atomizada. La decisión implica la aplicación de un ERTE para sus 117 empleados.
