Estrella Durà.BRUSELAS. Desde que en diciembre del 2008 el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, anunciara la crisis con las palabras “turbulencias financieras”, no se había vuelto a repetir el pánico en los pasillos de la Unión Europea (UE). Ya había caído Lehmann Brothers y, como en aquella ocasión, otro banco estadounidense ha quebrado, el Silicon Valley Bank, arrastrando el Signature Bank y el Credit Suisse. Cuando Europa se preparaba para superar la pandemia y la guerra de Ucrania con medidas keynesianas de inversión pública, un vuelta al control del gasto de los Estados planea en Bruselas.
La eurodiputada socialista por Valencia, Estrella Durá, presentó un informe ante el Parlamento que habla de un marco de convergencia social para desarrollar instrumentos que regulen la fluctuación del mercado, atenuar la volatilidad de los precios de la energía, y garantizar la sostenibilidad y la supervivencia de nuestro sistema de bienestar social. En concreto, pide un fondo de soberanía para los desequilibrios sociales de los Estados y que el marco de gobernanza económica se flexibilice de acuerdo con las necesidades nacionales.
Para evitar el control del gasto y del déficit públicos que trajeron las medidas de austeridad impuestas por Alemania desde la crisis financiera de 2008, el Parlamento Europeo acaba de presentar dos informes sobre gobernanza económica y empleo, de los que ha sido ponente la eurodiputada por Valencia, Estrella Durá, y la italiana Irene Tinagli, ambas del grupo Socialistas y Demócratas (S&D).
El objeto de estas ponencias, aprobadas de forma mayoritaria en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, es que se debatan en el Consejo Europeo que se celebrará la próxima semana en Bruselas y se eleven a la Comisión. El fundamento es que no se vuelva al control del del gasto público excesivo de los Estados, como se estableció en aquella crisis con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro.
La Comisión Europea aprobó, en marzo de 2020, una cláusula de escape o salvaguardia que permitía a los Estados excederse en los límites establecidos por el Pacto del 3% del déficit y del 60% de la deuda pública sobre el PIB. La razón fue paliar los efectos perversos de la paralización de la economía y los confinamientos durante la pandemia, para ayudar a empresas y trabajadores con ayudas de Estado e incentivos fiscales.
La eurodiputada Estrella Durá explicó a Valencia Plaza, al término del Pleno, que “la propuesta fundamental es que la cláusula de salvaguardia no debe clausurarse automáticamente antes de finales de 2023, como proponía la Comisión”. Y añadía que “no puede volverse al marco anterior a la pandemia, sino que tiene que el marco europeo debe estar adecuado a la nueva dimensión social de gobernanza económica con los objetivos de crecimiento al mismo nivel que los objetivos sociales”.
Desde antes de la pandemia, la ministra socialista Nadia Calviño viene reivindicando en Europa que se modifiquen estas normas de contención del gasto público y que deberán revisarse en el Semestre Europeo de junio y diciembre. En la misma línea, los informes de las eurodiputadas socialistas han hecho hincapié en la necesidad de completar rápidamente la revisión del sistema de gobernanza económica de la UE, preferiblemente antes de dejar de aplicar la cláusula general de salvaguardia, que se activó debido a la pandemia de covid-19.
En general, los eurodiputados están de acuerdo con las ideas de la Comisión presentadas en diciembre de 2022 y subrayan que las normas revisadas deben permitir un margen de maniobra suficiente para que los Estados miembros adopten medidas de resolución de crisis. Sin embargo, son contrarios a depender demasiado de los análisis de sostenibilidad de la deuda para las normas actualizadas, argumentando que esto podría socavar la transparencia y obstaculizar la asunción de responsabilidades y la previsibilidad.
El Parlamento también considera que la Comisión debería hacer más para fomentar una mejor coordinación fiscal, diciendo que “todavía es en gran medida aleatorio si la agregación de las políticas fiscales nacionales da lugar a una orientación presupuestaria de la zona del euro que sea adecuada y coherente con la política monetaria unificada”, dirigida por el Banco Central Europeo.
Durá recalcó que el Parlamento ha sido unánime respecto a que las normas presupuestarias se adecuen a las necesidades y prioridades de cada Estado para alcanzar los objetivos de la transición digital y ecológica. “Se debe permitir la financiación pública para la transición digital y ecológica, si tiene que reducirse la deuda pública, debe haber sendas individuales para cada Estado miembro, con flexibilidad para llevar a cabo las reformas que se les exigen”, comentó la eurodiputada valenciana.
“El nuevo marco de gobernanza común debe abordar también los instrumentos financieros que aseguren las políticas sociales y de empleo, al igual que se hizo con los fondos EUNext Generation”, manifestó Durá. La eurodiputada apela a un “fondo de soberanía que esté disponible para hacer frente a esta crisis, no solo económica sino fundamentalmente social, como es la transición climática”.
La eurodiputada insistió en la necesidad de inversión pública “para alcanzar los objetivos concretos de descarbonización para 2035 y 2050, además de para hacer frente a la degradación del medioambiente, que está afectando a territorios específicos y grupos de población”. Por tanto, propone desarrollar nuevos instrumentos de financiación para ayudar a los sectores de la sociedad más afectados.
El otro informe incide en la empleabilidad social basada en el nuevo plan industrial de la UE. “Hicimos énfasis en asegurar los puestos de trabajo de calidad, respetando la negociación colectiva”, insiste Durá, bajo el empeño en reformar la dimensión social de esas transiciones y reporten beneficios a los trabajadores desarrollado esquemas de protección social frente a los efectos del cambio climático. Ello implica "un fondo de soberanía para que los Estados puedan hacer frente a esta reformas con la financiación necesaria para asumir las inversiones que se les exigen”, añadió.
La fórmula es simple, se trata de aplicar el mismo procedimiento para los desequilibrios económicos a los desequilibrios sociales en los Estados miembros. “La Comisión lo llama el marco de convergencia socia”, comenta Durá. Y añade que se ha pedido que “se haga un seguimiento de esos riesgos y, en los casos en que se detecte un desequilibrio social interno como el número de desempleados o las tasas de pobreza, que sirva para reducir las desigualdades sociales”.
En particular, los eurodiputados demandan la rápida aplicación de la Directiva sobre salarios mínimos, una Directiva sobre regímenes de renta mínima, al menos 20.000 millones de euros para reforzar el sistema europeo de garantía infantil, y partir del Fondo Social para el Clima para sentar las bases para el desarrollo de sistemas de protección social con carácter ecológico a nivel nacional.
En el ámbito laboral, también hay que reforzar el instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) para dar prioridad a la lucha contra el desempleo y garantizar que todos los jóvenes de Europa tengan acceso a la educación, la formación y los períodos de prácticas remunerados.
Por último, los eurodiputados piden a la Comisión una nueva legislación que garantice el acceso a servicios esenciales como la vivienda, la energía, el transporte, el agua y los residuos, y la prohibición de las desconexiones energéticas para los grupos vulnerables.
Durante el debate, Estrella Dura Ferrandis (S&D, España) declaró: “Estamos tratando de navegar hacia una transición y necesitamos un timón social para completar nuestro viaje. El Parlamento quiere políticas que garanticen el vínculo entre los objetivos de crecimiento económico y una transición socioeconómica inclusiva, que luche contra la pobreza, reduzca la desigualdad y cree empleos dignos con salarios y condiciones de trabajo decentes”.
