Fuera liberticidas de la Universidad

El pasado 15 de septiembre, varios estudiantes trataron de impedir que la abogada del Estado y ex diputada de Vox Macarena Olona impartiera en el paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada una conferencia sobre “La defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional: la inconstitucionalidad de los estados de alarma”. Al grito de “fascistas fuera de la Universidad”, lograron obstruir durante un buen rato la entrada al paraninfo mediante la formación de un “cordón humano”, hasta que la policía nacional hizo uso de la fuerza con el objeto de permitir el acceso de la conferenciante al recinto. En el anuncio de la “reunión”, las organizaciones estudiantiles convocantes habían manifestado su voluntad de que “la ideología de extrema derecha quedara totalmente fuera de la Universidad”.

No es la primera vez que pasa algo similar. Durante los últimos años se ha intentado y, en ocasiones, logrado abortar la celebración de actos de presumible interés académico que iban a celebrarse en universidades públicas, promovidos por personas vinculadas a éstas.

Si no estoy equivocado, la propia Universidad de Granada canceló hace unos años la charla “En defensa de Stalin” que había sido organizada por algunos de sus estudiantes e iba a tener lugar en su Facultad de Ciencias Políticas. Para mayor ironía, el revuelo mediático que desencadenó la cancelación tuvo su origen en una denuncia del partido político Vox.

Recordemos también la suspensión de la Jornada sobre la “Gestación subrogada en Ucrania: escuchando la voz de las mujeres”. El argumento esgrimido por la Universidad Complutense de Madrid para “no acoger” este evento, organizado por varias de sus profesoras, fue que éste “no incluía las diferentes perspectivas desde las que se analizan científicamente estas prácticas”. El pretexto era grotescamente endeble, pues es muy frecuente y perfectamente admisible que en esta y otras universidades se celebren reuniones similares donde se abordan problemas desde sólo una o varias perspectivas científicas, sin incluir todos los puntos de vista existentes

Recordemos igualmente la anulación de la presentación del libro “Nadie nace en un cuerpo equivocado”, escrito por los profesores Errasti y Pérez. La Universitat de les Illes Balears adujo para justificar la suspensión del evento, que iba a desarrollarse en su Facultad de Psicología, la “imposibilidad de garantizar las condiciones de seguridad” de los autores, ante las amenazas y las “denuncias” provenientes de distintas organizaciones e incluso de partidos políticos (como Podemos), que luego aplaudieron la cancelación por considerar que el libro “atentaba claramente contra los derechos de las personas trans”. Los autores de la obra la presentaron finalmente en una librería privada de Palma, que sí fue capaz de asegurar el ejercicio de su libertad de expresión.

No me parece que hasta la fecha estos casos hayan sido muy abundantes, pero sí inquietantes, por varias razones. Es desde luego preocupante que una parte considerable de la opinión pública, de los medios de comunicación y de las fuerzas políticas del país se hayan mostrado favorables a la cancelación de los correspondientes eventos, alentándola, jaleándola, aplaudiéndola y, en fin, impulsándola. También lo es que los promotores directos de los boicots procedan muchas veces de la propia institución universitaria donde se han programado las actividades de interés académico en cuestión.

Lo más grave, con todo, es que algunas universidades públicas no hayan defendido con la firmeza deseable e incluso constitucionalmente exigible el ejercicio de las libertades de expresión, enseñanza e investigación de su profesorado, de su estudiantado y de otras personas vinculadas a ellas frente a las presiones internas y externas dirigidas a cercenarlo. Especialmente inadmisible resulta que algunos centros universitarios públicos hayan contribuido activamente a los boicots, impidiendo el desarrollo en sus recintos de actividades académicas en atención al contenido u orientación de éstas.

El respeto de esta libertad tiene una importancia crucial para que la Universidad pueda cumplir cabalmente su misión institucional de contribuir al progreso del conocimiento. Con el objeto de seleccionar las mejores ideas y descartar las peores, es necesario permitir que todas ellas puedan ser ampliamente expresadas, conocidas, discutidas y contrastadas por cualquiera. Los beneficios que para el conjunto de la sociedad y, en especial, para el propio sistema universitario se derivan de garantizar la libre manifestación de ideas en sus aulas, sin límites por razón de su contenido o de la ideología de sus autores, superan con creces a sus eventuales costes.

Nótese, en particular, que impedir la libre expresión de ideas por razón de su contenido u orientación ideológica –antidemocrático, antiliberal, racista, xenófobo, etc.– puede resultar contraproducente incluso para los principios y valores a los que supuestamente sirven estas restricciones de la libertad de expresión. Tratar de silenciar una idea puede contribuir paradójicamente a incrementar su popularidad. La explicación es sencilla. Las prohibiciones y las subsiguientes reacciones de los afectados suelen generar una gran atención mediática, lo que proporciona a éstos una beneficiosa visibilidad, que incentiva que traten de hacer manifestaciones semejantes en el futuro.

Prohibir u obstaculizar la libre expresión de una opinión también puede aumentar su credibilidad y aceptación. La mejor manera de desacreditar científicamente una idea defectuosa es permitir que sus partidarios la expresen públicamente, para que pueda ser criticada y refutada con arreglo a los métodos científicos. De ahí que la gente pueda inferir que, si alguien cree sinceramente que una idea es inválida y rechazable, lo razonable es que no se oponga a su libre expresión, sino más bien lo contrario. Es por ello que las referidas prohibiciones generan el riesgo de ser tomadas como un indicio de que los prohibicionistas son incapaces de refutar las ideas que censuran y de que tal incapacidad sea considerada, a su vez, como un indicio de la validez de las ideas en cuestión.

Tratar de sofocar las opiniones minoritarias puede provocar también un efecto boomerang para los grupos que impulsan esta medida, al normalizar la prohibición de la libertad de expresión y propiciar así que las ideas de éstos que hoy son mayoritarias sean igualmente sofocadas en el futuro, cuando pierdan buena parte de su apoyo social.

Y, en fin, semejante liberticidio resulta particularmente pernicioso y autolesivo en el caso de las universidades públicas. De un lado, porque mina su pluralismo ideológico, que constituye una de las más importantes ventajas competitivas que estas instituciones tienen respecto de los centros universitarios privados que cuentan con un “ideario propio”, ideario que tiende a generar tensiones con su profesorado y a empobrecer el debate intelectual existente en su seno. De otro lado, porque pone en su contra a una parte de la población a la que debería servir, que financia sus actividades y que, a través de sus representantes, puede ejercer una cierta influencia sobre su funcionamiento.