Instaladores eléctricos denuncian el retraso de expedientes en la dirección general de Industria

VALÈNCIA. La Federación de Asociaciones Empresariales de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías Renovables de la Comunitat Valenciana (Fiecov), en la que se integran asociaciones como ASELEC y PYMEV, denuncia el retraso en la tramitación de expedientes de instalaciones eléctricas por parte de la Conselleria de Economía, concretamente en su Servicio Territorial de Valencia, que depende de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Se trata de una problemática, según explica la asociación, que "no solo afecta a las empresas instaladoras, sino que retrasa la puesta en marcha de proyectos y procesos en una gran cantidad de empresas ubicadas en la Comunitat Valenciana". "Este bloqueo afecta especialmente a las provincias de Valencia y Alicante, dado que en la de Castellón el servicio funciona con normalidad", puntualiza para remarcar que presentará una queja ante el Síndic de Greuges para que sea conocedor de esta situación.

Y es que, a nivel económico, señala que la actual parálisis supone un perjuicio para las empresas instaladoras, al no poder ingresar el cobro de su trabajo hasta que la instalación no entre en funcionamiento. Una situación que puede suponer retrasos en el pago a proveedores y empleados, con el consiguiente impacto negativo al entorno empresarial, además del menoscabo a la reputación de la empresa. "Resulta realmente complicado explicar que una instalación realizada por profesionales autorizados y que cumple todos los requisitos técnicos y legales, puede tardar meses o incluso años en ser legalizada y poder ser puesta en marcha para ser productiva", lamenta la asociación.

Una cuestión que afecta todavía más a los propietarios de las instalaciones. "Una instalación no tramitada y puesta en marcha en los plazos previstos altera las ratios de amortización de su inversión y retrasa la creación de puestos de trabajo y de riqueza para la Comunitat Valenciana. Además, desincentiva los planes futuros de inversión de las empresas en nuestro territorio", alerta Fiecov que advierte de que esta realidad puede llegar a tener un efecto negativo en las ayudas y subvenciones promovidas por las administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales al no poder cumplirse plazos y requisitos formales.

Un problema agravado por la pandemia

Aunque esta situación se prolonga en el tiempo, lo cierto es que la crisis sanitaria derivada de la pandemia mundial ocasionada por el coronavirus ha agravado la ralentización en los procesos. El retraso en la tramitación de expedientes de instalaciones de baja y media tensión desde el mes de marzo se ha ido agudizando progresivamente.

"Es muy habitual que muchas instalaciones tarden incluso años en legalizarse por la complejidad de su proceso de tramitación y por la falta de recursos en el Servicio Territorial de Industria de Valencia. Actualmente es casi imposible establecer un contacto fluido con el personal del Servicio Territorial para conocer la situación en la que se encuentra un expediente", explica Fiecov. Asimismo, lamenta que no es posible ponerse en contacto con los técnicos responsables de los diferentes proyectos para conocer las causas del retraso y subsanarlas, si procede. 

Por otra parte, puntualiza que el constante traslado de funcionarios del Servicio Territorial de Valencia "dificulta todavía más la resolución de esta problemática". "Los responsables políticos son conscientes de esta situación, pero no se han conseguido ningún resultado", señala. 

"Es una prioridad para la Conselleria"

Desde la Conselleria de Economía aseguran que están trabajando en agilizar los procedimientos, pero no siempre la tarea es sencilla. "Nos lo hemos tomado muy en serio y es una prioridad en la Conselleria y, por ello, se está trabajando en la automatización de procedimientos de nuevas instalaciones, pero los resultados son lentos. Poner la maquinaria en marcha no se consigue de la noche a la mañana", puntualizan.

En este sentido, se muestran abiertos al diálogo y a trabajar con los sectores implicados en la búsqueda de fórmulas que puedan mejorar los procesos vigentes. De hecho, señalan que con esa vocación se anunció en junio el Plan Agiliza, destinado a reducir los trámites administrativos con la finalidad de reactivar la economía valenciana, que tiene una de sus líneas dedicada a la Industria y la Energía para poner el énfasis en las tramitaciones. Pero las empresas instaladoras lamentan que "en estos tres meses todavía no se ha observado ninguna reducción en los trámites burocráticos relacionados con la tramitación de expedientes de legalización de instalaciones".

Por otro lado, Economía destaca el grupo de trabajo que hay con Iberdrola para desatascar ciertos asuntos. "Somos conscientes de las quejas pero estamos poniendo remedio para cambiar esta situación", subrayan desde el departamento que dirige Rafa Climent que también ha puesto en marcha un nuevo procedimiento de tramitación para instalaciones de autoconsumo que no convence a las empresas porque "solo es de aplicación a las instalaciones legalizadas con fecha posterior". 

"Se ha detectado también un retraso en el alta de empresas. Aunque desde el momento en que se presenta la documentación pertinente ante los STIE, jurídicamente se entiende por legalmente habilitada, la empresa instaladora no puede certificar sus instalaciones hasta varios meses después, cuando se tramita totalmente el alta", indican.

Fiecov, que representa a más de 2.000 empresas instaladoras de toda la Comunitat Valenciana, considera que esta situación es "insostenible y que causa graves perjuicios a las empresas valencianas que quieren ampliar y mejorar sus instalaciones y desincentiva las inversiones en la Comunitat ante la seguridad de que los trámites se van a eternizar".