El PP omitió en su denuncia contra Ribó una hoja "esencial" para el sobreseimiento del caso

VALÈNCIA. El tituar del Juzgado de Instrucción número 9 de València, Miguel Ángel Casañ, archivó este jueves la causa abierta contra el alcalde de València, Joan Ribó, tras ser denunciado por negar información al Grupo Popular en el Ayuntamiento, y lo hizo mediante un auto en el que desvela que el PP como acusación particular, sus diez concejales y el asesor Luis Salom, todos ellos denunciantes, omitieron la página final de uno de los documentos aportados, página que fue "esencial para la resolución" del caso. Además, critica que dejaran pasar el plazo para ejercitar unos derechos que luego denunciaron que habían sido vulnerados.

Según relata el magistrado, el documento número 8 de la denuncia recogía la decisión del alcalde de no facilitar la información solicitada por el PP, tras el recurso de amparo presentado por este grupo. Sin embargo, "dicho documento no se presentó de forma completa por los denunciantes, obviando la última página del mismo, donde aparecía, y firmado de puño y letra del concejal Sr. Crespo, su notificación". Félix Crespo es el concejal del PP que presentó la solicitud de información.

Añade el juez Casañ que, de acuerdo con la citada última página, el alcalde "en modo alguno dejó en desamparo a dicho concejal, sino que le indicaba los remedios frente a tal resolución, que no denegaba sino que difería a un momento posterior la entrega de la documentación solicitada". Estos remedios eran un recurso de reposición o un contencioso-administrativo. Según el auto, no consta que dichos recursos fueran formalizados en plazo "por quienes fueron notificados de ello", por lo que la consecuencia fue "la firmeza de dicha resolución por inacción de los propios ahora denunciantes". 

El auto judicial desvela también que fue el secretario general del Ayuntamiento de València, Francisco Javier Vila Biosca, quien aportó dicha página durante su declaración como testigo, página "que completa la resolución del amparo, en tanto que no figuraba, ya se dijo, dicha última hoja en el documento acompañado por el denunciante, siendo ello de una importancia máxima".

El juez concluye que ha quedado acreditado que los hechos "no son constitutivos de delito" y añade que, en todo caso, faltan dos elementos para que la actuación del alcalde tuviera consecuencias penales. Uno es el actuar "a sabiendas", cosa que no ocurrió porque Ribó "se basó y confió en el buen hacer del técnico en derecho y experimentado secretario general del Ayuntamiento, señor Vila Biosca". Y el otro es actuar "de forma arbitraria", pues confiando en el secretario general "suscribió la decisión con base jurídica suficiente para la denegación temporal de la información, cuya oportunidad de ser recurrida por los denunciantes se dejó correr, deviniendo firme".

El PP afirma que sí recurrió

No obstante, el PP asegura que sí presentó un recurso de reposición y critica que el juez basa el archivo de las actuaciones contra Ribó en que no se presentó dicho recurso de reposición cuando dicho escrito sí consta en la denuncia que originó este procedimiento. En declaraciones a Europa Press, Salom manifestó este jueves que "el 90% de la denuncia se basa en la negativa acreditada del alcalde a tramitar el recurso de reposición" y que "nueve meses después, sigue sin tramitarse ni resolverse". En concreto, el asesor sostiene que la presentación del recurso de reposición se basa en la denuncia en 29 documentos de los 37 que la sustentan.

Por ello, tras conocer el auto del magistrado, Salom como denunciante, los concejales como acusación particular y el PPCV como acusación popular anunciaron que recurrirán el archivo de las actuaciones al entender que el auto "obvia las resoluciones del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo y el Consell de Transparencia que dicen que el alcalde está obligado por ley a dar la información y reconocen que no la entregó durante más de 200 días". Además, aseguran que sí pidieron la información mediante recurso de reposición, al contrario de lo que explica el magistrado, que indica que no lo hicieron. De hecho, añaden que la Alcaldía continúa sin resolverlo.

La causa contra Ribó se abrió tras una denuncia del asesor del PP de València Luis Salom, a la que se sumó el PP como partido y los diez concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento, nueve de ellos imputados en el caso Taula al igual que Salom. A raíz de ello, fue citado como imputado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y vulneración de derechos de los concejales, por su negativa a que accedieran al expediente y la demora final en la entrega de la citada información.

Salom ha presentado alrededor de 15 denuncias contra concejales del Govern de la Nau, algunas de las cuales se han archivado y otras permanece en instrucción en diferentes juzgados, con varios ediles imputados.