VALÈNCIA. (EP) El Partido Socialista, a instancias del grupo del PSPV-PSOE en el Congreso, ha pedido al Gobierno central, a través de dos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que abone a las comunidades autónomas el gasto real de pacientes nacionales desplazados programados, así como que el abono de estos pacientes y de los turistas nacionales se haga "sin retrasos de años".
El coordinador de presupuestos del PSPV-PSOE, Herick Campos, ha incidido en un comunicado en el perjuicio económico que ha supuesto para la Generalitat "la inoperancia y falta de puesta en marcha de los mecanismos de compensación, que asciende a 393 millones de euros e irá aumentando año a año".
Ha advertido que este problema es más grave en zonas turísticas, como es el caso de la Comunitat Valenciana. A esto se añade que sea la región "peor financiada de España", por lo que ha relacionado los retrasos con las consecuencias directas en la capacidad inversora y de preparación de servicios sanitarios.
Ante esta situación, el grupo socialista ha presentado dos enmiendas a los Presupuestos: la primera insta al Gobierno a aprobar en un plazo de seis meses la regulación del Fondo de Garantía Asistencial, mientras que la otra vuelve a establecer una consignación presupuestaria de 100 millones de euros para el Fondo de Cohesión Sanitaria.
Campos ha indicado al respecto que, aunque el Fondo de Garantía Asistencial se creó en 2012, las compensaciones por asistencia primaria y recetas de farmacia para desplazados nacionales no se empezaron a hacer efectivas hasta diciembre de 2013, por lo que "ha quedado pendiente abonar a la Generalitat 23,1 millones de euros".
"A esta situación se suma que no se esté liquidando el coste de la asistencia a pacientes derivados entre comunidades autónomas con carácter programado", ha añadido, un pago que "debe realizar el Gobierno y que, solo en 2017, ya asciende a 66,3 millones de euros".
Y ha denunciado que "dado que en 2013 se eliminó la consignación presupuestaria del Fondo de Cohesión Sanitaria y se estableció un mecanismo de ingresos a través de aportaciones de las comunidades en función de los pacientes desplazados que trataba cada una, ha habido retrasos en las liquidaciones". Esto, para la Generalitat, ha supuesto que "dejara de recibir 11,3 millones de euros en 2015 y 4,3 en 2016".
Por otro lado, el PSOE también ha solicitado que se deroguen todos los artículos del Real Decreto Ley 16/2012, que "limitaba el carácter universal de la sanidad; por lo que, de aprobarse, la Generalitat podría dejar de asumir la atención sanitaria universal que garantiza en la Comunitat con sus propios fondos", ha subrayado el parlamentario.
Herick Campos ha pedido a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y a otros dirigentes 'populares' que "dejen de ser delegados de Génova" en la Comunitat. "Están cambiando cargos por silencio", ha aseverado.
De lo contrario, a su juicio, "no se entiende que no solo callen, sino que además aplaudan que la Comunitat esté a la cola de la inversión por habitante en España, con un déficit de inversión para 2018 de 334 millones de euros".
