Foto: M.DYLAN/EPVALÈNCIA (EFE). El nuevo esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que vincula las ayudas a la formación, entra plenamente en vigor el 1 de noviembre tras el mes de transición pactado entre el Gobierno y los agentes sociales y mientras se acelera la salida de trabajadores acogidos a uno.
El Gobierno aprobó a finales de septiembre otra prórroga de las ayudas para los ERTE de la pandemia con un nuevo esquema que regirá hasta el 28 de febrero y vinculado a que las empresas formen a sus trabajadores.
Para acceder a estos ERTE, las empresas debían volver a solicitar sus expedientes -tenían hasta el 15 de octubre para pedirlos y las autoridades laborales 10 días para resolver- por lo que, para facilitar la transición, se pactó mantener en octubre las condiciones y modalidades actuales.
Con estos plazos, desde el Ministerio de Trabajo explican que aún no disponen de los datos actualizados sobre solicitudes, aceptadas o rechazadas, que serán públicos en los próximos días.
Desde la Seguridad Social, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, avanzó a mediados de octubre que, aunque habría que esperar a noviembre para ver los datos, la "impresión" es que se iba a ver una reducción "más intensa" de trabajadores y empresas en un ERTE con el nuevo esquema.
El objetivo de tener que volver a solicitar los ERTE, frente a anteriores prórrogas automáticas, era, junto a ese cambio de poner el foco en la formación, "filtrar" el uso adecuado de estos esquemas de protección que en el pico de la crisis de la pandemia llegaron a cubrir a 3,5 millones de trabajadores y bajo los que ahora quedan unos 200.000.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, en la primera quincena de octubre, los trabajadores incluidos en un ERTE se redujeron en 30.383 personas, acelerándose ligeramente la tendencia de los últimos meses, y dejando el total en 208.847 personas, cifra que volverá a recortarse cuando se conozcan los datos completos a principios de noviembre.
De esas personas aún en un ERTE, 140.169 están suspendidas totalmente, mientras que 68.678 tienen una reducción parcial de jornada.
Por modalidad, 45.034 trabajadores están en un ERTE de impedimento o limitación, el 62 % en hostelería y restauración, mientras que 85.527 están en un ERTE de sectores protegidos, el 37 % de ellos en comercio, servicio de comidas y bebidas, servicios de alojamiento, transporte y agencias de viajes.
Otros 78.286 están en un ERTE sin exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, sin que se concentren en ninguna actividad en concreto.
En este tipo de ERTE, sin ayudas, es donde el Gobierno cree que va a haber una fuerte reducción en el cambio al nuevo esquema, según señaló el propio Escrivá.
Los trabajadores en un ERTE suponen el 1,4 % de los asalariados y hay seis comunidades autónomas que tienen ya menos del 1 % de sus afiliados protegidos por este instrumento.
El nuevo esquema premia a las empresas que ofrecen formación a sus empleados en un ERTE con una exoneración en sus cuotas a la Seguridad Social del 80 %, frente al 40 % a las que no lo hagan (tasa que sube al 50 % si se trata de compañías de menos de 10 trabajadores).
Para ello, las empresas de menos de 50 trabajadores deberán emplear 30 horas por persona en acciones formativas, que suben a 40 horas para el resto de compañías.
Estas acciones, que serán financiadas fundamentalmente con dinero público por el modelo de formación bonificada, deberán desarrollarse durante la jornada suspendida.
