Arturo Torró. Foto: ÁLEX OLTRAEl letrado se encargó de defender a Iniciativas Públiques (IPG) en casos como Innova y la Operación Aplauso
GANDIA. El proceso de liquidación de la empresa Pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) está llevando al gobierno de la ciudad Ducal a liquidar facturas y hacer frente a los problemas heredados de la anterior legislatura. Es el caso del acuerdo extrajudicial al que se ha llegado con el abogado Fermín Rabal, quién prestó sus servicios cuando Arturo Torró era alcalde de Gandia.
Según ha podido saber Valencia Plaza, la empresa pública mantenía una deuda con Rabal, letrado del Ayuntamiento de Gandia, por dos procedimientos judiciales que llevó en defensa de la Empresa Pública cuando Arturo Torró era el alcalde de Gandia: La compra de los locales de ocio ubicados en la parte trasera del Hotel Gandia Palace de Gandia (La denominada Operación Aplauso), y los impagos de IPG a los bancos. Causas que, como puntualizan en el Consistorio, fueron perdidas en los tribunales. Unos honorarios que ascendían a 470.301 euros.
En la actualidad, el letrado Fermin Rabal lleva la defensa de distintos procedimientos de Arturo Torró y otros miembros del Partido Popular en Gandia. Uno de ellos es el Caso Tele 7, por el cuál se investiga el cierre de la televisión pública de Gandia y la concesión de unas ayudas económicas a dos televisiones privadas de la ciudad y que, supuestamente, son de su entorno. Junto a Arturo Torró están Javier Reig, Toni Abat y Cristina Serrano.
Igualmente, es quién lleva la acusación contra la actual alcaldesa, Diana Morant, por la denuncia realizada por varios miembros del Partido Popular, por la denegación de acceso a los despachos del Ayuntamiento de Gandia cuando se produjo el cambio de legislatura.
Asimismo, el letrado también ejerció como acusación contra José Manuel Orengo, Ana García y el interventor municipal en el tema créditos e Innova; además de la propia acusación por este mismo caso.
El Consistorio se compromete a abonar 232.972 euros para evitar la reclamación del letrado, que ascendía a 470.000 euros. Un acuerdo que permitirá ahorrar a las arcas municipales más de 150.000 euros. La deuda se liquidará en dos pagos: Un primer abono de 213.000 euros y un segundo que se dividirá en 14 mensualidades.
Un acuerdo extrajudicial similar al que hace unas semanas se llegó con la empresa Becos, propietaria de Coco Loco. En aquella ocasión, el Ayuntamiento de Gandia acordaba pagar 350.000 euros a la empresa y, así, poner fin a un contrato que podría haber supuesto un desembolso de cerca de 1,8 millones de euros para las arcas públicas.
