VALÈNCIA. (EP) El PSOE y Unidas Podemos ultiman la negociación para cerrar los últimos detalles de las enmiendas conjuntas de cara a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' por sus detractores, y que versan entre otros asuntos sobre la prohibición de pelotas de goma en los protocolos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante incidentes en manifestaciones.
Además, según han explicado fuentes conocedoras de la negociación entre ambas formaciones, existe una propuesta de base aunque aún no es definitiva para impedir el uso de material que cause lesiones irreversibles en las intervenciones policiales cuando se producen incidentes en protestas.
Esta redacción, se dirige sobre todo a prohibir el uso de pelotas de goma por parte de agentes 'antidisturbios', dado que ha habido varios casos de manifestantes que han perdido visión total o parcial en algún ojo al recibir impactos de este material.
Las conversaciones se centran también en fijar una redacción definitiva al criterio de proporcionalidad en las multas a las personas sancionadas, ligado a la capacidad de ingresos de los manifestantes para propiciar reducción en los importes.
Específicamente, se discute sobre como reducir a la mitad la sanción para quienes cobren menos de 1,5 veces el SMI y otra franja del 25% para aquellos que se sitúen en la franja entre 1,5 y 2,5 veces del salario mínimo.
Este lunes y en rueda de prensa, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha subrayado que el acuerdo base con el PSOE para la derogación de la Ley Mordaza es una "excelente noticia" que garantizará el "disfrute" de libertades públicas, como es el derecho de manifestación y reunión.
El miércoles previsiblemente se cerrará el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley que impulsa el PNV y que ha estado parado durante más de un año. De esta forma, los socios de coalición se afanan en definir los últimos flecos sobre las propuestas de modificación de esta normativa, aprobada por el PP en 2015.
Durante las negociaciones que dirigen los secretarios de Estado Rafael Simancas (PSOE) y Enrique Santiago (Unidas Podemos), se han consensuado varios cambios a esta polémica normativa, como sacar del texto las referencias a los asuntos de extranjería, como es el caso de las 'devoluciones' en calientes de migrantes irregulares.
Otros aspectos son la retirada de sanciones en manifestaciones no comunicadas que se desarrollen de forma pacífica, pues solo comportarán consecuencias si se produce desórdenes públicos o violencia.
En cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos y ciudadanas, deberá contar por escrito la motivación del agente que lleve a cabo comprobaciones en la vía pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la "debida garantía de protección de la intimidad".
También se trabaja en la redacción de una enmienda conjunta para reducir el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente "alegada y verificable". Además, una vez concluida la persona identificada deberá ser "devuelta" al lugar desde donde fue la conducida a la diligencia de identificación si esta se hubiera realizado en otra localidad.
En atención a las reclamaciones de medios de comunicación, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Asimismo, las grabaciones de las intervenciones policías con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.
A su vez, las sanciones serán de índole restaurativo o resultado de la conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida. Por ello, se propondrá en los expedientes la resocialización por encima de la sanción y así eliminar la limitación actual para poder sustituir multas a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez.
