VALÈNCIA. El Puerto de Valencia no podrá aprobar la polémica ampliación norte al menos hasta después del verano. Su consejo de administración se reúne este viernes por primera vez desde la salida del estado de alarma pero el otorgamiento a MSC de la concesión para explotar la nueva terminal de contenedores, que quedó en suspenso por la crisis de la Covid-19 no está entre los temas a tratar.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, tenía previsto aprobar el otorgamiento de la concesión definitiva en el consejo de administración del pasado mes de marzo, pero la crisis sanitaria por la pandemia y la consiguiente declaración del estado de alarma obligó a posponerla al quedar en suspenso todos los procesos administrativos.
Sin embargo, una vez superado ese estado y restablecidos los plazos administrativos, la APV no podrá continuar la tramitación porque aún no cuenta con el visto bueno de Puertos del Estado.
Para poder aprobar la concesión de la terminal a MSC una vez incorporadas a su proyecto algunas de las alegaciones presentadas, la APV necesita que el organismo dependiente del Ministerio de Fomento apruebe las últimas modificaciones realizadas en el anteproyecto constructivo de la ampliación.
Se trata de dos cambios sustanciales sobre la obra prevista que implican renunciar a sus aspectos más controvertidos para tratar de desactivar el rechazo al proyecto por motivos medioambientales: el dragado del canal de acceso y la prolongación del dique de abrigo de la dársena.
Esas modificaciones han requerido la revisión del anteproyecto constructivo de la ampliación norte, que debe ser validada por Puertos del Estado con la emisión de un informe que valore esos cambios. Este paso es decisivo para resolver el pulso que por el momento mantiene paralizado el proyecto: el de la necesidad de tramitar o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Según explicó Aurelio Martínez tras la última reunión del consejo de administración del Puerto de Valencia, celebrada en mayo, sus técnicos habían remitido al organismo dependiente de Fomento la versión definitiva del anteproyecto constructivo de la terminal de contenedores a la que aspira MSC, ya sin el dragado marino de 350 hectáreas frente a El Saler ni la prolongación del dique de abrigo.
Según Martínez, la respuesta del organismo que preside Francisco Toledo era cuestión de días, pero la realidad es que la autorización para continuar adelante con la tramitación no llegará a tiempo de poder ser aprobada este mes y, con toda probabilidad, tampoco en el consejo de administración de julio, lo que llevará el asunto al menos hasta después del verano.
Puertos del Estado no ha podido pronunciarse porque la APV aún no le ha remitido el anteproyecto completo modificado. Entre otros aspectos, el documento no solo debe reflejar la renuncia al dragado del canal de acceso y a la prolongación del principal dique de abrigo en 500 metros, sino que también debe recoger nuevos informes técnicos sobre cuestiones derivadas de esas modificaciones.
Por ejemplo, la APV debe adjuntar los estudios que demuestren que los cambios en ese dique de abrigo no aumenta la agitación en el interior de la dársena o aclarar de dónde obtendrá los cerca de 20 millones de metros cúbicos de material que necesita para rellenar el muelle de la futura terminal y que ahora deberá buscar en otras fuentes, ya que para ello contaba con el material obtenido con el dragado del canal de acceso.
Según detalló el pasado mayo el director general de la APV, Francesc Sánchez, la firma de ingeniería que ha reelaborado el proyecto con los cambios que le ha pedido la APV no define las zonas de las que se puede obtener ese material de relleno. De hecho, dijo que son los técnicos de la APV los que están estudiando las posibles fuentes, pero garantizó que todas ellas son las previstas en la DIA original del proyecto de 2007.
Cuando la APV recopile todos esos informes en el nuevo anteproyecto modificado tendrá que remitirlo al organismo dependiente de Fomento y este, a su vez, responderá con un informe en el que, según ha advertido ya su presidente, será "vigilante" para que la ampliación norte se ejecute "con las máximas garantías" ambientales. Será entonces cuando los responsables de la APV puedan someter el asunto a votación en el consejo.
A partir de ahí, los cambios aprobados deberán ser trasladados al proyecto constructivo definitivo para licitar y adjudicar a una constructora la parte de las obras que le corresponde ejecutar al Puerto de Valencia, cuyo coste asciende a 466 millones de euros, antes de poner la terminal a disposición de MSC. Un largo camino administrativo que retrasará varios meses la programación con la que contaba Aurelio Martínez.
A la crisis del coronavirus para cumplir esos plazos se suma la oposición frontal que el proyecto ha encontrado tanto en el alcalde de València, como en la Conselleria de Medio Ambiente –ambas instituciones controladas por Compromís– si esta no va precedida de una nueva DIA. A ese frente contrario, que comienza a reactivarse en los últimos días, se suma la de las plataformas ecologistas y ciudadanas que han planteado un aluvión de alegaciones contra el proyecto.
El presidente de la APV siempre ha defendido que las modificaciones en el proyecto no obligan a tramitar una DIA adicional a la que ya obtuvo en 2007. De tener que hacerlo, sostiene, los tres años de retraso que implicaría su tramitación pondrían en riesgo la inversión comprometida por el grupo MSC, el único que presentó una oferta para la explotación durante 50 años de la nueva terminal de contenedores con una inversión de mil millones de euros.
Martínez considera que abandonar los dos aspectos más controvertidos –el dragado y la prolongación del dique– son una "concesión" ante Compromís y los colectivos que se oponen a la ampliación, a quienes reclama que lo tengan en cuenta y renuncien a la judicialización del proyecto si la APV lo aprueba sin una nueva DIA.
Pero la oposición no cesa. Sin ir más lejos, la comisión de Obras Públicas de Les Corts rechazó este jueves una propuesta de Unides Podem que pedía el reinicio del proceso de alegaciones a la ampliación del Puerto de València. La iniciativa sumó el apoyo de Compromís, pero la abstención del PSPV y el voto en contra del PP, Ciudadanos y Vox motivaron su rechazo.