La fragmentación política seguirá siendo un reto importante para el Gobierno en la próxima legislatura, según los analistas
MADRID. Los gobiernos regionales elegidos en las elecciones autonómicas del pasado domingo en 12 de las 17 comunidades españolas se enfrentan a delicadas disyuntivas, mientras los partidos políticos se preparan para las elecciones nacionales, adelantadas a julio. La mejora de las condiciones económicas y de las prestaciones sociales tendrá que confrontarse con un espacio fiscal limitado y la necesidad de una reforma fiscal.
La fragmentación política seguirá siendo un reto importante para el Gobierno durante la próxima legislatura. Aunque ha habido algunos indicios de un posible cambio hacia un sistema bipartidista, no se prevé que ninguno de los dos principales partidos tradicionales -el Partido Popular (PP), de centro-derecha, y el PSOE, socialista- obtenga suficientes escaños para establecer un Gobierno en mayoría. Esta fragmentación también es evidente a nivel regional. Así pues, los resultados de las elecciones autonómicas repercutirán en la capacidad de los gobiernos para aplicar eficazmente sus programas políticos y colaborar con el Gobierno central en reformas compartidas.
La economía española se ha mostrado sorprendentemente resistente frente a la crisis energética registrando un sólido crecimiento del 5,5% el año pasado, debido principalmente a la fortaleza del mercado laboral, con una creación de empleo sostenida y una mayor reducción de la proporción de empleados temporales en el sector privado. Sin embargo, el paro (12,9% en 2022) sigue siendo elevado en comparación con los niveles de la UE, mientras que el crecimiento del empleo y la producción es desigual. Las tasas de desempleo son muy superiores a la media nacional en Andalucía y Extremadura y se mantienen cercanas al 10 % incluso en algunas regiones económicamente más prósperas, lo que exige mayores esfuerzos para apoyar el crecimiento.
Las restricciones de presupuestos a las que se enfrentan las comunidades autónomas dificultan los ajustes políticos y las nuevas inversiones. A finales de 2022, ninguna de las regiones cumplía el umbral del 13% de deuda en relación con el PIB en su marco fiscal, mientras que el déficit fiscal agregado empeoró hasta el 1,1% del PIB desde el 0,1% en 2021, lo que contrasta con la reducción del déficit del gobierno general, es decir, el Gobierno central además de los gobiernos locales y regionales. hasta el 4,8% del PIB desde el 6,9% en 2021.
La debilidad temporal de los ingresos tuvo en parte la culpa, dado que el sistema de compensación fiscal de España presenta un desfase de dos años en la liquidación de impuestos, reflejando así la caída de los ingresos fiscales relacionados con la pandemia en 2020. Sin embargo, las comunidades autónomas han logrado realizar pocos ahorros de costes significativos tras la pandemia. En un contexto de inflación persistente, las comunidades autónomas responsables de los servicios esenciales tendrán que conciliar la presión de los votantes para mejorar la calidad de la sanidad, la educación y el bienestar social con la necesidad de contener los costes.
La disyuntiva entre impulsar el crecimiento económico y salvaguardar las finanzas públicas, sin debilitar los servicios públicos, es más aguda en las comunidades autónomas con menor margen fiscal, ya que suelen ser las que necesitan mejorar su atractivo económico. La Comunitat Valenciana y Cataluña, las dos regiones menos competitivas según el Índice de Competitividad Fiscal Regional, son las que tienen una deuda más elevada.
En este contexto, el consenso político en torno a una política fiscal prudente adquiere mayor importancia, aunque la fragmentación política a nivel autonómico ha interferido comúnmente en la gestión fiscal en los últimos años, impidiendo a menudo que los gobiernos regionales adopten presupuestos anuales, incluso al precio de impedir un gasto eficiente de los fondos de la UE.
La naturaleza del reto fiscal también varía según las comunidades. Algunas tienen márgenes de explotación sólidos, que sustentan la asequibilidad de la deuda y apoyan las inversiones. Otras tienen presupuestos estructuralmente débiles, lo que las hace más dependientes de la financiación continuada del Gobierno central.
Estas discrepancias reflejan diferencias económicas, pero sobre todo los mecanismos de redistribución de recursos del sistema de financiación autonómica en España. Aparte de las llamadas regiones forales de Navarra y País Vasco, las demás comunidades reciben la mayor parte de sus ingresos a través del sistema de nivelación basado en criterios demográficos, geográficos y de coste histórico, lo que provoca algunas distorsiones.
La mejora de las finanzas regionales sigue siendo esencial para apoyar la consolidación fiscal a nivel del gobierno general. La colaboración efectiva entre los gobiernos regional y central en la reforma del sistema de financiación autonómica y otros asuntos de política común marcará la estabilidad política y la política fiscal del país en los próximos años.
En resumen, el resultado de estas elecciones autonómicas tendrá un impacto significativo, influyendo en la estabilidad y el entorno político para la emisión de deuda subsoberana española. Una cooperación eficaz entre los gobiernos regionales y el central es crucial para garantizar la consolidación fiscal y apoyar la solvencia global de toda España.
Jakob Suwalski y Giulia Branz son analistas de calificaciones soberanas de Scope Ratings