Banquillo de los acusados durante el juicio del 'caso Emarsa'.Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA (EFE). El exresponsable de Informática de la empresa pública Emarsa, que gestionaba las aguas residuales de València y su área metropolitana, ha sido el primero de los condenados por corrupción en esta macrocausa que ha ingresado en prisión.
Según han confirmado a EFE fuentes de Instituciones Penitenciarias, García, de 51 años, ingresó el pasado lunes en el centro penitenciario de Teruel para cumplir con la pena de siete años de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Valencia y que posteriormente confirmó el Supremo (con una rebaja de seis meses).
El alto tribunal consideró a este empleado de Emarsa, apodado "Chanín", como cooperador necesario de un delito continuado de malversación, en concurso con falsedad, con la atenuante de confesión y le condenó a siete años de prisión (anteriormente siete años y seis meses).
Entre los principales condenados se encuentra el exgerente de la empresa pública que gestionaba la principal depuradora de Valencia, Esteban Cuesta, que deberá cumplir una pena 12 años, y de diez para el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, expresidente de Emarsa y exalcalde de Manises, Enrique Crespo.
También se condenó al exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar, dependiente de la Generalitat) José Juan Morenilla a nueve años de prisión; y al ex director financiero de Emarsa Enrique Arnal.
Los principales responsables de la empresa pública que gestionaron la depuradora de Pinedo articularon "un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público".
"Para ello se concertaron con varios empresarios para que emitieran facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real, de modo que incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado", añade la sentencia.
La trama de facturación del caso Emarsa se desarrolló a través de tres vías: la retirada y gestión de lodos con elevados sobrecostes, la entrega de bienes o prestación de servicios inexistentes y el cómputo de gastos que no son fiscalmente deducibles, como viajes y regalos, que no tenían relación directa con su actividad.
El juicio por la pieza principal de este caso, que se pospuso dos veces, quedó visto para sentencia el 14 de diciembre de 2017, tras cerca de un centenar de vistas en ocho meses y siete años de instrucción, que llevó a procesar a exdirectivos de las empresas públicas Emarsa, Emshi y Epsar y a varios empresarios, por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad.
Es previsible que todos los condenados con penas superiores a los dos años ingresen en las próximas fechas en centros penitenciarios, tras haber agotado las opciones de recursos judiciales o haber interpuesto otros que no detienen ya su ingreso en prisión.
