La alcaldesa de Godella analiza el impacto del coronavirus en la localidad y aborda la situación del PAI de la Torre del Pirata
VALÈNCIA. Eva Sanchis, alcaldesa de Godella, ha hablado sin tapujos sobre la situación en la que se encuentra el PAI de la Torre del Pirata. Un tema que saltó a la opinión pública después de que, en plena cuarentena, unas máquinas excavadoras accedieran al terreno con la intención de urbanizar. Algunos grupos políticos y asociaciones de vecinos no tardaron en oponerse al proyecto, alegando problemas de inundabilidad y la pérdida de uno de los pocos suelos vírgenes que quedan en el municipio.
Sin embargo, Sanchis recuerda que este terreno es perfectamente urbanizable desde los años 90, y que no se encuentra protegido bajo ningún tipo de ley especial. Además, también alude a la propiedad privada del mismo, y a la existencia de un permiso de construcción vigente desde hace más de diez años. Aunque, evidentemente, no ejecutado todavía.
Sanchis asegura que el Ayuntamiento se beneficiará de 60 viviendas sociales en la nueva edificación
Es esta demora por parte del constructor lo que ha provocado la confusión entre los vecinos de Godella, quienes habían asumido que este terreno era inviolable. En cuanto a los políticos, el tema hace ya muchos años que les trae por el camino de la amargura: primero, la empresa urbanizadora solicitó una prórroga del permiso para poder construir, sin reportar ningún resultado.
Ya en el año 2018, y ante la reiterada inacción, el Ayuntamiento decidió declarar la caducidad del PAI y cancelar cualquier tipo de relación con la constructora. Sin embargo, poco tiempo después, los dueños del terreno presentaron una serie de alegaciones que podrían haber supuesto graves pérdidas para las arcas públicas del municipio. De este modo, el proyecto resurgió de sus propias cenizas en enero de 2020, cuando el gobierno local llevó a pleno la caducidad de la caducidad del PAI, medida que básicamente implicaba la restitución del contrato tal y como había existido en 2018. Un movimiento que ahora Unides Podem ha llevado a la Agencia Antifraude por considerar que viola la Ley de Contratos.
Sea como sea, los dueños vuelven a tener el consentimiento para construir pero, según detalla la alcaldesa, esto no implica de ningún modo un cheque en blanco: el Ayuntamiento va a demandar una actualización del PAI para que la edificiación se ajuste a los nuevos tiempos y criterios de sostenibilidad. Del mismo modo, también obligará a la empresa a controlar los problemas de inundaciones sin verter las corrientes al Barranc dels Frares. Finalmente, y como medida estrella, se está estudiando pedirle una indemnización por los problemas que el retraso en la construcción haya podido causar.