Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) El Tribunal de Cuentas ha emitido una opinión favorable sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020, cifrando en 97.000 millones la primera respuesta al coronavirus, pero también advierte salvedades e incidencias a corregir, entre ellas un desajuste en el resultado presupuestario consolidado, sobrevalorado en 2.008 millones por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos.
Así, en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020, el Tribunal de Cuentas observa gastos e ingresos presupuestarios que deberían haberse imputado en 2020 y que se imputarán en sucesivos ejercicios y, por el contrario obligaciones y derechos que, correspondiendo a 2019, se han imputado en 2020.
Otras incidencias son la infravaloración de provisiones por futuros gastos a asumir por el Estado, como la derivada de los avales ICO, cuantificada en 4.260 millones y que, de haberse calculado con otros parámetros, habría sido 1.074 millones mayor.
También se detecta la infravalorazión de, al menos, 400 millones en la provisión para devolver impuestos, para la deuda avalada por el Estado en la Sareb o por responsabilidades derivadas y para las responsabilidades derivadas de sentencias judiciales, con una infravaloración calculada en 1.365 millones.
Otras salvedades se refieren a la inexistencia de inventarios completos y de registro contable del valor de determinados bienes de su activo, afectando esta última a las aplicaciones informáticas desarrolladas por la Seguridad Social, buena parte de fondos y bienes artísticos del patrimonio histórico y a bienes recibidos en cesión por entidades públicas.
En su Declaración sobre la Cuenta General del Estado, el Tribunal cifra en 96.838 millones de euros las medidas extraordinarias aprobadas con motivo de la pandemia, con 68.090 millones en obligaciones reconocidas por la Administración General del Estado y 28.748 millones de ayudas sociollaboral (Seguridad Social, SEPE, Fogasa y Muface).
Destacan las prestaciones por desempleo derivadas de ERTE (13.644 millones), las exoneraciones de cuotas de empresas en ERTE (5.567 millones) y las prestaciones por cese de actividad de autónomos (4.917 millones).
El balance de la Seguridad Social, incide el Tribunal, recoge un patrimonio neto negativo por cuarto año consecutivo, que en 2020 se cifra en 68.049 millones. Ese año el Estado otorgó préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social por 30.330 millones, elevando su endeudamiento hasta los 85.351 millones.
En este sentido, entre sus recomendaciones el Tribunal llama a adoptar urgentemente medidas para resolver la situación de endeudamiento estructural de la Seguridad Social, pero también la subsanación de todas las salvedades e incidencias, y la modificación de la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar esta fiscalización en un plazo que se aproxime al máximo al ejercicio correspondiente.
Asimismo, critica la reiteración en el tiempo de determinadas incidencias, como la existencia de entidades que no integran en la Cuenta General sus cuentas anuales o la falta de integración en el presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado las previsiones iniciales del capítulo de pasivos financieros.
Asimismo, destaca cómo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social continúa sin incluirse en el patrimonio neto de la Tesorería General de la Seguridad Social y la memoria de la cuenta general sigue sin recoger el balance de resultados y el informe de gestión previstos por la normativa presupuestaria.
Finalmente, el órgano fiscalizador recalca que no se han solventado las discrepancias entre la contabilidad de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado en saldos recíprocos de préstamos.
