Foto: Kike TabernerVALÈNCIA (EP). El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recordado a los representantes de la Plataforma en Defensa del Transporte, con los que se ha reunido este jueves, que en las próximas semanas se aprobará un plan de inspección para controlar que se cumplen las nuevas leyes en el sector respecto a precios, morosidad y carga y descarga.
Según han informado a Europa Press en fuentes del Ministerio, la Dirección General de Transporte Terrestre, cuyos subdirectores se han reunido con la Plataforma en la sede del Ministerio tras una solicitud realizada por carta hace unos días, ha explicado a sus representantes cómo funciona la inspección.
Cualquier incumplimiento detectado debe denunciarse de forma oficial, identificando al infractor y la infracción concreta cometida, facilitando la información necesaria para que la inspección pueda actuar con la mayor celeridad y eficacia.
Además, los profesionales disponen de un buzón de denuncias anónimas donde se puede facilitar, sin ese carácter oficial, información sobre incumplimientos y que la inspección también tiene en cuenta para la planificación de las inspecciones.
También les han recordado todas las medidas puestas en marcha en el último año en beneficio del sector, como las ayudas directas por 900 millones de euros (2.500 euros por camión por ejemplo, o 1.000 en el caso de furgonetas), que se añaden al descuento de 20 céntimos de los carburantes (hasta 4.200 euros por camión cada seis meses de descuento).
Respecto a la ley aprobada en agosto, el Gobierno defiende que garantiza que los transportistas no trabajen por debajo de sus costes. En este sentido, la inspección ya está actuando para garantizar su cumplimiento y, además, se aprobará en próximas semanas un plan de inspección 2023 para reforzar las actuaciones, ya que incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada.
Por todo ello, desde el Ministerio han pedido de nuevo a la Plataforma a recapacitar y desconvocar un paro que creen que "no beneficia a nadie", ni dentro ni fuera del sector, y que ha sido rechazado de forma unánime por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.
Por su parte, Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, ha señalado al término de la reunión que "de momento, el paro convocado a partir del próximo lunes "continúa".
La Plataforma ha pedido un aumento del número de inspectores, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, así como un plan de inspección nuevo, que en los contratos de carga se elimine la imposibilidad de denunciar al cargador en determinadas situaciones, y que el importe de las sanciones sea "ejemplar", entre otras medidas, y todo bajo un acuerdo firmado y por escrito.
