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josé antonio pérez, representante valenciano en el comité para el nuevo modelo de financiación

"No hay riesgo moral en una quita a CCAA que se endeudaron más a pesar de gastar menos"

Foto: EVA MÁÑEZ
4/09/2017 - 

VALÈNCIA. José Antonio Pérez García (Valencia, 1955) fue designado el pasado 14 de agosto representante de la Comunitat Valenciana en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Este organismo que tiene como misión poner cifras al nuevo modelo de financiación autonómica tras las conclusiones emitidas por el dictamen de la Comisión de Expertos, de la que fue representante valenciano el director del Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie), Francisco Pérez, que es su hermano.

En esta tarea trabajará codo con codo con Rafael Beneyto Cabanes, representante complementario de la Comunitat. Los dos son miembros de la comisión de expertos sobre financiación autonómica que asesora a Les Corts.

José Antonio Pérez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y gerente de la Universidad Politécnica de Valencia. Fue director general de Presupuestos de la Generalitat valenciana en los últimos años de Gobierno de Joan Lerma, desde donde vivió muy de cerca el traspaso de competencias del Estado. "Yo era el representante de la Comunitat Valenciana en la parte económico-presupuestaria, la parte de las valoraciones, coste efectivo y todo esto. Fue una experiencia verdaderamente interesante", recuerda.

-Se dice siempre que parte de los males que sufrimos los valencianos con la financiación vienen de ahí, que Felipe González de algún modo nos la coló…

-Realmente, lo que hubo es un planteamiento de, de momento, vamos a transferir lo que hay en cada sitio, y esto fue lo que se hizo, se aprobó una cosa que era muy importante, la metodología del coste efectivo que lo que hacía era identificar cuál era el procedimiento para valorar los servicios que se prestaban en cada territorio. Esto es lo que se hizo en la primera etapa. Lo que pasa es que después de empezar a recoger los datos que se derivaban de eso es cuando te dabas cuenta de que el despliegue de los servicios públicos no era homogéneo en el Estado. Los diferentes territorios tenían diferentes niveles de prestación de servicios públicos de todo tipo, de educación, de sanidad, de protección social, que entonces era muy pequeña, y de todo el resto de competencias.

Foto: EVA MÁÑEZ

-Y el Estado sólo cubría lo que tenía cada uno en origen.

-Efectivamente. Lo que es sorprendente es que el Estado no se haya planteado corregir las diferencias de trato a los territorios desde hace 30 años. Entonces, esta idea que muchas veces aparece de ‘devolvamos las competencias’. Oiga, cuando el Estado tenía las competencias nos iba fatal. Nos iba fatal.

La Comisión de Expertos creo que ha hecho un buen trabajo. No comparto esa idea de que hay mucha discrepancia entre los expertos

-Si la tarea de su hermano era complicada, ¿cómo calificaría la que tiene usted por delante?

-Es la continuación de la complicación. La Comisión de Expertos creo que ha hecho un buen trabajo. No comparto esa idea de que hay mucha discrepancia entre los expertos. Si uno lee con atención el informe, que es un dictamen, se da cuenta de que tiene un cuerpo común que abarca muchísimos temas donde hay coincidencias totales, o del 95%. Y después hay una serie de votos particulares que afrontan temas específicos y que, de alguna manera, es natural que se produzcan. Es natural que las comunidades autónomas que tienen una financiación que está por encima de la media quieran proteger su nivel de recursos. Realmente, las discrepancias de fondo están en dos o tres votos particulares de los siete u ocho que hay.

-¿En el statu quo?

-El del statu quo es un voto particular defensivo, pero yo creo que las discrepancias de fondo están, por un lado, en el voto particular del representante de Baleares, que hace una especie de enmienda a la totalidad, un voto, desde mi punto de vista, más cercano a lo que serían las tesis catalanas; en el voto de Ángel de la Fuente, que lo que hace es una enmienda a la totalidad al tema de la suficiencia y la nivelación vertical, un asunto donde el resto de expertos han estado absolutamente de acuerdo, incluidos tres expertos de la Administración Central porque el voto está firmado exclusivamente por dos de sus cinco representantes, él y Lagares, y después hay una discrepancia de fondo, aquí sí, que es en el tema de la deuda. Aparte de esto, el informe pone encima de la mesa temas que hasta ahora la interpretación que se les daba era muy diferente de la que está en el informe. 

Foto: EVA MÁÑEZ

-¿Por ejemplo?

Por ejemplo, pone encima de la mesa que ha habido un problema de suficiencia grave en el ámbito de las Comunidades Autónomas, que la Hacienda Pública ha protegido bien las competencias del estado del bienestar que corresponden a la Administración Central, es decir, Seguridad Social y pensiones, que en los últimos años han supuesto transferencias de la Administración Central a la Seguridad Social del orden de 20.000 millones de euros anuales. Y, sin embargo, no ha protegido igual el estado de bienestar dependiente de las Comunidades Autónomas, que han tenido retrocesos de gasto del 9% en términos reales. Esto lo pone en el informe de los expertos con una claridad absoluta. Este es el núcleo de lo que la Conferencia de Presidentes le encargó a esa Comisión de Expertos: ‘Dígame usted cómo hay que abordar la reforma del sistema de financiación autonómica en relación con la sostenibilidad del estado del bienestar’. Y yo creo que eso los expertos lo han resuelto bien.

La Comunitat Valenciana nunca, y cuando digo nunca es desde que hay datos, que es el año 1995, nunca ha gastado por encima de la media de las Comunidades Autónomas

-Entonces, hacer caso a este dictamen supondría, en primer lugar, aumentar la dotación global de la financiación de las CCAA, independientemente del reparto posterior.

-Desde el año 2007 hasta 2015, que son los últimos datos que tenemos, las Comunidades Autónomas han perdido 10.000 millones de euros, pero en el camino ha habido años en los que la financiación ha sido 20 o 25.000 millones inferior a la de 2007. La gestión de la crisis fiscal no ha sido neutral entre Administraciones Públicas. Otra cosa que los expertos ponen de manifiesto con mucha claridad es cómo han respondido las diferentes Administraciones Públicas a la restricción presupuestaria. En el primer capítulo hay una serie de gráficos que ponen claramente de manifiesto que la respuesta de las Administraciones territoriales ha sido más ajustada que la de la Administración central. Y esto tiene que ver con la fijación de los objetivo de déficit para las distintas administraciones, que han presionado más o menos el gasto a cada una de ellas. La Administración central ha fijado los objetivos de déficit y nunca ha explicado por qué marcaba esos objetivos. Y se ha reservado siempre para la Administración central un objetivo de déficit que ha sido del orden de dos veces o dos veces y media su peso en el gasto público. Y a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones locales les ha asignado siempre objetivos de déficit público que estaban proporcionalmente por debajo de su peso de gasto público. Y esto lo que ha hecho ha sido modificar la distribución de recursos y del peso de las Administraciones en el gasto público. 

-Montoro ahí es juez y parte.

-Efectivamente. Nadie cuestiona que la situación ha sido muy difícil en términos fiscales, pero hay que reconocer, y esto es algo que también el informe dice, que el diferencial esencial de nuestra crisis fiscal respecto a la crisis fiscal europea son los ingresos, no son los gastos. España no gasta por encima de lo que gastan los países de la zona euro. Sin embargo, ingresa fiscalmente bastante menos de lo que ingresa la zona euro. El shock de ingresos del año 2009 en España fue de 60.000 millones de euros, el 6% del PIB, y en la zona euro fue de medio punto del PIB, con una caída del PIB similar en términos porcentuales. 

Foto: EVA MÁÑEZ

-Entonces, ¿debe haber una mayor dotación para las CCAA?

Lo que la Administración central tiene que aceptar es que la proporción de recursos que en el año 2007 tenían las Comunidades Autónomas debe volver a existir cuando se apruebe el nuevo modelo, en 2017. La diferencia ahora son aproximadamente 10.000 millones.

-Se suele rebatir el argumento de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana con el del despilfarro. Se dice, incluso, que si no tenemos dinero, cómo reabrimos la televisión pública que cuesta 55 millones al año.

-Televisiones públicas hay en muchas comunidades. La Comunitat Valenciana nunca, y cuando digo nunca es desde que hay datos, que es el año 1995, nunca ha gastado por encima de la media de las Comunidades Autónomas.

-Pero ahí hubo un déficit oculto que afloró en 2012.

-Ni siquiera con las operaciones de normalización contable con las facturas en los cajones. Yo creo que este es un elemento fundamental en la discusión, la Comunitat Valenciana nunca ha gastado por encima de la media. No digo ya por encima de las comunidades mejor financiadas o de las forales, que son otro mundo. A fecha de hoy estamos gastando en el 96% de la media. Es un elemento fundamental. Cuando se dice: ‘en la Comunitat Valenciana ha habido despilfarro’, no lo niego, pero en otras comunidades autónomas también ha habido despilfarro, también ha habido gasto cuestionable. Y también por parte del Estado, ahí tenemos las autopistas radiales de Madrid.

-Rajoy dijo que el nuevo modelo debía estar listo en 2017 pero ahora se da un año más de plazo porque, dice, tiene que haber unanimidad.

-No creo que Rajoy espere que haya unanimidad nunca.

-¿Qué supone este retraso para la Comunitat Valenciana?

-Para la Comunitat este retraso supone más deuda y menos gasto, perjudica a los valencianos.

Foto: EVA MÁÑEZ

-¿Le han dicho cuándo empezarán las negociaciones?

-No. Vamos a ver, yo creo que el compromiso de 2017 formalmente se mantiene. Hay un acuerdo de la Conferencia de Presidentes que dice que esto debe acordarse en 2017. Que Rajoy diga que como hay discrepancias este calendario se puede retrasar… Es evidente que las discrepancias han existido siempre, y como decía antes, uno puede interpretar el informe de los expertos en términos de muchas discrepancias o de pocas discrepancias. Yo lo interpreto en términos de pocas discrepancias. Hay un tronco común muy valioso que hay que aprovechar, pero claro, si yo quiero poner el acento en los aspectos en los que hay diferencias, nunca voy a llegar a un acuerdo.

es evidente que el Estado tendrá que asumir las consecuencias de una infrafinanciación del Estado autonómico que es el que ha generado el crecimiento exponencial de la deuda

-Donde la Comunitat tiene una posición minoritaria es en la reivindicación de una quita a la deuda. ¿Cree que puede llegar a articularse de alguna forma?

-En el tema de la quita hay que decir dos cosas. Una, que el tema del riesgo moral que se invoca en el informe no veo cómo es posible argumentarlo cuando el gasto de la Comunitat Valenciana ha estado siempre por debajo de la media. El problema de riesgo moral viene determinado por aquello de que si yo acepto una quita, las comunidades autónomas beneficiadas por la quita seguirán gastando sin freno. En el voto particular del representante de la Comunitat y en el propio informe lo que dice es que la quita se circunscriba a la infrafinanciación de aquellas comunidades que hayan gastado por debajo de la media. De hecho, hay otro voto particular, el del representante de Canarias, que cuestiona ese planteamiento, y yo lo entiendo. Por lo tanto aquí esto está muy acotado, aquí no hay una cuestión de que se esté beneficiando a alguien que se haya endeudado más para gastar más, sino a aquellos que se han endeudado más a pesar de gastar menos. Esto es importantísimo. Por lo tanto, no veo dónde está el problema de riesgo moral.

En segundo lugar, es evidente que el Estado tendrá que asumir las consecuencias de una infrafinanciación del Estado autonómico que es el que ha generado el crecimiento exponencial de la deuda. Las Comunidades Autónomas se han endeudado desde 2007 exactamente por la diferencia entre el gasto en servicios públicos fundamentales que han tenido que llevar a cabo, aún reduciéndolo, cosa que la Administración central no ha hecho en su parte de gasto público fundamental, que son las pensiones, y eso nadie cuestiona que sea positivo, pero las Comunidades sí han tenido que reducir sanidad, educación y protección social, y a pesar de reducir el gasto se han tenido que endeudar en una cantidad importantísima, y esa cantidad es prácticamente idéntica al crecimiento de la deuda. 

-Pero hay comunidades históricamente infrafinanciadas, como Murcia o Canarias, que no tienen ese nivel de deuda que tiene la valenciana.

-Eso responde a que el punto de partida, que es 2007, es diferente, la Comunitat Valenciana ya tenía más endeudamiento que otras. ¿Debido a qué? Debido a la historia de cada gobierno y a la gestión de los recursos públicos de cada gobierno, donde por ejemplo también influye la posición de la Comunitat Valenciana en el esfuerzo de infraestructuras que hace el Estado. Es decir, ha tenido que generar acciones supletorias de la falta de financiación estatal en muchos campos. Pero eso depende del historial de cada uno y nadie está pidiendo que ese diferencial de endeudamiento forme parte de una quita. Lo que se está diciendo es que forme parte de esa quita la infrafinanciación de los servicios públicos y siempre que la comunidad no haya gastado por encima de la media. 

Foto: EVA MÁÑEZ

-Ximo Puig ha insistido en que defiende un modelo beneficioso para todas las CCAA, no solo para la valenciana. ¿Cómo sería ese modelo?

-El presidente Puig lo que plantea en esa propuesta va al hilo de lo que forma parte de la propuesta de la Comisión de Expertos a las Cortes Valencianas. Es que haya una garantía para la prestación de los servicios públicos fundamentales, y que esto esté garantizados por la financiación igual que está garantizado el gasto en pensiones en el Estado, porque forma parte del paquete del estado de bienestar. Eso, evidentemente, no beneficia solo a la Comunitat Valenciana. Si esto se hubiera cumplido, el endeudamiento de las Comunidades habría sido prácticamente inexistente y todas habrían salido beneficiadas. Pero también se dice otra cosa, y es que tiene que haber un gran acuerdo a nivel estatal sobre cuál es la senda de gasto que se puede financiar del estado del bienestar y que tienen que haber reglas de gasto. Esto es importantísimo, tenemos que ponernos de acuerdo en qué porcentaje del gasto, qué porcentaje del PIB se va a dedicar al estado del bienestar, sanidad, educación, protección social y, por supuesto, pensiones, y tenemos que establecer reglas para no sobrepasar ese nivel de gasto y si se sobrepasa, que cada uno lo financie con más impuestos o como estime pertinente.

dado el problema de suficiencia que hay, no creo que nadie tenga que perder, salvo las forales, que deben aportar lo que les corresponde

-¿Cuál será el papel de Rafael Beneyto, nombrado representante complementario de la Comunitat en la Comisión?

-Entiendo que somos un tándem indisoluble, y que una vez tengamos el plan de trabajo, veremos cuál es el perfil de cada uno para asistir a las reuniones. Asistiremos los dos o en función del tema que haya que tratar, pero el equipo completo sigue siendo la Comisión de Expertos de las Cortes Valencianas que hemos seguido trabajando en equipo durante todo este proceso sin interrupción, con el apoyo técnico del Ivie.

-¿Qué CCAA comparten las reivindicaciones valencianas?

-Creo que todas las Comunidades entienden que hay un problema de suficiencia para la gestión de las competencias autonómicas, y ahí va a haber un elevado consenso, y en segundo lugar, creo que nadie discute que la Comunitat Valenciana está injustamente financiada. Esto no lo discute nadie. No es la única, también está el caso de Murcia, en estos momentos Andalucía, Castilla-La Mancha… Otra cosa es si para resolver este tema alguien tiene que perder, pero dado el problema de suficiencia que hay, no creo que nadie tenga que perder, salvo las forales, que deben aportar lo que les corresponde. Es decir, hay que calcular bien el Cupo, no se trata de cuestionar la foralidad.

Foto: EVA MÁÑEZ

-Pues el Gobierno y el PNV acaban de pactar una mejora del Cupo vasco.

-Esto produce una cierta perplejidad. A alguien que está francamente bien tratado se le mejora el trato. Es incongruente.

Iría a la manifestación, pero me parece también muy importante mantener a toda costa la unidad. Y si para esto cualquiera de las partes tiene que renunciar a algo, es una cuestión que deben plantearse

-¿Considera necesaria la manifestación unitaria de reivindicación del nuevo modelo de financiación que los sindicatos valencianos, con apoyo de algunos partidos, quieren organizar?

-Este no es mi ámbito. Me parece bien cualquier manifestación, manifiesto, proclama, comunicación y, desde luego, trabajo en los despachos, que ayude a resolver el problema. Si esto ayuda a resolver el problema, bienvenido sea.

-¿Acudirá a la manifestación si finalmente se convoca?

-A título particular, sí. Pero igual que, y esto creo que mi trayectoria lo avala, cuando a mí me ha llamado el Gobierno del Partido Popular para formar parte de una comisión y trabajar en este problema he formado parte sin ninguna reserva. El interés general tiene que primar. Pero me parece también muy importante mantener a toda costa la unidad. Esto es importantísimo. Y si para esto cualquiera de las partes tiene que renunciar a algo, es una cuestión que deben plantearse.

Foto: EVA MÁÑEZ 

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