Instituto de Medicina Legal de València. Foto: EFE VALÈNCIA. Una carta de la presidenta de la Asociación de Forenses de la Comunitat Valenciana, Mercedes Álvarez, contra la directora y la subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IMLV) en la que, en nombre de la asociación, las acusa de "injerencias" y "abuso de poder" ha desatado una guerra dentro de la propia asociación. Varios miembros no salen de su asombro por el hecho de que su presidenta haya enviado semejante misiva "sin consultar nada a nadie", y que "lo haya hecho en nombre de todos".
Quince forenses de esta asociación han remitido un segundo escrito a la dirección del centro y, en breve lo enviarán a la Dirección General de Justicia, en el que explican que "el escrito presentado en nombre de la asociación en distintos estamentos no representa el sentir de la misma, en tanto que no han sido consultados sus miembros ni se ha aprobado su contenido en asamblea o en junta reglamentariamente convocadas, tratándose de opiniones personales de la presidenta que carecen de respaldo consensuado".
En el escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, añaden que "se va a solicitar a la presidenta de la asociación la convocatoria de una asamblea extraordinaria y urgente". Dentro de dicha asamblea los firmantes quieren tratar, entre otros temas, la lectura del escrito firmado por Álvarez, medidas consensuadas a tomar a raíz de ese escrito y la renovación de la junta directiva, lo que implicaría el cese de la presidenta al frente de la asociación.
En Valencia actualmente hay 48 forenses trabajando. De ellos, 15 firman el escrito, lo que es un 31% del total de trabajadores del IMLV, pero hay que señalar que, ni de lejos, todos los forenses que trabajan en el instituto están asociados. Este periódico ha querido saber cuántos asociados hay en Valencia, pero su presidenta explica que no se puede saber seguro debido a que la lista ha sufrido variaciones en los últimos tiempos debido a traslados o jubilaciones, y que debe de estar en torno a los 30. Álvarez comenta que "es normal que una parte de los asociados no se sientan representados por su carta, pero la cuestión era denunciar la situación y que se tomen medidas porque sí que hay gente que ha sufrido lo que se denuncia".
El escrito presentado por Álvarez era de una dureza extrema con la dirección del IML. En él, la presidenta, en nombre del colectivo, trasladaba "la situación insostenible" en la que se encuentran "muchos médicos forenses de la provincia de Valencia, situación motivada por la actitud injustificada y prepotente de quien ostenta el cargo de directora y subdirectora del IMLV que pone en riesgo el normal desarrollo del trabajo".
La misiva, que también se ha dirigió a otras instancias, como la Audiencia Provincial y la Conselleria de Justicia, ponía de manifiesto un "comportamiento controlador y déspota tratando a los profesionales del instituto como personal subordinado y sometido a sus decisiones más arbitrarias". Llegando a hablar de una "dictadura represiva".
Así, se rogaba "encarecidamente" en nombre de los médicos asociados a ese colectivo que "se tomen medidas por parte del TSJ de la Comunitat Valenciana" ante las "exigencias injustificadas y controles desmesurados" que "obstaculizan el desempeño del trabajo con dignidad y libertad". Advertía de que se trata de una situación "que amenaza con una crisis institucional si no se toman las medidas adecuadas por parte del TSJCV y demás instituciones públicas".
El TSJCV por su parte asegura que vio el escrito en su reunión del 7 de marzo y que, el Instituto de Medicina Legal es un órgano dependiente de la Conselleria de Justicia, sobre el que el TSJCV no tiene ninguna competencia. Por este motivo, la Sala de Gobierno acordó remitir el escrito a la Conselleria de Justicia.
