Francis Puig incluyó una nave abandonada de su padre para justificar las subvencionesVALÈNCIA (EP). La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Brigada de la Policía Judicial que haga un estudio y análisis de los gastos incluidos por el empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y sus socios, los Adell Bover, en las subvenciones otorgadas por el Gobierno valenciano y catalán para "determinar la realidad de los mismos". Además, amplía la investigación a ayudas del Gobierno de Aragón.
Así consta en la diligencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha remitido el ministerio público al Juzgado de Instrucción número 4 de València que investiga un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano tras una querella del PP.
La fiscal, para el estudio de la Policía Judicial, pide al juzgado que le autorice a consultar todos los datos que guarden relación con los hechos investigados y que se hallen en cualquiera de los registros públicos. Se refiere a los expedientes administrativos de las subvenciones concedidas por parte de la Generalitat Valenciana a Mas Mut S.L. y Comunicacions dels Ports durante los años 2015 a 2018, incluidos los planes de control y las muestras del material publicado por estas sociedades.
Así mismo, el ministerio público alude a las subvenciones otorgadas por la Generalitat de Catalunya a las mismas mercantiles en el mismo periodo de tiempo; así como las de 2019 a éstas y a Canal Maestrat S.L.
Y en esta línea, la fiscal se refiere también a subvenciones concedidas por el Gobierno de Aragón --que no obran en la causa-- a Mas Mut S.L., y expone que dado que se desconoce la finalidad de las mismas y si pudieran estar relacionadas con las investigadas en esta causa, se deben recabar.
En concreto, pide dirigirse al Departamento de Desarrollo Social y Sostenibilidad del Gobierno para que remita al juzgado los expedientes de dos subvenciones concedidas a Mas Mut S.L. En 2018 le otorgaron dos ayudas por importe de 19.664 euros y 13.364.
Una vez obtenida esta documentación, Fiscalía pide que se remita a la Brigada de la Policía Judicial para comprobar si los gastos subvencionables declarados coinciden o no con los incluidos en los expedientes analizados en este procedimiento.
Por otro lado, en su escrito, Fiscalía advierte de que no constan unidos al procedimiento los expedientes administrativos de las subvenciones concedidas a las empresas administradas por Enrique Juan Adell Bover, salvo la documentación remitida por la Agencia Antifraude.
Se refiere a subvenciones para el fomento del valenciano en los medios de comunicación a las siguientes sociedades: Canal Maestrat durante los años 2015 a 2018; kriol Producciones S.L. durante 2017 y 2018; y TV CS Retransmisiones S.L. entre 2015 y 2017.
Por este motivo, requiere que se pidan estos expedientes a la Direcció General de Política Lingüística y Gestió del Multilingüisme. Reclama, por agilidad, que la información sea recabada por la Policía Judicial, quien podrá acudir a la sede del organismo público para recogerla.
La causa se inició a raíz de una querella interpuesta por el PP contra Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, y Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, por las ayudas al fomento del valenciano.
En total, ha presentado hasta tres ampliaciones de querella. En la inicial se aludía a que Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions recibieron ayudas al fomento del valenciano --más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015-- "sin ningún tipo de control".
Con posterioridad, la amplió a las ayudas a medios de comunicación vinculados a Enrique Juan Adell Bover, cuya familia es propietaria de varias empresas receptoras de subvenciones y a quien sitúan como "socio" de Francis Puig. El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones de euros.
En la tercera y última ampliación, el PP hacía referencia a que las empresas de Francis Puig pudieron recibir dinero de subvenciones dadas por la Diputación de Barcelona --Comunicacions Els Ports habría obtenido 150.000 euros de la diputación a través de Xarxa Audiovisual Local S.L.--.
El juez abrió una investigación y tenía previsto tomar declaración en calidad de investigados a Puig y a Trenzano en diciembre, pero finalmente se suspendieron los interrogatorios a petición de Anticorrupción, que pidió la práctica de nuevas diligencias.
