Decía Francisco Camps la semana pasada que ya es casualidad que el auto de procesamiento contra él, su vicepresidente Rambla, su conseller Flores y algunos empresarios que construyeron el circuito de Fórmula 1 en València se hubiera notificado "el último viernes de precampaña" de las elecciones del 26M. La verdad es que más casualidad habría sido que se conociese dos viernes antes o dos viernes después, vísperas de sendas jornadas de reflexión.
De hecho, la petición de archivo del caso de la F1 por parte de la Fiscalía Anticorrupción se ha conocido este viernes, en el ecuador de la campaña electoral, coincidencia que desmonta las sospechas de Camps y evita que tenga que arriesgarse a coger la pallola en otra comparecencia al sol de La Marina con traje y corbata. (Veremos en que queda la amenaza del expresident, que según decía este sábado Las Provincias no ha presentado aún la querella contra la jueza y no la presentará si finalmente archiva el caso)
Las casualidades existen y las ‘casualidades’ con comillas también, pero son tantas que uno prefiere pensar que en dos meses electorales consecutivos la justicia no puede estar parada.
Sin ponernos tan puntillosos como el expresident, tenemos algunas que son para nota. Por ejemplo, el levantamiento del secreto del sumario del caso Alquería, después de diez meses de instrucción, a pocos días de cerrarse el plazo para confirmar a Jorge Rodríguez como candidato del PSOE a la Alcaldía de Ontinyent; la imputación de Isabel García cuando ya figuraba como número 4 de la lista del PSOE al Congreso por Valencia pero aún con tiempo para sustituirla, como acabó ocurriendo; el "nuevo informe de la UDEF" en el caso Alquería, conocido esta semana, que dice que la coalición Compromís –además de sus imputados– pudo beneficiarse de los enchufes en Divalterra...
Espera, que hay más: las nuevas imputaciones conocidas esta semana en el caso Alquería, que incluyen a dos alcaldes del PSPV candidatos a la reelección y al número dos de una lista de Compromís, que ya no da tiempo a quitar en caso de que los quisieran quitar. Porque quitan según el caso, que a Jorge Rodríguez lo fulminaron pero los tres partidos del Govern de la Nau que se han pasado cuatro años criticando que el PP mantuviera a nueve imputados –ahora 10– en el Grupo Municipal del Ayuntamiento de València llevan ahora imputados en sus listas, justo cuando el PP ha limpiado la suya.
No se vayan todavía: la investigación del caso Azud comenzó hace más de dos años pero la casualidad ha querido que fuera en la precampaña electoral del 28A cuando se desatara la operación que acabó con José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, en la cárcel y con la que se apuntaba como número dos en la lista de Vox al Ayuntamiento, Rita Corbín Barberá, imputada. Y fuera de la lista.
Otrosí: en poco más de un mes, el PSOE ha visto archivadas las dos últimas piezas del caso Crespo Gomar, de presunta financiación irregular en Gandia y Benidorm, donde el próximo domingo hay elecciones. ¿Y cómo interpretar la citación del presidente y la directora de À Punt, firmada por la jueza el 26 de abril pero notificada después del 28A?
Queda una semana de campaña electoral y muchos casos penales abiertos de los que cualquier novedad o desfile por el juzgado será pura coincidencia. Entre ellos, todos los asuntos del caso Taula/Imelsa, que se le está haciendo bola al instructor y a Anticorrupción después de cinco años de investigación. Y el del pitufeo, con medio centenar de imputados que llevan dos años y medio sin noticias del juzgado.
Ha sido marcharse Vicente Torres de la Fiscalía Anticorrupción y empezar a desmoronarse sus causas más mediáticas, las que probablemente lo auparon al puesto de magistrado en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el pasado 28 de febrero, aunque tomó posesión el 12 de abril.
Lo último ha sido la inesperada petición de sobreseimiento provisional de la causa de la Fórmula 1 realizada por su sustituto, Pablo Ponce, después de un duro auto de procesamiento de la jueza basado en la instrucción de Torres y en un informe de la Intervención de la Generalitat que Torres no llegó a leer porque entró en el juzgado el 1 de abril. Paradójicamente, es el mismo informe del que se valen Ponce y la defensa de Camps para pedir el archivo. El nuevo fiscal deja en evidencia a la jueza pero también a su excompañero, que recibió la denuncia del amaño de las obras a principios de 2017 y tardó un año en formular la querella... cuatro meses después de que el delito de prevaricación hubiera prescrito.
Quizás Vicente Torres se sintió Pat Garret a la caza de Billy 'el Niño' cuando fijó su objetivo en el caso Valmor en Camps y solo en Camps, pieza mayor. Investigó con tal obsesión, que logró la confesión contra el expresident de todos los colaboradores necesarios de los presuntos delitos, para acabar exonerando a todos menos al jefe. (De los pactos entre fiscales y corruptos ya escribí aquí)
De manera que cuando Torres formuló su acusación contra un Camps al que presentó como omnipotente, la jueza –no es la misma que la del caso F1– tiró por tierra su trabajo de tres años con un auto de archivo que tampoco destacará en los anales del Derecho Penal. Torres, que ya era candidato al puesto de magistrado en el TSJCV, ni siquiera recurrió. La Generalitat sí lo hizo.
El tercer asunto que Torres no acabó de cerrar fue el pacto con Rafael Blasco y su banda para ahorrarse el pesado juicio del caso del robo de dinero destinado al Tercer Mundo, pacto al que ya me referí en esta columna. Parece que a su sustituto, Jesús Carrasco, como a mucha gente entre la que me incluyo, le pareció escandalosa la componenda de comprar la rebaja de años de condena con el dinero que has robado y consiguió maquillarla con algunos meses más de cárcel, para cabreo de los abogados defensores que ya habían llegado a un acuerdo "no con Torres", alegaron, sino "con la Fiscalía Anticorrupción".
El juicio a Blasco, por cierto, empieza este lunes, en la recta final de la campaña electoral. Otra coincidencia.