Foto: A. ORTEGA/EPVALÈNCIA (EFE). El Gobierno ha creado una nueva categoría del bono social por el que hogares trabajadores de bajos ingresos podrán tener un descuento del 40 % en la factura de la luz y una nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con caldera de gas centralizada, además de aumentar los requisitos de eficiencia del alumbrado público.
Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley con nuevas medidas para aliviar el impacto de los altos precios de la energía en los consumidores.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho tras la reunión semanal del Ejecutivo, que este es el décimo real decreto ley que aprueba el Gobierno desde junio de 2021 para proteger a las familias y al tejido productivo, con reducciones de costes fijos de la factura, aumento de la protección a los más vulnerables y la introducción del tope al gas para electricidad o mecanismo ibérico.
Los potenciales beneficiarios de la nueva tarifa de último recurso (TUR) para comunidades de vecinos, que permitirá reducir el coste del consumo de gas en un 50 %, son 1,7 millones de hogares.
Esta TUR 4, que tiene carácter temporal y estará en vigor hasta finales de 2023, cubrirá el equivalente al consumo medio de la comunidad de los últimos cinco años y, en el caso de excesos por encima del consumo histórico, se aplica un recargo del 25 % sobre la nueva tarifa, que se dividirá en ocho subtramos de consumo.
La comunidad de vecinos tendrá que instalar contadores individuales o repartidores de costes antes de octubre de 2023, a menos que estén eximidas por inviabilidad técnica, si no quieren tener un recargo del 25 % en el término variable sobre el consumo desde que la comunidad se acogió a la TUR.
El Gobierno también ha prorrogado el límite del 15 % que aplica al encarecimiento de la materia prima en las revisiones de las tarifas reguladas TUR 1, 2 y 3 hasta finales de 2023.
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) habrá una partida de 3.000 millones de euros para la aplicación de la TUR vecinal y cubrir la deuda que genere en 2023 la limitación de precio de la materia prima en el resto de las TUR.
La deuda anterior que soportan desde hace un año las comercializadoras de gas de último recurso (Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies) se recuperará cuando sea posible y la materia prima no suba más de un 15 %.
La nueva categoría de bono social, consistente en un descuento del 40 %, tendría como beneficiarios potenciales a 1,5 millones de hogares trabajadores especialmente afectados por la crisis y, sumado al resto de categorías, el bono social eléctrico cubriría hasta un 40 % de hogares en España.
El nuevo bono, denominado de "justicia energética", tendrá carácter temporal y estará en vigor hasta finales de 2023, y podrán acceder a él los hogares cuya renta se sitúe entre 1,5 y dos veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IMPREM) de 14 pagas.
Así, en 2023 podría acogerse un adulto con una renta inferior a 16.800 euros anuales o una familia de cuatro miembros con una renta inferior a 27.720 euros anuales, por ejemplo.
El Gobierno también ha ampliado los descuentos para los beneficiarios de las actuales categorías del bono social, y para los consumidores vulnerables pasa del 60 % al 65 %, y para los vulnerables severos, del 70 % al 80 %.
También y teniendo en cuenta, según ha dicho la ministra, que este verano debido a las altas temperaturas y el uso de aire acondicionado muchas familias han llegado al límite anual sujeto a descuento en el bono social, se ha decidido ampliar los límites en un 15 %.
La cuantía mínima del bono social térmico también aumenta de 25 a 40 euros anuales, y la ayuda media se duplica hasta 375 euros al año.
Además, se ha prorrogado hasta diciembre de 2023, la minoración de los beneficios obtenidos por las centrales inframarginales (hidráulicas, nucleares y algunas renovables) en el mercado eléctrico por el alza de los precios del gas.
La minoración se aplica sobre el 90 % de los beneficios a la electricidad vendida por encima de 67 euros/megavatio hora (MWh), aunque aún no se conoce lo recaudado con esta medida aprobada en septiembre de 2021.
Además, el real decreto-ley obligará a las compañías que quieran informar a los clientes en la factura de la compensación o ajuste que se paga a las centrales de gas por la aplicación del mecanismo ibérico a que lo hagan de forma que no induzca a error.
Para ello, el BOE recogerá el párrafo literal que deben poner y obligará a informar de los beneficios de la medida, que, según el Ministerio, ha ahorrado ya 3.000 millones de euros a los consumidores.
Ribera ha recordado que no es obligatorio trasladar el ajuste del gas, que las compañías pueden decidir si lo repercuten en todo o en parte, pero el Ejecutivo busca que si informan de ello, lo hagan sin "calificativos creativos", llamándolo tasa o cargo.
Las nuevas facturas de la luz llegarán a los hogares a partir de diciembre con información también del consumo medio en el código postal del cliente y el Gobierno destinará 40 millones para sustituir contadores de gas analógicos por digitales para que no tenga coste para el cliente, al tiempo que elevará los requisitos de eficiencia del alumbrado público.
