El síndic de Greuges advierte del escaso parque público de vivienda pese a las políticas del Consell 

VALÈNCIA. La ampliación del parque público sigue siendo una asignatura pendiente para la administración valenciana. Pese a los esfuerzos del actual equipo de la Conselleria de Vivienda por aumentarlo, la Sindicatura de Greugers es clara: sigue siendo insuficiente y "las políticas de la Generalitat no han conseguido ampliarlo significativamente". Un toque de atención a la Administración Valenciana que en los últimos meses ha puesto en marcha diferentes proyectos encaminados a resolver esta situación.  

Así consta en la memoria anual del Síndic de Greuges del pasado ejercicio de 2020, en la que el organismo alerta de la "insuficiencia" del sistema público de vivienda para absorber, no sólo la demanda que ya existía antes de iniciarse la pandemia, sino también del previsible aumento que se va a producir como consecuencia de la situación económica. "El parque público de vivienda de nuestra comunidad, tanto local como autonómico, no presenta las dimensiones necesarias para absorber la demanda existente y futura", subraya el informe del defensor del pueblo.

Y es que, aunque el Síndic de Greuges reconoce que se han puesto en marcha diferentes políticas con voluntad de mejorar esta situación, considera que no han resultado suficientemente efectivas. "A pesar de la aprobación de la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, y de los proyectos y acciones realizadas en este sentido por la Generalitat, este defensor, desde la experiencia que le da la tramitación de los expedientes de queja en esta materia, no puede apreciar que se haya conseguido una ampliación significativa del parque público de vivienda, que le atribuya la capacidad para asumir la demanda en vivienda pública de la sociedad valenciana", expone en su informe.

A su juicio, la escasez de viviendas públicas disponibles para su adjudicación a los ciudadanos constituye "el principal obstáculo para lograr la plena efectividad del derecho a una vivienda digna, un derecho de los valencianos y cuya satisfacción íntegra es una obligación jurídica de las administraciones públicas con competencia en la materia". Además, alerta de que la situación económica derivada de la pandemia "hace previsible que sean cada vez más los hogares valencianos que, habiendo perdido capacidad económica y teniendo pagos pendientes en vivienda, se vean abocados a recurrir al sistema público, aumentando la presión en la demanda".

Por ello, considera que la la Conselleria debe centrar su actuación en la ampliación del parque público para poder atender la demanda insatisfecha en estos momentos y agilizar las adjudicaciones a los demandantes de inmuebles públicos. 

La adjudicación de vivienda, un proceso "laberíntico"

Un proceso, que precisamente, el organismo que dirige Ángel Luna considera que se debe simplificar ya que "no presenta la sencillez y claridad que resulta necesaria y deseable en este tipo de procedimientos". De hecho, acapara gran parte de las reclamaciones que los ciudadanos han hecho al organismo en el ejercicio de 2020. "El estudio de las reclamaciones de los ciudadanos valencianos ha permitido comprobar que el procedimiento de solicitud establecido se somete a la realización, por parte del interesado, de sucesivos trámites, que convierten el proceso de petición de vivienda en un proceso complejo, laberíntico y excesivamente burocratizado", señala el informe.

El argumento de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática es que el registro de demandantes tiene una finalidad "puramente estadística, por lo que inscribirse en él no implica la formalización de una solicitud de vivienda, que debe ser realizada por la persona interesada en un segundo momento". Así lo justifican en base a las respuestas ofrecidas por este departamento a las quejas presentadas por los ciudadanos. Un argumento que para el Síndic de Greugers provoca una "situación kafkiana" por el hecho de exigir al ciudadano que se inscriba en un registro que se denomina de demandantes de vivienda, pero que tiene una finalidad puramente estadística para la Administración.

Por tanto, considera que la solicitud de vivienda debe ser única y que, a partir de la fecha de su presentación, "corresponde a la Administración tramitarla y conceder a la persona demandante de vivienda el alojamiento estable o, en caso de insuficiencia del parque público, alguno de los mecanismos sustitutorios previstos como una ayuda económica". "No se compadece con la legislación de vivienda exigir a las personas interesadas el cumplimiento de otros requisitos o imponerles barreras o dificultades adicionales para reclamar la efectividad de los derechos que la Ley, de una manera clara, expresa e indubitada, les reconoce", sentencia el Síndic.

De hecho y con e fin de agilizar este proceso de adjudicación, la Conselleria de Vivienda sacaba hace unas semanas a exposición pública un decreto que regula un nuevo registro de demandantes de vivienda. Un nuevo mecanismo que irá en consonancia con la oferta existente de inmuebles públicos y que busca precisamente agilizar las adjudicaciones.