Empresa familiar e Impuesto sobre Sucesiones

El mismo día en el que el Instituto Nacional de Estadística publicaba sus resultados sobre demografía empresarial en 2020 (último ejercicio disponible) en las Corts Valencianes se debatía la reforma del Impuesto sobre Sucesiones para aumentar su bonificación del 95% al 99% en las transmisiones de las empresas familiares valencianas, con independencia de cuál sea su nivel de ventas. Un rasgo que merece considerarse detalladamente porque la Comunitat Valenciana, que acoge al 11% de las empresas españolas, únicamente genera el 9,3% del PIB estatal: una distancia indicativa de la menor potencia de las empresas regionales y del conjunto de la economía valenciana.

Despierta por ello la atención el calor, pretendidamente ideológico, que ha flameado este asunto entre los socios del Botànic. Más aún cuando, si realmente se desea incidir sobre la distribución de la renta y la riqueza, no es en los impuestos cedidos y gestionados por las Comunidades Autónomas de régimen común, como la valenciana, donde situar las aspiraciones más contundentes a favor de una mayor equidad fiscal. Y no lo es porque resulta fácil comprobar, en las estadísticas tributarias, el modestísimo peso de la autonomía fiscal de las regiones (a excepción del País Vasco y Navarra) y el calibre de las competencias regulatorias que mantiene el Estado sobre los grandes impuestos: sociedades, IVA e impuestos especiales (competencia total) e IRPF (competencia parcialmente compartida).

No creo que estemos ante una mayor sensibilidad hacia los menos favorecidos en un lado del Botànic y una mayor empatía hacia los ricos en el otro. Cualquier observador que compare las decisiones públicas de los gobiernos autonómicos podrá ver que el valenciano piensa en las personas como primera prioridad: el nivel y evolución del gasto social, en los últimos años, no deja lugar a dudas. Lo que más bien surge es una confusión que equipara a ciertas empresas con la élite económica y a unas y otra con el origen de diversos males sociales, como la desigualdad. Una conclusión poco justificada cuando, por término medio, a mayor tamaño de la empresa, mayores son los salarios percibidos. Una confusión en la crítica que se intensifica cuando se habla de sucesión empresarial y de su correspondiente impuesto, porque resulta más cierto afirmar que el rendimiento tributario percibido por la Generalitat de donde procede es de esa amplia categoría de firmas familiares, abrumadoramente pymes, que ocupan el territorio valenciano y sustentan la mayor parte de su tejido económico.

De otra parte, la visión crítica con el cambio impositivo contradice las señales emitidas desde el mismo espacio político del Botànic, donde se encuentran Consellerias que, redistribuyendo recursos económicos hacia las empresas, trabajan sinceramente por la modernización, la innovación y la internacionalización empresarial, la puesta al día de los polígonos industriales, la incentivación de la contratación laboral y la existencia de un diálogo que permita conocer y atender las necesidades empresariales. Una actividad que, de otra parte, se ha dirigido a la captación de inversiones extranjeras, al margen de su tamaño, y que ha incluido a las grandes empresas ya existentes que juegan un rol destacado por sí mismas y como remolcadores o impulsores de otras firmas regionales.

Aproximadamente, el 85% de los ocupados de la Comunitat Valenciana lo están en empresas o son trabajadores autónomos. Esta proporción aporta una síntesis esclarecedora de cuál es la potencia del sector privado como generador de empleo; pero, más allá de tal obviedad, revela que, sin las empresas, tampoco existe horizonte visible para un cambio del modelo económico valenciano que se refleje en el espejo de los países europeos de cabecera. Un cambio que, entre sus pilares, integre el crecimiento de la dimensión empresarial. Siendo un país de pymes, la Comunitat Valenciana necesita ambicionar que, de entre éstas, surja el mayor número posible de empresas que, desbordando el límite de su tamaño tradicional, pasen a ser grandes pymes o, mejor aún, empresas grandes, aumentando para ello, entre otros, la potencia de sus recursos propios. Un objetivo que forma igualmente parte de los fundamentos que avalan el cambio del Impuesto sobre Sucesiones.

La anterior ampliación del tamaño de la empresa valenciana no se desprende de un anhelo narcisista: la magnitud empresarial se encuentra positiva y generalmente correlacionada con el volumen de la I+D del sector privado, la exportación, la contratación de trabajadores cualificados, el pago de mayores salarios, la vigilancia de la igualdad de género y otras consecuencias igualmente positivas que avanzan hacia lo conseguido en otras partes de Europa. La propuesta que modifica el impuesto de marras nunca será el bálsamo de Fierabrás ni llevará al palacio de las maravillas en los anteriores aspectos, pero tampoco puede negarse que constituye un estímulo psicológico que expande y encorajina el ecosistema emprendedor valenciano.

Y lo hace proporcionándole un motivo añadido para sostener su lucha encarnizada y permanente con una competencia que, no lo olvidemos, es la principal adversaria de la firma familiar valenciana en un sistema empresarial ampliamente abierto al exterior y todavía muy desigual en la confección de ventajas competitivas perdurables. Si la modificación del Impuesto sobre Sucesiones contribuye a superar esta batalla mediante la continuidad de la actividad empresarial y su expansión e introducción en espacios de diversificación que otorgan ventajas más sólidas, bienvenida sea.

Finalmente, estúdiese con atención el rol de la empresa familiar, más allá de un pequeño cambio en un impuesto cuya potencia recaudatoria es de segunda división. Las experiencias internacionales, que incluyen a Estados Unidos y la Unión Europea, insisten en el mayor enraizamiento de la firma familiar en el territorio donde han nacido, frente a lo observado en las restantes empresas. Una permanencia temporal que sostiene las rentas del lugar donde se encuentran ubicadas. Una presencia que facilita su inserción y apoyo a las iniciativas locales, al mercado de trabajo de la zona, a las empresas próximas y a los centros de conocimiento cercanos.